Johannes Kaiser habla mucho de seguridad pero cuando hay que votar sobre seguridad sus diputados desaparecen

En menos de dos semanas, el PNL de Kaiser protagonizó dos votaciones que dejaron heridas a la agenda de seguridad del Gobierno. Primero, sus diputados habrían respaldado en la Sala la indicación del socialista Raúl Leiva que, según el propio oficialismo, deja «impracticable» la Ley Antibarricadas 2.0. Después, una abstención libertaria en la Comisión de Seguridad fue determinante para que se cayera el catálogo de conductas del Registro de Incivilidades, la pieza que La Moneda describe como el corazón del proyecto de los registros de actos vandálicos.

Mientras tanto, Johannes Kaiser sigue apareciendo en los medios como una de las voces más duras en materia de orden público. La pregunta es inevitable: ¿cuánto vale el discurso de mano firme cuando, al momento de votar, los números no acompañan?

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El PNL de Kaiser y la indicación que desarmó la Ley Antibarricadas 2.0

El miércoles 23 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antibarricadas 2.0 por 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, despachándola al Senado. Sin embargo, en la misma jornada la Sala aprobó por 72 votos contra 61 una indicación de Raúl Leiva (PS) que excluye de la norma a quien se encuentre ejerciendo su «legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica», según informó BioBioChile.

El detalle clave es quién puso los votos. De acuerdo con La Tercera, la enmienda no solo contó con el apoyo de la izquierda y la centroizquierda: también la respaldaron el Partido de la Gente, algunos oficialistas y representantes del Partido Nacional Libertario, que cuestionaban el impacto de la iniciativa sobre las manifestaciones.

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El problema de fondo es técnico, pero decisivo. A diferencia de la ley antiencapuchados, el proyecto del Ejecutivo buscaba sancionar también la obstaculización parcial del tránsito, sin exigir violencia o intimidación. El diputado UDI Eduardo Cretton advirtió que tanto el INDH como la Defensoría Penal Pública consideran que una manifestación pacífica puede incluir cortar calles parcialmente, por lo que la excepción aprobada vaciaría justamente el núcleo de la reforma. En palabras simples: la barricada «pacífica» quedaría fuera del alcance de la ley que se diseñó para combatirla.

Paradójicamente, el mismo día el diputado libertario Álvaro Jofré defendía el proyecto con un encendido discurso sobre restablecer el orden frente a quienes hacen del caos una herramienta política, según consignó La Tercera. El discurso apuntaba en una dirección; la votación de la indicación, en la contraria.

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La abstención que derribó el corazón del Registro de Incivilidades

El segundo golpe llegó el lunes 28 de septiembre. El Gobierno había puesto discusión inmediata al proyecto, anunciado en la Cuenta Pública, que crea los registros de Actos Vandálicos e Incivilidades, y la Comisión de Seguridad sesionó para votarlo. Al llegar al artículo 7, los diputados debían pronunciarse sobre las causales de ingreso al Registro de Incivilidades: alteración del orden público, daños a la propiedad pública o privada inferiores a una UTM y consumo de drogas en la vía pública.

El resultado fue cinco votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, por lo que las normas se rechazaron. De acuerdo con Radio Bío Bío, la abstención de la diputada libertaria Paulina Muñoz, quien reemplazaba a Gloria Naveillán, fue clave en el desenlace. La propia parlamentaria reconoció la falta de coordinación: «No estábamos coordinados», admitió, agregando que no pensó que su abstención haría caer lo central del proyecto.

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Según el mismo medio, detrás de la votación también habría existido una fuerte disputa entre Naveillán y el presidente de la comisión, el republicano Cristián Araya, por la forma y la premura con que se citó la sesión. Más allá de las razones de la molestia, el efecto práctico fue el mismo: el oficialismo quedó «golpeado», en palabras del diputado RN Mauro González, y ahora deberá intentar reponer las normas mediante una indicación en la Sala.

Cabe recordar que el catálogo ya venía recortado. Como informó El Mostrador, el Gobierno había reducido de 23 a 14 los delitos del Registro de Actos Vandálicos para hacerlo más viable, en una tramitación que ya había mostrado quiebres dentro de la reforma de seguridad. Cada voto perdido en esta etapa pesa el doble.

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Hablar de orden es fácil; votar cuando importa, no tanto

El contraste es difícil de esconder. Johannes Kaiser ha construido buena parte de su capital político sobre un discurso de seguridad sin concesiones, cuestionando cifras oficiales y exigiendo más dureza frente al delito. Pero en dos votaciones concretas de la agenda de orden público, su bancada habría terminado inclinando la balanza hacia el lado que la izquierda celebró. De hecho, la diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia valoró públicamente que la diputada libertaria haya «tomado conciencia» de lo que ella considera un mal proyecto.

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Desde el PNL podrían argumentar que su apoyo a la indicación de Leiva responde a una convicción libertaria sobre el derecho a manifestarse, y que la abstención en la comisión fue un error de coordinación y no una decisión política. Ambas explicaciones son legítimas de plantear. Pero para el votante que pidió orden, el resultado se mide en leyes y no en intenciones: una ley antibarricadas con una excepción que la deja coja y un registro que perdió su columna vertebral.

El episodio se suma a un historial de tensiones internas en el partido, que ya había enfrentado salidas y quiebres en los últimos meses, y a una relación con el oficialismo que, según BioBioChile, busca estrecharse en coordinación pero sin que los libertarios ingresen formalmente a la coalición de Gobierno.

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Qué viene para la agenda de seguridad del Gobierno

La Ley Antibarricadas 2.0 continuará su trámite en el Senado (si quieres entender cada etapa, revisa cómo funciona realmente el Congreso de Chile), donde el Ejecutivo podría intentar revertir o acotar la excepción introducida por Leiva. En paralelo, el oficialismo apuesta a reponer en la Sala las causales del Registro de Incivilidades, aprovechando que la urgencia de discusión inmediata permite votar indicaciones directamente sin volver a la comisión. La oposición, por su parte, ya anticipó que llevará el proyecto al Tribunal Constitucional.

Todo esto ocurre en una semana que el Gobierno cerró con varias derrotas legislativas, incluida la reforma constitucional para ampliar el plazo de detención de migrantes con fines de expulsión. La lección para La Moneda parece clara: sin una coordinación férrea con sus aliados, incluso los proyectos con amplio respaldo ciudadano pueden naufragar por un puñado de votos.

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Para Kaiser y su partido, el desafío es otro: demostrar que el discurso de orden que despliegan en televisión se traduce en votos cuando el reloj legislativo corre. Porque en seguridad, la ciudadanía no evalúa entrevistas; evalúa resultados. Y en estas dos semanas, cuando importó, el PNL no estuvo donde su propio discurso decía que estaría.

Para seguir la tramitación de ambos proyectos, puedes revisar la información oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de Chile.

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