El nuevo protocolo de expulsión inmediata para los extranjeros que entren irregularmente a Chile

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza en la implementación de un nuevo protocolo de expulsión inmediata para los extranjeros que ingresen de forma irregular al país o que sean formalizados por delitos mientras se encuentran en situación migratoria irregular. La medida forma parte del proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa, ya aprobado en general por el Senado, y que busca acortar drásticamente los plazos entre la detección de una infracción migratoria y la salida efectiva del territorio nacional.

El mecanismo se inserta dentro de la ofensiva migratoria que el Ejecutivo ha desplegado durante 2026, la cual ya registra resultados concretos: según el último informe de la Policía de Investigaciones (PDI), entre enero y julio se contabilizaron 1.330 expulsiones, un 176,6% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las detecciones de ingresos por pasos no habilitados cayeron un 86%.

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¿En qué consiste el nuevo protocolo de expulsión inmediata?

El corazón de la reforma es una facultad inédita: el Subsecretario del Interior podrá dictar la expulsión inmediata de un extranjero, previa autorización de un tribunal, cuando esa persona haya sido formalizada, acusada o esté siendo requerida por un simple delito. Antes de resolver, el Servicio Nacional de Migraciones deberá consultar al Ministerio Público para descartar que la salida del país entorpezca una investigación penal en curso.

Si el tribunal autoriza la expulsión inmediata, la causa penal queda sobreseída temporalmente. Solo si la persona cumple el periodo de prohibición de ingreso sin volver a Chile, el sobreseimiento se transforma en definitivo. El proyecto también amplía hasta diez años los plazos de prohibición de reingreso para quienes sean sancionados por ingreso irregular, y faculta a la Policía de Investigaciones para tomar datos biométricos a todo extranjero mayor de 18 años que se encuentre en situación migratoria irregular.

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Ingreso a domicilios y los reparos de la Corte Suprema

Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la facultad que se otorga a la PDI para ingresar al domicilio de un extranjero con orden de expulsión vigente, previa autorización del Subsecretario del Interior, en casos que involucren delitos graves. La diligencia quedará sujeta al control de legalidad posterior de la Corte de Apelaciones respectiva.

La Corte Suprema, consultada en el marco de la tramitación legislativa, valoró que el Senado haya simplificado y agilizado el procedimiento, pero advirtió un problema de fondo: el mecanismo de expulsión inmediata se asemeja a una suspensión condicional del procedimiento penal sin incorporar todas las garantías propias de esa figura. El máximo tribunal también pidió corregir los vacíos normativos sobre el ingreso a domicilios y compatibilizar de mejor forma la expulsión de extranjeros imputados con los derechos de las víctimas de esos delitos.

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Un proyecto que ya pasó por la Cámara y el Senado

La iniciativa se aprobó en general en el Senado por 35 votos a favor y uno en contra, y ahora avanza hacia una comisión mixta que deberá resolver las diferencias surgidas entre ambas cámaras antes de su despacho final. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, había destacado en la tramitación previa que la norma amplía las causales de prohibición de ingreso al país e incorpora el registro biométrico de extranjeros en situación irregular, además de establecer sanciones para quienes lucren con el transporte de migrantes irregulares.

Entre las nuevas causales de expulsión que contempla el proyecto se cuentan condenas por extorsión, sicariato, porte ilegal de armas, explotación sexual y violencia intrafamiliar. También se endurece la situación de quienes acumulen tres o más faltas penales, o seis o más faltas de competencia de los Juzgados de Policía Local, como riñas, ruidos molestos o comercio ambulante no autorizado.

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Las dudas de la oposición sobre la capacidad del sistema

No todo el debate se centra en las garantías judiciales. La exministra del Interior Carolina Tohá, hoy en la oposición, cuestionó otro punto de la agenda de seguridad del Gobierno: la propuesta de convertir en delito el ingreso irregular al país. A su juicio, Chile carece hoy de capacidad carcelaria para privar de libertad a quienes cometan esa infracción, lo que terminaría demorando los propios procesos de expulsión que el protocolo busca agilizar.

Esa discusión se suma a la que ya existe en el Congreso sobre la ampliación del plazo de detención de indocumentados de cinco a 180 días mientras se tramita su expulsión, otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo dentro de su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo.

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Qué viene ahora para el protocolo de expulsión inmediata

Con la aprobación general ya despachada por el Senado y los reparos técnicos de la Corte Suprema sobre la mesa, el proyecto pasa ahora a una comisión mixta que deberá zanjar las diferencias entre lo aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y lo modificado en el Senado, particularmente en lo referido al ingreso a domicilios y a la protección de las víctimas. Si el texto se despacha sin mayores cambios, Chile contará con un mecanismo legal que permitirá activar la expulsión inmediata de extranjeros formalizados por delitos en cuestión de días, en lugar de los meses o años que hoy toman los procesos administrativos y judiciales de expulsión.

El Gobierno ha insistido en que esta reforma es complementaria al plan Escudo Fronterizo y a los vuelos chárter de expulsión que ya opera el Servicio Nacional de Migraciones. Según BioBioChile, la propia Corte Suprema reconoció que el proyecto avanza hacia expulsiones más expeditas, aunque insistió en que persisten vacíos que deben corregirse antes de su promulgación definitiva.

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