$5.700 millones gastados en fiestas y eventos vía trato directo por municipalidades

Un nuevo informe de fiscalización dejó al descubierto que los municipios chilenos gastaron más de $5.700 millones en fiestas y espectáculos masivos durante los últimos dos años, recurriendo al trato directo municipal por causal de urgencia para saltarse el proceso normal de licitación pública. Se trata de contratos a dedo que, según especialistas en probidad, transforman una herramienta pensada para emergencias reales en una vía exprés para financiar celebraciones, contratar artistas y organizar shows sin la competencia ni el escrutinio que exige la ley de compras públicas.

La causal de «emergencia, urgencia o imprevisto» existe en el sistema de Mercado Público para que un municipio pueda reaccionar rápido ante situaciones que no admiten espera, como un aluvión, un corte de suministro o una crisis sanitaria. El problema, advierten los organismos fiscalizadores, es que esa flexibilidad se ha extendido a fondas, aniversarios comunales, festivales de verano y conciertos, actividades que por definición se pueden planificar con meses de anticipación y, por lo tanto, licitar de forma regular.

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Qué es el trato directo municipal por causal de urgencia y cómo se usa en los municipios

De acuerdo con la fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT), durante 2024 las municipalidades del país realizaron 8.731 órdenes de compra mediante trato directo por causal de urgencia, por un monto que superó los $210 mil millones en 325 comunas. La mayoría de ese gasto —un 66%— correspondió a servicios esenciales como recolección de basura y áreas verdes, pero el organismo también identificó 85 órdenes por más de $1.577 millones destinadas específicamente a la producción de eventos, festivales y celebraciones municipales, un uso que se aleja del espíritu original de la norma.

La presidenta del CPLT, Natalia González, fue clara al respecto: las emergencias requieren respuestas rápidas del Estado, pero eso no puede convertirse en una zona opaca de la gestión pública. El propio informe detectó que buena parte de las resoluciones que justifican estos contratos citan licitaciones fallidas u observaciones previas de la Contraloría, más que verdaderas urgencias imprevistas.

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El ranking de comunas con mayores montos en tratos directos por emergencia durante 2024 lo encabezan Puente Alto, con $22.105 millones; Antofagasta, con $15.477 millones; y Maipú, con $11.607 millones, seguidas de Rancagua, Talcahuano, Los Ángeles, Valdivia, Arica, Ñuñoa y Concepción. La presencia de Maipú en ese listado reabre el debate sobre la gestión de recursos en un municipio que ya ha estado en el centro de la conversación pública por otras decisiones administrativas de su alcaldesa.

A esa cifra se suma un análisis paralelo de la Contraloría General de la República, que revisó 345 municipios entre 2024 y 2025 y concluyó que el gasto en celebraciones alcanzó los $31.034 millones, superando en varias comunas el dinero destinado a asistencia social directa para las personas. Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Talca, Camarones, Huara y San Pedro de Atacama registraron diferencias superiores a $90 millones entre lo gastado en fiestas y lo entregado en ayudas sociales durante 2024, patrón que se repitió en 2025 en varias de esas mismas comunas.

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Mariachis, «tablas gourmet» y el ranking de los municipios más gastadores

El detalle de algunas órdenes de compra grafica el fenómeno. Reportajes de La Tercera documentaron pagos por casi $6 millones para un evento con bingo, premios y gift cards, además de un «sunset juvenil», un «fogón juvenil» y contrataciones de música tropical y folclórica en comunas pequeñas, algunas con menos de mil habitantes. En el ranking de gasto total en celebraciones, Vitacura lidera con $543 millones, seguida por Alto Hospicio ($401 millones), Padre Las Casas ($390 millones), Valparaíso ($290 millones) y La Unión ($265 millones), según el catastro difundido por Cooperativa.

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El llamado a mayor control y la agenda de eficiencia del Estado

El hallazgo se produce en un momento en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha puesto el foco en la eficiencia del gasto público y en achicar estructuras estatales que considera sobredimensionadas, una línea que ha defendido públicamente el biministro Daniel Mas. En ese contexto, el uso reiterado del trato directo por causal de urgencia para financiar fiestas municipales aparece como un ejemplo concreto de lo que la oposición a la antigua administración calificaba como despilfarro de fondos públicos, y que ahora alimenta la presión por una reforma a la Ley de Compras Públicas que limite expresamente esta causal para actividades recreativas.

Tanto el CPLT como la Contraloría anunciaron nuevas fiscalizaciones para revisar el cumplimiento normativo de los municipios señalados, en momentos en que la ciudadanía exige más trazabilidad sobre cómo se administran los recursos que provienen, en gran parte, de sus propios impuestos y del Fondo Común Municipal.