Auditoria de la contraloría al gobierno de Boric destapa un colosal fraude en el MINVU

Una nueva auditoría de la Contraloría General de la República volvió a poner en aprietos al gobierno del ex Presidente Gabriel Boric. Esta vez el organismo fiscalizador revisó el Programa «Integración Urbana de Campamentos», que administra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y constató que 168 personas fallecidas continuaron figurando como beneficiarias activas del subsidio de arriendo, recibiendo pagos mensuales del Estado pese a que ya no estaban con vida. El hallazgo se suma a una larga lista de reparos que la Contraloría ha formulado contra distintas reparticiones públicas durante esta administración, y reabre la discusión sobre el control real que existe sobre el gasto en beneficios sociales.

De acuerdo con lo constatado en la revisión, el problema radicaría en la ausencia de cruces de información oportunos entre el Registro Civil y las bases de datos del MINVU y los SERVIU regionales, lo que habría permitido que los pagos del subsidio de arriendo -destinado a familias vulnerables y hogares en riesgo de vivir en campamentos- se mantuvieran activos incluso después del fallecimiento del titular del beneficio. Se trata de un mecanismo de control que, en teoría, debería activarse de manera automática, pero que en la práctica habría fallado durante un periodo prolongado.

El fraude en el MINVU y el patrón que se repite en los programas sociales

El fraude en el MINVU detectado en este programa no es un hecho aislado. En los últimos meses, distintas fiscalizaciones de Contraloría han identificado fallas de similar naturaleza en otros servicios públicos, desde convenios con fundaciones hasta la administración de recursos destinados a la vivienda social. La reiteración de este tipo de hallazgos ha llevado a parlamentarios de oposición a exigir una revisión transversal de los mecanismos de control interno del Estado, apuntando a que la falta de cruce de datos entre reparticiones estaría facilitando el uso irregular de fondos públicos en distintos ministerios.

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El Programa de Integración Urbana de Campamentos fue creado con el objetivo de reducir el número de familias que viven en asentamientos precarios, financiando en parte con apoyo de organismos internacionales. El subsidio de arriendo es una de sus principales herramientas, ya que permite a los hogares acceder a una vivienda formal mientras se resuelve su situación habitacional definitiva. Que el beneficio haya continuado pagándose a personas fallecidas no solo representa un uso indebido de recursos fiscales, sino que además implica que ese dinero no llegó a otras familias que sí calificaban y que permanecen en lista de espera.

Este tipo de hallazgos ocurre en un contexto en que el gobierno ya enfrenta cuestionamientos por el manejo de otros programas sociales. A comienzos de año, una auditoría distinta reveló un desfalco millonario en la entrega de raciones alimenticias escolares, lo que generó un fuerte debate público sobre la fiscalización de los convenios estatales.

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La Contraloría también ha revisado en paralelo los convenios de transferencia de recursos entre el MINVU y distintas fundaciones que ejecutan proyectos de habitabilidad en campamentos, detectando en algunos casos falta de rendición de cuentas y descoordinación en el seguimiento de los fondos entregados. Ese antecedente refuerza la idea de que el problema no se limita a un error puntual, sino a debilidades estructurales en la forma en que el ministerio supervisa la ejecución de sus programas.

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El caso del subsidio de arriendo pagado a personas fallecidas guarda similitudes con otros episodios de mal uso de recursos públicos detectados este año, como las irregularidades registradas en el Servicio Nacional de Migraciones, donde se investigaron pagos indebidos vinculados a trámites de extranjería. En todos estos casos, el denominador común ha sido la falta de sistemas de verificación cruzada entre distintas bases de datos estatales, algo que expertos en gestión pública han calificado como una vulnerabilidad crónica de la administración chilena.

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El Registro Social de Hogares (RSH), instrumento que se utiliza para calificar la vulnerabilidad de las familias postulantes a subsidios como el de arriendo, también ha sido objeto de críticas por la desactualización de sus datos. Sin un cruce periódico con el Registro Civil, resulta difícil que el sistema detecte automáticamente el fallecimiento de un beneficiario, lo que explicaría en parte cómo el pago pudo mantenerse activo durante tanto tiempo sin ser advertido por los equipos regionales del MINVU.

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El episodio se produce, además, en medio de un ambiente de mayor escrutinio sobre el uso de fondos estatales, luego de que otras auditorías detectaran deudas impagas por miles de millones de pesos en programas como Becas Chile, lo que ha puesto en el centro del debate la capacidad del Estado para cobrar y controlar los recursos que entrega bajo distintas modalidades de apoyo social.

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Hasta el cierre de esta nota, el MINVU no se ha referido públicamente en detalle al informe de Contraloría ni a las medidas correctivas que aplicará para depurar el padrón de beneficiarios del subsidio de arriendo. Se espera que, como ocurre habitualmente tras este tipo de fiscalizaciones, el organismo elabore un plan de regularización y remita los antecedentes pertinentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Puedes revisar los informes de fiscalización publicados por el organismo contralor en el sitio oficial de la Contraloría General de la República.