Coimas en el Servicio de Migraciones: red de sobornos por $17,5 millones

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por delito de cohecho contra dos exfuncionarios del Servicio Nacional de Migraciones, luego de detectar una red de coimas en el Servicio de Migraciones que operó dentro del Departamento de Residencias Definitivas. Según la acción judicial, los pagos irregulares —entre $100 mil y $200 mil por trámite— permitían acelerar la obtención de la residencia definitiva a ciudadanos extranjeros, dejando un perjuicio patrimonial superior a los $17,5 millones.

El caso emerge justo cuando el organismo migratorio, dirigido por Luis Thayer durante la administración anterior, ya enfrentaba el escándalo por la llegada masiva de niños haitianos bajo el programa de reunificación familiar. Mientras la Contraloría investigaba esa arista, el Ministerio Público abrió en paralelo otra causa: el pago de sobornos para tramitar visas permanentes.

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Cómo operaba la red de coimas en el Servicio de Migraciones

De acuerdo con la carpeta investigativa, en 2022 el Servicio de Migraciones acumulaba un elevado número de solicitudes de residencia definitiva pendientes, con demoras que en algunos casos superaban el año. Para ordenar el proceso, el Departamento de Residencias Definitivas trabajaba con un sistema de asignación por «planillas», donde cada analista debía intervenir exclusivamente los casos que le correspondían, salvo autorización expresa de la jefatura.

Ese esquema fue vulnerado por dos funcionarios: Marcela Paredes Jara, quien se desempeñaba a contrata y tenía acceso a los sistemas de tramitación, y Javier Navarro Martínez, analista a honorarios encargado de procesar la documentación de los extranjeros y operar las plataformas informáticas. Según el CDE, ambos se apartaron de los deberes de probidad e imparcialidad que exige el cargo.

Los montos y el modus operandi de los sobornos

La querella detalla que Navarro comenzó a intervenir solicitudes ajenas a su carga de trabajo, acelerando los trámites a cambio de pagos que —según el CDE— ascendían a $140 mil por gestión, cobrados a través de un intermediario que se quedaba con la mitad del dinero. Este mecanismo habría funcionado entre octubre de 2022 y marzo de 2023, período en el que Navarro intervino 250 solicitudes de residencia, acumulando un beneficio económico estimado en $17,5 millones.

Un segundo episodio involucra directamente a Paredes, quien en diciembre de 2022 habría ofrecido a una colega del servicio, Andrea Olave Hermosilla, entre $100 mil y $200 mil por cada trámite acelerado, proponiendo repartirse el dinero pagado por los solicitantes extranjeros.

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La alerta que la Contraloría dio en el Congreso

Los primeros indicios de esta red no surgieron de la querella actual, sino de una comparecencia de la contralora general, Dorothy Pérez, ante el Congreso a fines de junio de 2024. En esa instancia, la contralora informó que su organismo había recibido una denuncia sobre un funcionario del Servicio Nacional de Migraciones que habría agilizado trámites migratorios a cambio de pagos. La Contraloría no logró acreditar los hechos en esa oportunidad y derivó los antecedentes al Ministerio Público, cuya investigación derivó ahora en la querella del CDE.

Un nuevo frente de irregularidades en la gestión migratoria

La acción judicial sostiene que ambos funcionarios ocasionaron un perjuicio directo al correcto funcionamiento del servicio, al sustituir los criterios institucionales de asignación, prioridad y orden de tramitación por un mecanismo basado en el pago de dinero. El caso se suma a una seguidilla de episodios que han puesto en cuestión la gestión migratoria heredada por la actual administración, en momentos en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha impulsado un giro hacia el control fronterizo y el orden en los procesos de residencia y expulsión de extranjeros.

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El caso de las coimas en el Servicio de Migraciones quedará ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades penales tanto de Paredes y Navarro como de eventuales terceros involucrados en la cadena de intermediación denunciada por el CDE. Para más detalles de la investigación original, puede revisarse el reportaje de T13.