
El Gobierno del presidente José Antonio Kast habría puesto fin, sin anuncio formal, al presupuesto con perspectiva de género que la administración de Gabriel Boric instaló como metodología obligatoria en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Según reveló La Tercera, para la formulación del Presupuesto 2027 ningún ministerio recibió instrucciones para clasificar sus programas según su aporte a la igualdad de género, un requisito que hasta el año pasado era condición para pedir recursos a Hacienda.
La decisión, tomada en silencio y en medio del ajuste fiscal que impulsa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, marca uno de los quiebres más simbólicos entre ambos gobiernos en materia de gestión del gasto público.
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Qué era el presupuesto con perspectiva de género de Boric
La metodología fue instaurada en 2022, el primer año del gobierno de Boric, con el objetivo de identificar qué programas incluidos en la Ley de Presupuestos contribuían a políticas de igualdad entre hombres y mujeres. La propia Dipres declaraba en su sitio que se comprometía a incorporar este enfoque en todo el ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la evaluación del gasto.
En 2024 comenzó a operar un piloto de «etiquetado» que medía, partida por partida, cuánto del gasto estatal apuntaba directa o indirectamente a la igualdad de género. Los servicios públicos debían clasificar sus programas de acuerdo con el tipo de derecho involucrado, en línea con el Plan Nacional de Igualdad 2018-2030 impulsado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Para ello, la Dipres de la época elaboró un extenso instructivo técnico y capacitó a los encargados de finanzas de ministerios y servicios.
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Las cifras: hasta 23% del gasto fiscal bajo la etiqueta de género
Los números que arrojaba el ejercicio eran llamativos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior, unos $18,5 billones del gasto fiscal habrían servido a políticas de igualdad, lo que equivalía al 22,5% de la Ley de Presupuestos vigente. Para el Presupuesto 2026, la nota técnica elevó esa cifra a $19,8 billones, cerca del 23% del proyecto total.
Las carteras con más programas «etiquetados» eran Desarrollo Social, Salud, Vivienda, Educación y Trabajo, aunque también figuraban iniciativas de la Presidencia. Para sus críticos, la amplitud de la clasificación —que incluía aportes «indirectos»— terminaba convirtiendo casi cualquier gasto social en política de género, sin que necesariamente existiera una medición rigurosa de resultados.
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El giro de Hacienda bajo el gobierno de Kast
Según la información publicada, para el proceso presupuestario 2027 no hubo lineamientos en esa dirección en ninguna cartera. Fuentes de un ministerio habrían señalado que Hacienda entregó orientaciones para la formulación, pero ninguna relacionada con la perspectiva de género. Hasta ahora, ni Hacienda ni la Dipres han emitido una declaración pública explicando el cambio.
La medida se inscribe en la lógica de austeridad del Ejecutivo, que ha revisado cientos de programas públicos y defendido recortes en distintas reparticiones. El ministro Quiroz ha insistido en que el ajuste no afectará beneficios sociales, mientras que figuras del oficialismo han planteado la necesidad de reducir el tamaño del aparato estatal.
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En esa línea se ubican también las propuestas del economista Daniel Mas, quien ha defendido achicar el Estado y profundizar los recortes presupuestarios para 2027, en un contexto donde el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre déficit fiscal hasta 2031.
¿Burocracia ideológica o herramienta de gestión?
El debate de fondo no es nuevo. Organismos como la CEPAL promueven desde hace años los presupuestos sensibles al género como instrumento para medir el impacto diferenciado del gasto. Sus defensores sostienen que eliminar el etiquetado deja al Estado sin información para evaluar si los recursos llegan a las mujeres, en un año en que el desempleo femenino superó el 10%.
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Sus detractores, en cambio, argumentan que el ejercicio consumía horas de trabajo en ministerios y servicios para producir una cifra agregada con escaso valor práctico, mientras el país arrastraba problemas de gestión y control del gasto. Durante el gobierno anterior se acumularon cuestionamientos por sobregasto en compras estatales, transferencias a fundaciones e inconsistencias en el Informe de Finanzas Públicas, que hoy el Ejecutivo usa como argumento para priorizar la disciplina fiscal por sobre las métricas transversales.
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Lo que viene en la discusión del Presupuesto 2027
La ausencia de la metodología se hará visible cuando el Congreso analice el proyecto, ya que el informe con el gasto etiquetado en igualdad dejaría de acompañar la tramitación. Desde la oposición ya se habría pedido al Gobierno aclarar el destino de esta herramienta, lo que anticipa que el tema será parte del debate en la Comisión Mixta de Presupuestos.
Cabe recordar que Kast, en su candidatura de 2021, debió retroceder en su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, reconociendo según BioBioChile que aquella idea fue un error. Esta vez, el cambio no apunta a la institucionalidad, sino a la forma en que se mide el gasto público.
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Con el fin del presupuesto con perspectiva de género, la señal de Hacienda parece clara: su prioridad sería ordenar las cuentas fiscales y revisar la eficiencia del gasto. Queda por ver si el Ejecutivo propondrá algún mecanismo alternativo de evaluación o si, en la práctica, la variable de género desaparecerá por completo de la formulación presupuestaria. Más información técnica sobre el proceso puede consultarse en el sitio de la Dirección de Presupuestos.
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