La nueva defensa de Rabat: ministro de Justicia sostiene que 36 de 56 rebajas de condenas pasaron previamente por tribunales

La defensa de Rabat sumó este martes un nuevo argumento. En medio de la tormenta por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que 36 de esos casos habrían pasado previamente por tribunales antes de que su cartera firmara los decretos. La tesis busca trasladar parte de la responsabilidad al Poder Judicial, pero choca con lo que ha dicho la propia Corte Suprema y con documentos revelados por la prensa.

Según informó Ex-Ante, una revisión interna del Ministerio de Justicia habría concluido que buena parte de los beneficiados contaba con resoluciones judiciales favorables previas. «Uno no puede sino cumplir una sentencia ejecutoriada de las cortes», argumentó el secretario de Estado.

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Qué dice la nueva defensa de Rabat sobre las 36 rebajas

El núcleo del argumento es jurídico. De acuerdo con lo expuesto por el ministro, de los 54 decretos revisados del actual gobierno, al menos 36 contaban con un recurso de amparo previo acogido por alguna corte, lo que, por efecto de cosa juzgada, obligaba a la comisión respectiva a pronunciarse en el mismo sentido. Así lo recogió el medio The Times Chile, que además consignó el respaldo explícito del presidente José Antonio Kast y del gabinete al titular de Justicia.

Entre los casos citados figura el de Germán Leal Sáez, condenado a 20 años de prisión, quien habría aparecido en dos recursos colectivos acogidos por la Corte de Apelaciones de Valdivia y posteriormente habría recibido una rebaja de 36 meses.

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Cómo funciona el sistema de reducción de condena

El mecanismo opera a través de comisiones instaladas en cada Corte de Apelaciones. Las preside un ministro de esa corte y las integran entre tres y siete jueces penales, un abogado designado por el Ministerio de Justicia, un psicólogo y un asistente social. Esas instancias califican el comportamiento de los internos, pero la decisión final la toma el ministro de Justicia mediante un decreto que concede o rechaza la reducción.

Ahí está el punto en disputa. Durante la administración de Gabriel Boric, el ministerio habría mantenido el criterio de rechazar administrativamente estas solicitudes, obligando a los condenados a litigar en tribunales si querían el beneficio. Con el cambio de gobierno, ese filtro político habría desaparecido.

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Las contradicciones que persiguen al ministro

La nueva versión del ministro no cierra la polémica. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ya había tomado distancia de su interpretación, recalcando que los beneficios fueron concedidos por decretos del Ejecutivo y que los tribunales no pueden pronunciarse sobre casos que no llegaron a su conocimiento, según reportó Interferencia, el medio que destapó el caso.

El mismo portal publicó decretos que, a su juicio, desmentirían la llamada «doctrina Rabat»: durante sus primeros tres meses, el ministerio se habría negado a firmar al menos cinco rebajas, dos de ellas con la firma del propio ministro, y al menos un condenado habría tenido que acudir a tribunales para revertir la negativa. La pregunta que queda flotando es evidente: si la ley impedía rechazar, ¿por qué se rechazó hasta mayo? El detalle está en este reportaje.

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Las críticas tampoco vienen solo de la oposición. La UDI, partido del oficialismo, pidió revocar las 56 rebajas, abriendo un flanco incómodo dentro de la propia coalición de gobierno.

Cadem, Cámara y una posible acusación constitucional

El costo político ya se mide en las encuestas. Según la última Cadem, un 77% desaprueba la gestión de Rabat en este episodio y un 64% rechaza la decisión de Kast de mantenerlo en el cargo, de acuerdo con T13.

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Este miércoles, el ministro deberá comparecer ante una sesión especial de la Cámara de Diputados para explicar las rebajas. En paralelo, en sectores de la oposición se evalúa una acusación constitucional. Rabat ha descartado renunciar: en entrevista con TVN, citada por BioBioChile, afirmó que actuó conforme a la Constitución y la ley, aunque reconoció que no se consideró escuchar a las víctimas.

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El ministro también ha apuntado a los gobiernos anteriores, argumentando que durante años hubo decenas de solicitudes y cientos de fallos de la Corte Suprema sin que nadie abordara el problema legislativo. Para quienes conocen el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el Senado, el traspaso de culpas difícilmente bastará para desactivar el libelo.

La ley «Nunca más» como salida

Como respuesta, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley que excluiría expresamente del beneficio a los condenados por violación contra niños, niñas y adolescentes, e incorporaría mayor participación de las víctimas y control judicial sobre las resoluciones. Es, en la práctica, admitir que el sistema permitía lo que ocurrió, aunque el gobierno insiste en que la falla es normativa y no de criterio.

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El caso, además, no es el único que tensiona la agenda de Justicia. Los cuestionamientos por beneficios a reos de Punta Peuco, como el indulto a Aliste Vega, y la medición sobre indultos a exuniformados en Cadem, muestran que la discusión sobre quién merece beneficios penitenciarios se ha convertido en uno de los frentes más sensibles del gobierno.

La defensa de Rabat se juega ahora en el Congreso. Si el argumento de los 36 casos judicializados resiste la sesión especial, el ministro podría ganar tiempo. Si no, la acusación constitucional dejará de ser una amenaza y pasará a ser un hecho.