Contraloría y corte suprema respalda el Ingreso de Policías a los Puertos

El ingreso de policías a puertos dejó de ser una zona gris en Chile. Un análisis del Ministerio de Seguridad, respaldado por un dictamen de la Contraloría y por un fallo reciente de la Corte Suprema, confirmó que Carabineros y la PDI pueden actuar de forma autónoma dentro de las zonas primarias aduaneras. Con ese respaldo, el Gobierno de José Antonio Kast decidió transformar el criterio en ley e incorporarlo a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El avance de carteles internacionales y las rutas del narcotráfico llevaron a la Subsecretaría de Seguridad a revisar una discusión pendiente hace años: quién controla realmente la zona primaria, el espacio donde se cargan, descargan y fiscalizan las mercancías que entran o salen del país. Antes de que el ministro Martín Arrau instruyera el ingreso policial sin autorización previa de Aduanas, el equipo jurídico del ministerio revisó normativa, dictámenes y jurisprudencia.

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Contraloría respalda el ingreso de policías a puertos

El antecedente central es el dictamen N°18.583 de la Contraloría General de la República, de julio de 2018, emitido tras una consulta por las diferencias entre Aduanas y las policías. El organismo sostuvo que las facultades del Servicio Nacional de Aduanas deben ejercerse sin perjuicio de las atribuciones de Carabineros y la PDI, ambas con responsabilidad constitucional de mantener el orden público en todo el territorio.

El texto distingue ambas competencias: Aduanas posee la «potestad aduanera» para fiscalizar mercancías, pero esa atribución no la habilita para ejercer funciones de policía o persecución penal. Contraloría precisó, además, que las facultades policiales operan dentro de la zona primaria para mantener la seguridad pública, sin que ello dependa de autorización previa del servicio aduanero, aunque ambas entidades deben coordinarse entre sí. Esa diferencia es hoy el centro de la disputa con los gremios de Aduanas.

La sentencia de la Corte Suprema que reforzó la tesis

El segundo antecedente es un fallo reciente de la Corte Suprema en una causa por contrabando en San Pedro de Atacama. La defensa argumentó que la PDI y Carabineros actuaron sin denuncia formal de Aduanas; los tribunales descartaron ese argumento y concluyeron que, en flagrancia, las diligencias policiales corresponden a actos urgentes de investigación amparados por el artículo 166 del Código Procesal Penal.

Para el Ministerio de Seguridad, el fallo refuerza tanto la interpretación de Contraloría como el criterio de que las policías pueden actuar en la zona primaria ante delitos flagrantes, un enfoque que ya se había reflejado en operativos recientes contra el crimen organizado en distintas regiones.

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De la instrucción administrativa a la ley ACOT

Con ambos antecedentes, el Ejecutivo avanzó en dos etapas. Primero, una instrucción directa para que Carabineros y la PDI ejercieran plenamente sus atribuciones en las zonas primarias frente al crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando. Después, incorporó ese criterio al proyecto de ley que forma parte del núcleo de la ACOT, la agenda que concentra la estrategia de seguridad del Gobierno.

Según fuentes conocedoras del texto, el objetivo es dar certeza jurídica a la actuación policial y evitar que futuras controversias administrativas limiten procedimientos contra bandas que usan puertos, pasos fronterizos y aeropuertos para el ingreso de mercancía ilícita.

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El ministro Arrau ya había exhibido resultados en esta línea: meses atrás, un megaoperativo conjunto de Carabineros y la PDI terminó con más de 1.300 detenidos en todo el país, cifra que el Gobierno usa como respaldo político para fortalecer las atribuciones policiales en zonas fronterizas y portuarias.

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Aduanas en alerta por el cambio en las zonas primarias

La decisión ya generó tensión con las asociaciones de funcionarios de Aduanas, que ven en la iniciativa un cambio profundo en el modelo de control que ha operado históricamente en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Los gremios sostienen que el ingreso autónomo de las policías debilita la potestad aduanera y abre una eventual superposición de competencias.

Desde las asociaciones aclaran que no cuestionan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, pero exigen conocer el proyecto antes de su tramitación en el Congreso y piden resguardar las atribuciones legales del servicio. Un debate similar sobre el reparto de competencias entre organismos del Estado ya se había dado a propósito de un pronunciamiento reciente de Contraloría en materia migratoria.

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El proyecto que consagra el ingreso de policías a puertos se suma así a otras iniciativas de la agenda de seguridad del Ejecutivo, en un contexto donde el balance de gestión del ministro Arrau sigue siendo parte central del debate público. La discusión legislativa recién comienza y definirá cómo se reparten, de aquí en adelante, las funciones entre Aduanas y las policías en los puntos más sensibles del comercio exterior chileno.

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Fuente: BioBioChile.