El Senado aprobó este miércoles los tres vetos a la Ley de Reconstrucción Nacional presentados por el Presidente José Antonio Kast, con lo que el Ejecutivo dio por cerrada la tramitación legislativa del proyecto conocido también como Ley Miscelánea. La decisión de la Sala del Senado pone fin a un proceso que se extendió por semanas entre la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y el pleno de la Cámara Alta, y despeja el camino hacia la promulgación de la iniciativa.
Los tres vetos a la Ley de Reconstrucción Nacional que aprobó el Senado
Las observaciones presidenciales, de carácter supresivo, buscaban eliminar tres normas que la oposición había incorporado durante la tramitación del proyecto: la prohibición absoluta del anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el llamado derecho al olvido financiero para deudas impagas con más de cinco años de antigüedad, y los ajustes que buscaban garantizar el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas. Según reportó Diario Financiero, esta última definición correspondía a la Cámara Alta, que tenía la última palabra sobre las observaciones del Ejecutivo tras el respaldo que ya habían obtenido en la Cámara de Diputados.
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El camino hacia esta votación no estuvo exento de sobresaltos para el Gobierno. Un día antes, la Comisión de Hacienda del Senado había rechazado dos de los tres vetos —el referido al olvido financiero y el del pago a 30 días para pymes—, aprobando únicamente la observación sobre el anatocismo. El resultado sorprendió porque el oficialismo cuenta con mayoría en esa instancia, pero los senadores María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (independiente republicano) no acompañaron al presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), en las otras dos observaciones. Ese informe, sin embargo, era solo una recomendación no vinculante para la Sala, que finalmente resolvió a favor del Ejecutivo en los tres casos.
Qué contienen los vetos y por qué el Gobierno los defendió
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió las tres observaciones durante toda la discusión parlamentaria apoyándose en antecedentes entregados por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. Sobre el anatocismo, argumentó que una prohibición absoluta podía encarecer el crédito y afectar instrumentos de ahorro, en lugar de proteger a los deudores. Respecto del derecho al olvido financiero, sostuvo que la norma aprobada por el Congreso obligaba a eliminar registros internos que las entidades financieras utilizan para construir modelos de riesgo, lo que en la práctica dificultaría el acceso al crédito para personas y empresas.
En cuanto al veto sobre el pago a 30 días para las pymes, el titular de Hacienda explicó que la legislación vigente ya contempla la posibilidad de pactar plazos superiores entre las partes, y que prohibir esos acuerdos podía obligar a las empresas más pequeñas a recurrir a créditos bancarios más caros. La oposición, en cambio, acusó al Gobierno de retirar del proyecto las pocas protecciones que se habían logrado incorporar para deudores y pequeños empresarios durante la tramitación en el Congreso.
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La discusión se dio en un contexto de fuerte presión de tiempo para el Ejecutivo. El ministro Quiroz había fijado como meta tener la ley vigente durante agosto, de manera de poder incorporar sus efectos en la elaboración del Presupuesto 2027 y adelantar la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción en las zonas afectadas por las catástrofes que dieron origen al plan.
Fin de la tramitación en el Congreso y los pasos que faltan
Con la aprobación de los tres vetos en el Senado, la Ley de Reconstrucción Nacional completa su tramitación en el Congreso. Sin embargo, la promulgación todavía no es inmediata: sigue pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, que impugnan otras disposiciones del proyecto, entre ellas las normas de invariabilidad tributaria y el mecanismo de restitución de gastos a proyectos cuyas resoluciones ambientales sean anuladas judicialmente.
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El proyecto, que incluye una rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, cambios en la evaluación ambiental orientados a agilizar la inversión y un mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores, había cerrado su tramitación regular a comienzos de agosto, cuando el Senado aprobó el último artículo pendiente. Fue en ese momento cuando el Ejecutivo anunció que ingresaría los tres vetos supresivos, en un intento por perfeccionar el texto antes de su promulgación definitiva.
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El Gobierno espera que, superado el trámite ante el Tribunal Constitucional, la ley pueda promulgarse durante septiembre, de acuerdo con lo señalado por el propio ministro de Hacienda en distintas instancias del debate legislativo. De concretarse ese calendario, la iniciativa se transformará en uno de los principales logros legislativos del primer año de gobierno de José Antonio Kast, aunque su implementación efectiva en las zonas afectadas por las catástrofes seguirá siendo evaluada en los próximos meses.
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