Encuesta Cadem revela que 93% de los Chilenos aprueba el Plan Cancerbero para presos de alta peligrosidad

La última edición de Plaza Pública Cadem confirma que el Plan Cancerbero se ha instalado como una de las medidas de seguridad con mayor respaldo transversal del año. Según el sondeo N°681 (agosto S2-M2, 2026), un 70% de los chilenos supo o escuchó hablar de esta iniciativa del Gobierno, y entre quienes la conocen, el nivel de aprobación a sus componentes específicos supera el 90% en varios ítems.

El plan busca endurecer el régimen carcelario para los presos de mayor peligrosidad, separándolos del resto de la población penal y sometiéndolos a controles reforzados. Esta agenda se enmarca dentro del paquete de medidas que el Ejecutivo ha impulsado en materia penitenciaria durante los últimos meses, en paralelo a otras iniciativas como los traslados de reos a cárceles de alta seguridad.

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¿Qué mide la encuesta sobre el Plan Cancerbero y por qué genera tanto consenso?

La encuesta de Cadem, realizada sobre una muestra de 1.004 casos, indagó específicamente en el nivel de acuerdo con trasladar a los presos de mayor peligrosidad a módulos de máxima seguridad, separados del resto de los internos. El resultado es contundente: 93% se manifestó de acuerdo, frente a apenas un 4% en desacuerdo y un 3% que no respondió.

El desglose por ámbitos específicos del Plan Cancerbero muestra que el respaldo se mantiene alto incluso en las medidas más restrictivas. Un 93% aprueba establecer un régimen carcelario especial para líderes de organizaciones criminales, un 90% respalda mantener control y custodia especiales durante los desplazamientos dentro del recinto, y un 89% está de acuerdo con monitorear las comunicaciones de estos internos, salvo las que sostienen con sus abogados.

Otras medidas también concitan mayorías amplias: 88% aprueba limitar las encomiendas que pueden recibir estos presos, 84% respalda restringir sus visitas a condiciones especiales sin contacto físico, y 81% está de acuerdo con que usen un uniforme especial y distintivo. Las medidas de mayor impacto en la vida cotidiana de los internos —eliminar las visitas conyugales (76%) y limitar a poco más de dos horas diarias el tiempo fuera de la celda (75%)— son las que registran, aun así, el mayor porcentaje de desacuerdo, entre 16% y 17%.

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Este respaldo se da en un contexto donde el Gobierno ha reforzado el traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia recintos especialmente habilitados, una política que ha generado cobertura constante en medios locales por los traslados hacia la cárcel de Talca y por las condiciones de reclusión bajo el nuevo esquema.

Un país dividido: ¿cambio real o espectáculo comunicacional?

Pese al alto respaldo a las medidas puntuales, la encuesta revela una brecha significativa cuando se pregunta por el sentido de fondo del plan. Un 62% de quienes conocen la iniciativa cree que se trata de un cambio real en materia penitenciaria que tendrá efectos sobre la seguridad, mientras que un 35% la percibe como un espectáculo comunicacional sin impacto efectivo.

La brecha se amplía drásticamente al cruzar los datos por identificación política. Entre quienes votaron por José Antonio Kast en segunda vuelta, un 95% cree que el plan tendrá efectos reales, cifra que coincide con el 95% registrado entre los votantes de derecha. En el extremo opuesto, solo un 17% de quienes se identifican con la izquierda comparte esa visión, mientras que 81% lo considera pura comunicación. Entre los votantes de Jeannette Jara, el escepticismo también es mayoritario: 76% lo ve como espectáculo, frente a apenas 21% que confía en su efectividad.

Por edad, los mayores de 55 años son el grupo más convencido de que se trata de un cambio real (84%), mientras que el segmento de 18 a 34 años se muestra más escéptico, con solo 42% que valida esa lectura. La diferencia entre regiones y la Región Metropolitana es marginal, lo que sugiere que la polarización responde más a variables políticas que territoriales.

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La Agenda de Seguridad completa también sube en la medición de Cadem

El buen desempeño del Plan Cancerbero se replica en la evaluación general de la Agenda de Seguridad anunciada por el Gobierno. Entre el 7 y el 14 de agosto, el acuerdo con esta agenda subió de 48% a 52%, mientras que el desacuerdo también creció levemente, de 35% a 39%, reflejo de una opinión pública que sigue movilizada en torno a este eje.

Esta tendencia se inserta dentro de un ciclo más amplio de medidas en seguridad que el Ejecutivo ha impulsado desde el inicio de la administración, incluyendo el trabajo del núcleo técnico detrás de la ACOT y los ajustes de gabinete en la cartera de seguridad.

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El seguimiento de este tipo de indicadores resulta clave para entender cómo evoluciona la legitimidad social de la megarreforma de seguridad que el Congreso ha tramitado en paralelo, y que también ha sido objeto de mediciones periódicas por parte de Cadem sobre el respaldo ciudadano a la agenda ACOT en el Congreso.

En definitiva, la fotografía que deja Plaza Pública Cadem N°681 es la de un Gobierno que logra consenso en el detalle operativo de sus medidas penitenciarias, pero que enfrenta una opinión pública fracturada respecto de si estas transformaciones responden a una política de Estado o a una estrategia comunicacional de corto plazo. Los próximos sondeos, especialmente tras la implementación efectiva del plan, permitirán confirmar si ese 35% de escépticos cambia de postura.

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Puedes revisar la metodología completa y el histórico de mediciones en el sitio oficial de Plaza Pública Cadem.