Durante el gobierno de Boric se benefició con rebajas de condena a mas de 5.600 delincuentes

Las rebajas de condena en el gobierno de Boric vuelven al centro del debate. Según el propio informe de traspaso de la Subsecretaría de Justicia, entre 2022 y 2025 el Ministerio de Justicia tramitó 7.344 decretos de reducción de condena y otorgó el beneficio en 5.614 casos, una tasa de aprobación del 76,4%. El año de mayor volumen fue 2025, con 2.428 decretos tramitados. Entre los beneficiados figuran condenados por delitos sexuales contra menores, y de acuerdo con críticos del gobierno anterior, también por homicidios, narcotráfico y robos violentos.

La cifra aparece en plena tormenta política por los 56 decretos firmados por el actual Ministerio de Justicia a favor de condenados por abuso sexual y violación de menores, un caso que ya le costó al ministro Fernando Rabat una interpelación y un libelo en el Congreso. Con estos números, el oficialismo busca mostrar que la práctica no nació en marzo de 2026, sino que tuvo una escala muy superior durante los cuatro años de Gabriel Boric.

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Qué dicen las cifras de rebajas de condena en el gobierno de Boric

Los datos provienen de la Plataforma Traspaso de Gobierno 2022-2026, en el apartado de principales logros de la Subsecretaría de Justicia, dentro del bloque de reinserción social adulta. Allí la administración saliente describe un aumento progresivo cada año en los decretos de reducción de condena, el mecanismo por comportamiento sobresaliente que establece la Ley 19.856, vigente desde 2003, y que se materializa mediante un decreto supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, el gobierno de Boric presentó estas cifras como parte de su gestión.

De acuerdo con Emol, en los últimos cinco años se otorgaron 332 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores: 276 durante la administración de Boric y 56 en lo que va del gobierno de José Antonio Kast.

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Abusadores, narcotraficantes y homicidas entre los beneficiados

Una lámina que circula en redes destaca cuatro categorías de delitos entre los beneficiados: delitos sexuales, homicidios, narcotráfico y robos violentos. El informe oficial no detalla esa clasificación, pero sí está acreditado el caso de los agresores sexuales de menores. Para muchos chilenos el dato es difícil de digerir: mientras la delincuencia se instalaba como la principal preocupación ciudadana, el Estado firmaba miles de decretos que acortaban el tiempo de cárcel de condenados por los crímenes que más temor generan.

El peak de 2.428 decretos en 2025 resulta llamativo, porque coincide con el año en que la crisis carcelaria y el hacinamiento llegaron a niveles críticos. Críticos del gobierno anterior sostienen que la rebaja de condenas habría funcionado, en la práctica, como una válvula de descompresión del sistema penitenciario.

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La respuesta del oficialismo: «el resultado es exactamente el mismo»

El vocero Gonzalo Arenas exhibió decretos firmados durante la administración Boric para responder a las críticas. Según recogió El Mostrador, Arenas argumentó que la Ley 19.856 consagra la rebaja como un derecho y que el ministerio no puede negarla mientras los tribunales estén disponibles para ordenarla.

El gobierno anunció además, según 24 Horas, un proyecto para que los condenados por delitos sexuales contra niños nunca más accedan al beneficio, y una fórmula para intentar anular tanto los 56 decretos actuales como los más de 250 del período anterior, aunque el propio vocero reconoció que existen obstáculos legales importantes.

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Más allá de los delitos sexuales: el volumen total

Aun aceptando las diferencias de procedimiento en los casos de abuso infantil, el dato de las 5.614 rebajas abre una discusión distinta. Ese universo incluiría, según críticos del gobierno anterior, a homicidas, narcotraficantes y autores de robos violentos que, en su gran mayoría, no habrían requerido un fallo judicial para obtener el beneficio. Se trataría de decretos administrativos firmados por el Ministerio de Justicia de la época, bajo los ministros Marcela Ríos, Luis Cordero y Jaime Gajardo.

Para el oficialismo, ahí está el punto de fondo: la izquierda que hoy exige la renuncia de Rabat habría administrado por cuatro años un sistema que redujo penas a miles de condenados sin levantar la voz. Para la oposición, en cambio, la ley obligaba a otorgar el beneficio a quienes cumplían los requisitos de conducta, y el problema real está en la norma, no en quién la aplicó.

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El debate que viene en el Congreso

El Ministerio de Justicia suspendió la tramitación de nuevos decretos y anunció proyectos con discusión inmediata para modificar el procedimiento, ampliar las exclusiones y permitir que las víctimas sean escuchadas. La discusión legislativa obligará a todos los sectores a definir si la reducción de condena debe seguir siendo un derecho casi automático o una herramienta excepcional.

Lo cierto es que la cifra de 5.614 rebajas instala una pregunta incómoda para quienes gobernaron entre 2022 y 2026: si el problema era la ley, ¿por qué no impulsaron su reforma mientras miles de decretos pasaban por sus escritorios?

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