No solo Bernarda Vera: Rabat destapa 12 casos DDHH en Chile

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó este jueves que existen 12 casos Programa de Derechos Humanos que están siendo revisados internamente, luego de que el caso de Bernarda Vera —quien figuró por décadas como detenida desaparecida y fue hallada con vida en Argentina— destapara inconsistencias en las nóminas oficiales.

Rabat revela que existen 12 casos Programa de Derechos Humanos en revisión

El secretario de Estado explicó que, además del caso de Vera, hay nueve situaciones de personas incorporadas incorrectamente a las nóminas y otras vinculadas a duplicidades administrativas. «En total son doce casos. Hay nueve que corresponden a personas incorrectamente incorporadas en estos listados y otros que se refieren a situaciones de duplicidad», señaló el ministro.

Este antecedente se suma a la confirmación previa mediante pruebas de ADN de la identidad de Bernarda Vera, un hito que ya fue abordado en detalle por CDCF y que abrió la puerta a la revisión que hoy anuncia el Ministerio de Justicia.

El rol del Plan Nacional de Búsqueda en la revisión de antecedentes

Consultado sobre el estado de las investigaciones, Rabat indicó que el análisis de estos 12 casos forma parte de las funciones del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo funcionamiento está regulado por el Decreto Supremo N.º 98.

«Los casos que señalé corresponden a situaciones anteriores que ya están determinadas. Lo que corresponde ahora es analizarlas», afirmó el ministro, agregando que el Gobierno buscará fortalecer dicho plan para esclarecer todas las situaciones detectadas.

La revisión ocurre en paralelo a otros ajustes institucionales impulsados por la actual administración en materia de derechos humanos, como la reforma al INDH anunciada por el Gobierno y el debate abierto tras la propuesta de republicanos para eliminar el organismo.

Sumario en curso por el caso Bernarda Vera

El anuncio de Rabat se produce mientras avanza un sumario interno por el caso Vera, en momentos en que también se tramita una querella relacionada con el cobro de su pensión durante los años en que figuraba como desaparecida.

Respecto de las críticas del exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien acusó desconocimiento del funcionamiento del Programa de Derechos Humanos por parte de la actual administración, Rabat evitó la polémica directa: «Me cuesta mucho referirme a comentaristas», respondió, aunque insistió en que los antecedentes muestran que el caso era conocido desde comienzos de 2024.

«Esta es una situación que se conoció a comienzos del año 2024, que se despachó un primer oficio en mayo de 2025 y que recién en julio de 2026 se determinó la situación. Juzguen ustedes los hechos», concluyó el secretario de Estado.

La versión de la exjefa del Programa de DDHH contradice al ministro

Los dichos de Rabat difieren de la versión entregada por la exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, quien indicó a BioBioChile que la investigación comenzó en marzo de 2024, que el Programa solo obtuvo la respuesta clave de la Cancillería en mayo de 2025 y que los antecedentes fueron remitidos de inmediato al ministro en visita Álvaro Mesa, quien luego ordenó las diligencias de ADN.

Por esta razón, Zamorano rechazó que el caso haya registrado demoras y sostuvo que nunca hubo retraso en la investigación. La cronología completa entregada por la exjefa del organismo puede revisarse en esta nota de BioBioChile.

Auditoría abierta en la Subsecretaría de Derechos Humanos

Finalmente, el ministro Rabat confirmó que el Ministerio de Justicia mantiene una auditoría en curso en la Subsecretaría de Derechos Humanos, vinculada directamente a los 12 casos Programa de Derechos Humanos detectados. Según indicó, los resultados de esta auditoría serán dados a conocer una vez que el proceso concluya.

El episodio se suma a una serie de tensiones institucionales que ha enfrentado el Gobierno en materia de derechos humanos durante 2026, y que se combinan con otros debates paralelos sobre el rol y la continuidad de organismos como el INDH, mientras la ciudadanía espera mayor claridad sobre el estado real de las nóminas históricas de víctimas.