Ministro Arrau descarta ruptura en coalición gobernante por la reforma de seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió a descartar que exista un quiebre en el oficialismo por la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, en medio de una semana marcada por presiones cruzadas desde la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano. «Ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios», afirmó el secretario de Estado, buscando bajarle el perfil a las diferencias que han surgido dentro de la propia coalición de gobierno.

Las declaraciones del ministro llegan luego de una seguidilla de reuniones con bancadas parlamentarias de Chile Vamos y de los libertarios, en las que Arrau ha intentado destrabar los puntos más resistidos del proyecto, en particular la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para zonas afectadas por el crimen organizado. La discusión legislativa comenzará recién en la segunda semana de septiembre en la Comisión de Constitución del Senado.

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El quiebre en la reforma de seguridad y el llamado a la calma de Arrau

Pese al tono conciliador del ministro, la reforma de seguridad ha generado roces evidentes al interior del oficialismo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), responsabilizó directamente a Arrau por no haber socializado el proyecto antes de ingresarlo al Congreso, y advirtió que el nuevo estado de excepción «no contará ni siquiera con los votos del oficialismo». En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había señalado semanas atrás que su partido no podía respaldar las reformas constitucionales «en las condiciones actuales», por considerar que dañaban la institucionalidad.

Arrau, sin embargo, insiste en que las coincidencias superan a las diferencias. Según ha explicado, existiría acuerdo transversal en materias relacionadas con el combate al crimen organizado, el listado de organizaciones criminales y las modificaciones al sistema penitenciario, mientras que los puntos más discutidos —como los plazos del estado de excepción y la interceptación de comunicaciones— estarían sujetos a «morigeración» durante la tramitación.

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Para bajar la tensión, el Gobierno decidió reducir el nivel de urgencia legislativa del proyecto, con el objetivo explícito de abrir espacio a negociaciones y ajustes antes de la votación en general. Esta decisión fue interpretada por parte del oficialismo como un gesto necesario, luego de que trascendiera que al menos cuatro senadores afines al Ejecutivo no estarían dispuestos a respaldar el nuevo estado de excepción tal como fue presentado originalmente.

Las encuestas y la presión desde Chile Vamos

El respaldo ciudadano a algunos puntos de la iniciativa tampoco ha sido uniforme. Una encuesta de Cadem citada durante la discusión mostró que un 58% de los consultados se opone a que el estado de excepción sea decretado únicamente por el Presidente, cifra que cae a un rechazo menor si la medida pasa antes por el Congreso. La interceptación de comunicaciones y las restricciones a la libertad de tránsito también aparecen entre las medidas con menor adhesión pública, según el mismo sondeo.

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En paralelo, Renovación Nacional ha abierto conversaciones directas con senadores del PPD y el PS para intentar fusionar parte del proyecto con mociones de la oposición, en un esfuerzo por asegurar los 29 votos que se requieren en el Senado para aprobar una reforma constitucional. El senador Andrés Longton, de esa misma bancada, fue enfático en señalar que la iniciativa «no es un peligro para la democracia», aunque reconoció que «hay cosas que corregir» en el articulado.

El ministro Arrau, por su parte, ha sostenido rondas de reuniones también con sectores que no forman parte formal del oficialismo, incluidos diputados libertarios y el senador independiente Matías Walker, en un intento por ampliar la base de apoyo más allá de Chile Vamos y el Partido Republicano.

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Qué viene ahora para la reforma de seguridad

Con el debate legislativo recién comenzando en septiembre, el propio Presidente Kast ha calificado de prematuro afirmar que el proyecto carece de los votos necesarios, argumentando que el texto definitivo todavía no ha sido formalmente discutido en comisión. Arrau, en tanto, ha pedido «realismo legislativo» a los parlamentarios oficialistas, entendiendo que una reforma constitucional exige necesariamente ceder en algunos puntos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.

El ministro ha insistido en que, más allá del ruido político de las últimas semanas, la agenda de seguridad del Gobierno contempla más de una veintena de proyectos de ley adicionales que continúan avanzando con urgencia en el Congreso, independientemente de lo que ocurra con la reforma constitucional. Según fuentes parlamentarias, la mesa de negociación anunciada por el ministerio comenzará a sesionar en las próximas semanas para intentar destrabar los puntos más resistidos antes de la votación en general.

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Para más detalles sobre la tramitación del proyecto y los antecedentes que rodean a la agenda de seguridad, se puede revisar el registro de sesiones publicado por el Senado de Chile, así como la cobertura especializada de La Tercera sobre la negociación en curso.