La ofensiva contra el máximo tribunal ya no se queda en el discurso político. Este lunes 2 de noviembre se presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra ministros de la Suprema por prevaricación, a raíz de las rebajas de penas que habrían beneficiado a condenados por violación y abuso sexual de menores. La acción se suma a las acusaciones constitucionales que estudia el Partido Nacional Libertario y profundiza una polémica que, hasta ahora, tenía como blanco principal al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Según informó Canal 9 Biobío, la denuncia fue interpuesta por el abogado Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana. Junto al jurista Maximiliano Murath, solicita indagar 14 sentencias del máximo tribunal que habrían favorecido a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
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Qué dice la denuncia contra ministros de la Suprema por prevaricación
De acuerdo con El Reporte Diario, el documento detalla 14 resoluciones emitidas entre 2022 y 2026, todas favorables a condenados por violación y abuso sexual de menores. Entre ellas figuran cinco fallos dictados el mismo día: el 14 de abril de 2026.
La diferencia con la estrategia libertaria es de fondo. Mientras el PNL apuesta por la vía política de la acusación constitucional, la presentación de Palamara busca establecer eventuales responsabilidades penales de los jueces. Para ello, se apoya en un argumento de coherencia: si el ministro Rabat y el exsubsecretario Luis Silva están siendo investigados por prevaricación administrativa por aplicar el criterio de la Corte, quienes fijaron ese criterio también deberían responder.
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Con todo, la propia denuncia reconoce que existen límites legales para perseguir penalmente ciertas actuaciones de los integrantes de la Corte Suprema. El Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 324, excluye a los ministros del máximo tribunal de responsabilidad penal por figuras como la denegación o la torcida administración de justicia, lo que estrecharía el margen de éxito de la acción. El delito de prevaricación judicial, por su parte, está tipificado en el Código Penal.
Libertarios preparan acusaciones constitucionales
En paralelo, la bancada del Partido Nacional Libertario estudia presentar acusaciones constitucionales contra ministros de la Suprema. La subjefa de bancada, la diputada Paulina Muñoz, sostuvo a BioBioChile que la ley de 2022 excluye estos delitos del beneficio y cuestionó que una sala de la Corte rechazara un amparo en febrero para luego, en marzo, resolver en sentido contrario.
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Los libertarios además pidieron al Ministerio de Justicia identificar más de 300 resoluciones judiciales que habrían sustentado el cambio de criterio, según el mismo medio. Su líder, Johannes Kaiser, endureció el tono: si se busca la cabeza de Rabat, dijo, también debe ir la de los ministros que fallaron igual, a quienes atribuye haber forzado en la práctica 276 liberaciones o reducciones de pena.
El jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, se abrió a respaldar esas acciones. En declaraciones a La Tercera, afirmó que el argumento usado por la izquierda contra Rabat no les dejaría otra opción que apoyar todas las acusaciones por rebajas de condenas. Para presentar un libelo contra un ministro de la Suprema se requieren al menos diez diputados, según el procedimiento descrito en el sitio de la Cámara de Diputadas y Diputados.
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Rabat, imputado y en el centro del debate
El ministro de Justicia no ha salido del foco. La acusación constitucional en su contra fue rechazada en la Cámara tras el descuelgue de diputados de Evópoli y Renovación Nacional, pero la arista penal sigue viva. El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Centro Norte la denuncia por prevaricación administrativa presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes cuestionan 56 decretos que concedieron rebajas, según El Mostrador.
Este lunes, el Ministerio Público confirmó que Rabat figura como imputado en esa causa, consignó El Periodista. El secretario de Estado aseguró que colaborará con la investigación y adelantó que los decretos se harán públicos, aunque sin fecha. Su defensa se ha basado en que solo aplicó la jurisprudencia del máximo tribunal, en línea con lo que expuso durante su interpelación.
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Desde tribunales, en cambio, fuentes citadas por la prensa sostienen que las rebajas están amparadas legalmente, que los recursos acogidos son válidos y que no existe una jurisprudencia definida sobre la materia. El choque de relatos deja abierta la pregunta de fondo: quién fijó realmente el criterio y quién debe responder por él.
Un conflicto entre poderes que recién comienza
La escalada pone al Poder Judicial en una posición incómoda. Ya no se trata solo de un ministro del Gobierno bajo presión, sino de una disputa abierta sobre la responsabilidad de los jueces del máximo tribunal. Con una denuncia penal en curso, acusaciones constitucionales en estudio y el debate sobre cómo anular las rebajas de condena todavía sin resolver, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores choques institucionales del año.
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Para la oposición al oficialismo y para las propias bancadas de derecha, el tema tiene un alto costo político: nadie quiere aparecer defendiendo beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores. Las próximas semanas dirán si la denuncia de Palamara prospera o si choca con los resguardos legales que protegen a los ministros de la Corte. Mientras tanto, el debate sobre el rol del sistema judicial y constitucional vuelve al centro de la agenda.
Todas las personas mencionadas en este artículo que figuren como denunciadas o imputadas gozan de la presunción de inocencia, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, mientras no exista una sentencia firme que establezca lo contrario.
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