No da lo mismo quien gobierna: el día en que Camila Vallejo usó el auto fiscal para actividades partidistas

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó en marzo de 2026 que la entonces ministra Camila Vallejo utilizó el auto fiscal asignado a su cargo para fines «político-partidistas» y que su cartera protagonizó, además, una reunión no registrada en la plataforma de la Ley de Lobby. El episodio Vallejo y Duco auto fiscal volvió a quedar en el centro del debate público esta semana, luego de que el Presidente José Antonio Kast aceptara la renuncia de la ex ministra del Deporte Natalia Duco por un caso prácticamente idéntico. La comparación entre ambos episodios expone, según los críticos del oficialismo de la época, una diferencia de fondo: el estándar de exigencia con el que cada gobierno trató la misma falta.

El caso Vallejo: un vehículo fiscal para actos del PC y el PS

El informe N°643 de la CGR, de 107 páginas, revisó las bitácoras de los vehículos fiscales de once autoridades ministeriales entre enero de 2023 y abril de 2024. La investigación se originó por una denuncia de los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse, quienes pidieron fiscalizar el uso de estos vehículos y eventuales infracciones a la Ley de Lobby. El resultado detectó que Vallejo empleó el auto fiscal de la Secretaría General de Gobierno para trasladarse, el 4 de junio de 2023, al Teatro Coliseo de Santiago a fin de participar en el aniversario N°111 del Partido Comunista, para luego dirigirse a TVN. Un año después, el mismo vehículo la llevó al aniversario N°91 del Partido Socialista, en el mismo recinto.

Según el reporte de la CGR, se solicitó a la cartera acreditar el carácter oficial de esas actividades, sin que se entregaran invitaciones formales u otros antecedentes que respaldaran esa versión. El organismo recordó, además, que los funcionarios públicos no pueden usar bienes fiscales para fines ajenos a su función ni realizar actividad política en horario laboral. A esto se sumó una reunión con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que no había quedado registrada en el sistema de la Ley del Lobby. Pese a la gravedad de los hallazgos, la entonces vocera de Gobierno defendió públicamente su actuar, señaló que era «muy normal» que los ministros asistieran a este tipo de actos partidistas y continuó en su cargo sin mayores consecuencias políticas.

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Vallejo y Duco auto fiscal: la misma falta, dos desenlaces distintos

El contraste se hizo evidente esta semana. Natalia Duco fue citada a La Moneda luego de que se revelara la respuesta que su cartera entregó a la Contraloría por el uso de un vehículo fiscal para asistir a un asado con karaoke, actividad que la propia ministra había intentado justificar como una «reunión de trabajo». Un video difundido por El Deportivo desmintió esa versión y, horas después, la Presidencia comunicó que Kast había aceptado la renuncia de Duco y del subsecretario Andrés Otero, quien había firmado el oficio remitido al órgano contralor. El ciclo de Duco al mando del Ministerio del Deporte duró apenas cinco meses y dos días.

La diferencia salta a la vista: mientras el uso político-partidista del auto fiscal por parte de Vallejo, sumado a una reunión de lobby no registrada, no derivó en su salida del gabinete de Boric, la utilización indebida de un vehículo estatal para un festejo privado bastó para que el gobierno de Kast le pidiera la renuncia a Duco en cuestión de horas. No es un antecedente aislado: el actual Ejecutivo ya había marcado distancia con conductas de baja probidad al exigir test de drogas a sus propias autoridades como gesto de transparencia hacia la ciudadanía.

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El caso también reabre la discusión sobre el llamado «doble estándar» con que la centroizquierda administró denuncias de mal uso de recursos públicos durante su período en el poder. Ya se había visto una lógica similar en la forma en que distintas autoridades del Gobierno anterior enfrentaron acusaciones de uso irregular de facultades, mientras que hoy la exigencia parece operar de manera inversa: ante la sospecha de una falta a la probidad, la salida del cargo es casi inmediata. Ese cambio de vara ha sido, justamente, uno de los sellos que el Presidente Kast ha querido imprimir a su administración desde el primer día.

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No es la primera vez que este tipo de episodios marca diferencias entre ambos gobiernos. Durante la administración Boric también se investigaron denuncias de uso indebido de cargos públicos, como el caso de tráfico de influencias que afectó a Karol Cariola, sin que ello derivara en salidas de gabinete o sanciones políticas de fondo. La comparación entre Vallejo y Duco vuelve a instalar la misma pregunta: no da lo mismo quién gobierna, porque no da lo mismo el estándar de exigencia y de probidad con el que cada administración responde ante la misma falta. Para la CGR, ambos casos configuran eventuales irregularidades administrativas; para la opinión pública, marcan la diferencia entre mirar para el lado y asumir el costo político de un error.

Puedes revisar el informe original de la Contraloría y la cobertura de Emol sobre el caso Vallejo, así como el detalle de la salida de Duco publicado por La Tercera.