La subsecretaría de DDHH confirmó recortes al plan nacional de búsqueda

La Subsecretaría de Derechos Humanos reconoció que el proyecto de Presupuesto 2027 trae recortes al Plan Nacional de Búsqueda, la política que desde 2023 intenta esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos de la dictadura. La confirmación llegó luego de que más de un centenar de organizaciones de familiares y sitios de memoria denunciaran lo que califican como una «asfixia presupuestaria». El gobierno, sin embargo, sostiene que las diligencias en terreno no se detendrán y que la baja respondería a una «mejor planificación».

La discusión aterriza en pleno debate legislativo del erario, en un año en que el Ejecutivo de José Antonio Kast ha hecho de la austeridad su bandera y en que el Presupuesto 2027 ajustó cientos de programas públicos bajo el argumento de la estrechez fiscal.

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Qué reconoció la Subsecretaría sobre los recortes al Plan Nacional de Búsqueda

Según la respuesta oficial recogida por BioBioChile, la repartición encabezada por el subsecretario Pablo Mira admitió una reducción de recursos para el plan, aunque la cifró en apenas un 4,47% nominal. En sus números, el Plan Nacional de Búsqueda pasaría de $1.242 millones en la Ley de Presupuestos 2026 a $1.187 millones en el proyecto 2027.

El desglose oficial muestra que el gasto en personal subiría de $205 millones a $343 millones, mientras que bienes y servicios de consumo, la partida que financia buena parte del trabajo de campo, caería de $1.036 millones a $843 millones. La Subsecretaría atribuyó el ajuste a la optimización de viáticos y a una planificación más eficiente, y aseguró que las diligencias se mantendrán.

Respecto del Servicio Médico Legal, el organismo informó $777,3 millones destinados al plan y la mantención de 14 profesionales, vinculando la baja a una supuesta subejecución del SML durante 2026. No precisó, en todo caso, cuánto irá específicamente a pericias forenses ni se comprometió a reponer montos durante la tramitación en el Congreso.

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La cifra de las organizaciones: una caída real de 27,71%

La diferencia de cálculo es el centro de la polémica. Las agrupaciones firmantes, que según El Desconcierto suman 60 entidades en la nómina principal más las redes y coordinadoras de sitios de memoria, aislaron solo las partidas de diligencias y peritajes, sin contar personal y ajustando por inflación. Con ese método, los recursos bajarían de $1.526 millones a cerca de $1.135 millones: una merma nominal de $391 millones y una caída real de 27,71%.

El golpe más fuerte estaría en el SML, cuyas pericias forenses pasarían de unos $489 millones a $291 millones, una caída real cercana al 42%. A ello se suma que durante 2026 los decretos 135 y 332 ya habían restado más de $91 millones al Programa de Derechos Humanos, equivalentes a un 8,8% de su presupuesto inicial.

Claudia Bascuñán, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe, advirtió que estas decisiones pondrían en riesgo avances logrados tras años de lucha.

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Sitios de memoria: el recorte más profundo

Si el ajuste al plan es discutido, el que afecta a los sitios de memoria parece más difícil de matizar. De acuerdo con El Clarín, el programa específico caería de $1.689 millones a $683 millones, una baja real cercana al 61%, y su línea de inversión patrimonial, que en 2026 tenía $505 millones, quedaría sin recursos.

Mónica Monsalves, de la Corporación Sitio de Memoria Cerro Chena, recordó que de 1.132 centros de detención y tortura identificados, solo 72 están declarados como sitios de memoria y apenas 16 reciben financiamiento estatal. Ocho espacios, entre ellos José Domingo Cañas, Venda Sexy y FASIC, ya habrían quedado sin aportes públicos tras los decretos de este año. A la lista se agregan 63 solicitudes de protección patrimonial pendientes ante el Consejo de Monumentos Nacionales desde marzo.

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Un plan bajo presión desde marzo

Los recortes no aparecen en el vacío. El 31 de marzo, el Ministerio de Justicia removió a las jefaturas del plan heredadas de la administración anterior, según informó CNN Chile. Semanas después, El Mostrador reveló un oficio del ministro Jorge Quiroz que recomendaba «descontinuar» el Programa de Derechos Humanos, el órgano que por diseño coordina la ejecución del plan.

En ese momento la Subsecretaría reafirmó la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, creado por el Decreto Supremo N° 98 de 2023. Hoy el programa sigue existiendo, pero con menos recursos para salir a terreno, lo que para las familias confirmaría sus temores.

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Qué viene en el Congreso

Las organizaciones pidieron a los parlamentarios exigir al Ejecutivo la reposición, ajustada por IPC, de los fondos para pericias forenses y del fondo de inversión patrimonial, además de explicaciones por la eliminación de la glosa del Poder Judicial que destinaba $384,6 millones a la búsqueda y digitalización de causas de derechos humanos. También reclaman aclarar cómo se financiarán las conmemoraciones y encuentros de familiares, tras la supresión del subtítulo que las cubría.

La partida de Justicia y Derechos Humanos será revisada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, cuyas cifras se pueden contrastar en el portal de la Dirección de Presupuestos. La Subsecretaría solo comprometió aportar «antecedentes técnicos» a la discusión, mientras que sobre las garantías a las familias remitió a los tribunales la tramitación de las causas.

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El escenario deja al gobierno ante una disyuntiva incómoda: defender la disciplina fiscal que le exige el Consejo Fiscal Autónomo o evitar que la búsqueda de más de mil detenidos desaparecidos aparezca como una víctima más del ajuste. Por ahora, el Ejecutivo insiste en que el plan sigue vivo. Las familias, en cambio, sostienen que un plan sin recursos para periciar es un plan que avanza más lento. La última palabra la tendrá el Congreso durante la tramitación de las próximas semanas.

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