El tablero político de La Moneda dio un giro esta semana. Tras meses en que el protagonismo estuvo puesto en la macroeconomía y en la tramitación de la megarreforma, el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió que la agenda de seguridad de Arrau pase a ocupar el centro de gravedad de su gestión. El anuncio se hizo explícito en la cadena nacional del pasado 5 de agosto, cuando el mandatario resumió el nuevo eje del Ejecutivo con una frase directa: los tres pilares de su gobierno son seguridad, economía y empleo, en ese orden de prioridad para lo que resta del año.
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El despliegue simbólico no tardó en llegar. Un operativo conjunto de Carabineros y la PDI, con 60 y 55 funcionarios respectivamente, copó el centro de Santiago junto al ministro Martín Arrau y el alcalde Mario Desbordes, en una puesta en escena que buscó anclar en la calle el mensaje que Kast había entregado la noche anterior por televisión. La política contra el crimen organizado, según trascendió, ya no será solo un capítulo más del programa de gobierno, sino la carta de navegación con la que el oficialismo espera capitalizar el segundo semestre.
El giro desde la macroeconomía de Quiroz hacia la agenda de seguridad de Arrau
El cambio de foco tiene un correlato político concreto. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiguió el objetivo legislativo de despachar la megarreforma tributaria, su figura acumuló roces tanto con la oposición como con sectores del propio oficialismo, entre ellos un áspero cruce con parlamentarios de la UDI por el congelamiento de concesiones viales en el Biobío. En ese escenario, fuentes de gobierno consultadas por medios especializados coinciden en que el sector ve con buenos ojos que sea Arrau quien tome ahora la posta del protagonismo público, mientras Hacienda concentra su siguiente esfuerzo en la reforma al mercado de capitales que se espera ingresar al Congreso en el segundo semestre.
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Ese repliegue del eje económico no significa que la macroeconomía pierda relevancia, sino que la comunicación estratégica de La Moneda apuesta, al menos por ahora, a que la ciudadanía asocie al gobierno con resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia, la principal preocupación que las encuestas registran de manera sostenida entre los chilenos.
Pragmatismo, transversalidad y manejo político: los atributos de Arrau
La elección de Arrau como rostro de esta nueva etapa no es casual. Desde su llegada al Ministerio de Seguridad Pública en mayo, tras la salida de Trinidad Steinert, el ingeniero civil industrial y militante republicano ha construido un perfil que combina pragmatismo institucional con capacidad de diálogo transversal, cualidades que le han permitido conversar tanto con alcaldes de su propio sector como con ediles de oposición en la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal. Su decisión temprana de adoptar la Política Nacional de Seguridad promulgada durante el gobierno anterior, en lugar de desecharla por razones ideológicas, es leída por analistas como una muestra de manejo político que le permitió despejar un flanco de crítica y concentrarse en la gestión.
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A ese manejo se suma su cercanía directa con el Presidente Kast, de quien fue jefe de campaña en la segunda vuelta presidencial, además de su paso como intendente de la región de Ñuble y su participación en la Convención Constitucional. Esa confianza presidencial, según fuentes citadas por la prensa política, le dio a Arrau margen para remover a los dos subsecretarios que había nombrado su antecesora y reemplazarlos por perfiles de su propia confianza, consolidando un sello propio dentro de la cartera antes de exponer su plan ante el Congreso.
ACOT: la prioridad ciudadana que Arrau deberá ejecutar
El paquete que Arrau deberá conducir en el Congreso, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), reúne más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional que el Ejecutivo espera tramitar antes de que termine 2026. Entre las medidas más relevantes figuran la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, la creación del delito de pertenencia a organización criminal, una nueva agencia de decomiso de bienes y el mantenimiento del despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país. El propio ministro ha adelantado que en las próximas semanas ingresarán 15 nuevos proyectos, en paralelo a la discusión presupuestaria y a mejoras para Carabineros y la PDI.
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El desafío, sin embargo, no está exento de fricciones internas. La presión de sectores republicanos y libertarios por avanzar en indultos generales a uniformados condenados en el contexto del estallido social crece en paralelo a la tramitación de la ACOT, y Kast optó por dejar esa demanda fuera de sus tres ejes prioritarios. Administrar esa tensión, sin perder el control político de la agenda ni el respaldo transversal que hasta ahora ha caracterizado su gestión, será la verdadera prueba para el ministro en las semanas que vienen.
Según fuentes consultadas por La Segunda, es justamente esa combinación de pragmatismo, transversalidad y manejo político la que explica por qué La Moneda decidió que fuera él, y no otro miembro del gabinete, quien encabece la agenda de seguridad de Arrau en esta nueva fase del gobierno de Kast.
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