El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que no tiene ningún problema en achicar el Estado si esta medida se traduce en una administración más eficiente y eficaz para los ciudadanos, aunque aclaró que se trata de su postura personal y no de un objetivo formal del Gobierno.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Universo, en el contexto de la revisión que el Ejecutivo lleva adelante sobre los activos estatales considerados prescindibles. Consultado específicamente sobre la eventual venta de la participación estatal en cuatro empresas sanitarias —Aguas Andinas, Essbio, Esval y Suralis—, el secretario de Estado fue enfático en separar su opinión política de la hoja de ruta oficial del proceso.
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“Esa es una decisión posterior. Y en todo caso, yo no tengo ningún problema en achicar el Estado si es un Estado que es más eficiente, que es más eficaz y que llega con mejores soluciones a todos los chilenos. Es mi opinión política”, sostuvo Mas, según consignó BioBioChile.
El contexto detrás de la frase sobre achicar el Estado
La revisión de activos prescindibles no es un anuncio aislado. Días antes, en conversación con BioBioChile, el biministro ya había enfatizado que los recursos públicos deben mantenerse «en constante movimiento» y que la venta de bienes que el Estado no necesita administrar directamente podría traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía. Bajo esa lógica, la cartera de Economía confirmó que la administración de Codelco está evaluando qué pertenencias mineras secundarias podrían salir a la venta, además de la participación de Corfo en las sanitarias mencionadas.
Mas fue claro en señalar que los recursos obtenidos por esas eventuales ventas no desaparecerían del patrimonio fiscal, sino que se reorientarían hacia activos «más rentables» o hacia áreas consideradas «más estratégicas para Chile». Es decir, el planteamiento del Gobierno no apunta a un recorte de funciones estatales, sino a una reasignación de recursos hacia frentes con mayor impacto social y productivo.
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Codelco no está en la lista de venta
Pese al tono abierto de sus declaraciones, tanto Mas como el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, han insistido en que la estatal cuprífera no será transferida a manos privadas. Lo que sí está sobre la mesa es la venta de activos secundarios o prescindibles vinculados a la operación minera, un matiz que el propio biministro ha repetido en distintas entrevistas para evitar interpretaciones erróneas sobre el futuro de la principal empresa pública del país.
Esta distinción resulta relevante en un escenario donde la oposición de izquierda ha buscado instalar la idea de que el Gobierno del Presidente Kast avanza hacia una privatización encubierta de activos estratégicos. Las autoridades económicas han optado por responder con explicaciones técnicas antes que con eslóganes, subrayando que cada venta pasará por una evaluación caso a caso.
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Un debate que se cruza con la agenda económica del Gobierno
Las palabras de Daniel Mas se producen en un momento en que el equipo económico del Gobierno busca mostrar señales de disciplina fiscal, en paralelo a la tramitación de reformas de gran calado como la megarreforma tributaria y el debate sobre el déficit fiscal heredado. La discusión sobre el tamaño y la eficiencia del aparato estatal se ha convertido en un eje recurrente del discurso oficialista, en línea con el diagnóstico que ha guiado buena parte de las políticas económicas del Ejecutivo desde su llegada a La Moneda.
Para el oficialismo, la venta de activos prescindibles no compromete las funciones esenciales del Estado, sino que busca liberar recursos que hoy están inmovilizados en participaciones minoritarias o en empresas donde la gestión estatal no aporta un valor estratégico claro. El resultado de este proceso, sin embargo, dependerá de cómo evolucione la discusión política en el Congreso y de la reacción de los sectores que históricamente han defendido la propiedad pública de estos activos.
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Por ahora, el mensaje del biministro Mas apunta a instalar una discusión de fondo: no se trata de reducir el Estado por reducirlo, sino de evaluar qué activos son realmente necesarios para cumplir sus funciones y cuáles podrían generar mejores resultados si se reorientan hacia otros fines. Será la propia evolución del proceso de venta de activos —y la respuesta política que genere— la que determine si esta declaración queda como una simple opinión personal o se transforma en un eje concreto de la agenda económica del Gobierno.
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