Fiscalía de Chile acusa al criminal Venezolano Diosdado Cabello del crimen transnacional contra Ronald Ojeda

La Fiscalía de Chile formalizó una acusación que remece las relaciones con Caracas: Diosdado Cabello Tren de Aragua aparecen unidos en una imputación que sindica al ministro del Interior, Justicia y Paz del régimen chavista como el operador financiero detrás del crimen del exteniente Ronald Ojeda. Según el fiscal regional Héctor Barros Vásquez, sería Cabello quien habría negociado y pagado a la organización criminal para ejecutar el secuestro y posterior homicidio del militar disidente en Santiago, en un hecho que la propia Fiscalía describe como un caso de crimen trasnacional sin precedentes en el país.

El caso se da a conocer justo antes del inicio de los juicios contra 34 integrantes del Tren de Aragua en tribunales chilenos, y pone a un país sudamericano en la inédita posición de señalar directamente a la cúpula del chavismo por un asesinato cometido en su propio territorio. Cabe recordar que, en materia de garantías procesales, toda persona imputada goza de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme, conforme al artículo 4° del Código Procesal Penal, por lo que la responsabilidad penal de Cabello aún debe ser establecida por los tribunales competentes.

Diosdado Cabello Tren de Aragua: el origen de un crimen sin precedentes

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la historia se remonta a diciembre de 2023, cuando Ojeda se reunió en Cúcuta, Colombia, con el exmilitar Ángelo Heredia, el líder estudiantil Pablo Parada y otros opositores venezolanos para coordinar acciones contra Nicolás Maduro. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana se habría aliado entonces con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para secuestrar a los disidentes en suelo colombiano. Heredia habría sido capturado y entregado a militares venezolanos, mientras que Parada logró evitar la captura por no asistir a la cita.

Ojeda, en cambio, consiguió escapar rumbo a Ecuador y Perú hasta instalarse como refugiado político en Santiago. Sin embargo, el 21 de febrero de 2024 fue secuestrado desde su domicilio en la comuna de Independencia por sujetos que se habrían hecho pasar por policías chilenos. Su cuerpo fue hallado semanas después enterrado en una maleta en un terreno alejado de la capital, un episodio que los operativos contra el Tren de Aragua en el norte de Chile ya habían puesto en la agenda de seguridad nacional meses antes.

Según el testimonio de un testigo protegido citado por la investigación, la orden de secuestrar a Ojeda habría sido transmitida a través de un intermediario identificado como «el Niño Guerrero», alias del principal líder del Tren de Aragua, organización que Estados Unidos designó como grupo terrorista. El testigo habría declarado que se le indicó que Cabello dio la instrucción y que el pago se canalizó por esa misma vía, en lo que la Fiscalía describe como un esquema de «outsourcing criminal» financiado desde Venezuela.

Un fiscal chileno apunta directamente a la cúpula del chavismo

El fiscal regional Héctor Barros Vásquez fue categórico al describir el hallazgo central de la pesquisa: habría sido Cabello quien se encargó de la negociación y quien estaría detrás del financiamiento del crimen. El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia Ojeda, respaldó esa tesis ante los tribunales, sosteniendo que el Tren de Aragua fue cooptado y utilizado como brazo ejecutor con dineros que, según tres personas mencionadas en la investigación, habrían salido del entorno de Cabello.

El proceso coloca a la justicia chilena en un terreno diplomático especialmente delicado, ya que por primera vez un país extranjero formaliza señalamientos directos contra un jerarca de primer nivel del chavismo por la comisión de un homicidio en su territorio. La situación se produce, además, en paralelo a la agenda de el estado de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, ya tensionadas por la migración irregular y la presencia de estructuras criminales de origen venezolano en territorio nacional.

Cabello no enfrenta esta única acusación. Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, imputándole delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de fuego en apoyo a delitos de narcotráfico. La confluencia de ambas causas judiciales, la chilena y la estadounidense, refuerza el perfil de Cabello como uno de los operadores más señalados del entramado de poder venezolano vinculado al crimen organizado.

Impacto en la agenda de seguridad y el caso Tren de Aragua en Chile

La acusación llega en un momento en que el Gobierno ha intensificado su ofensiva contra las bandas transnacionales mediante iniciativas como el Plan Cancerbero y su alto respaldo ciudadano, además de la megarreforma de seguridad que amplió las facultades de las policías y del sistema judicial para enfrentar al crimen organizado. El caso Ojeda es, hasta ahora, el ejemplo más extremo de hasta dónde ha llegado la disputa entre disidentes venezolanos y el aparato represivo de Maduro fuera de sus fronteras.

Para las autoridades de persecución penal, este expediente confirma la tesis que ha guiado buena parte de la agenda oficial en materia de crimen organizado: que las bandas que operan en Chile no se limitan a estructuras locales, sino que responden a redes internacionales con capacidad de financiamiento estatal. El juicio contra los 34 integrantes del Tren de Aragua, que comienza en paralelo a esta acusación, será una prueba clave para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Ese diagnóstico coincide con el que ha impulsado la megarreforma de seguridad del Gobierno, orientada precisamente a dotar de más herramientas a fiscales y policías frente al crimen organizado transnacional. Según reportajes de Noticias Caracol, la investigación tomó dos años en reconstruir la ruta del dinero y las comunicaciones entre los distintos eslabones de la operación.

El caso también reabre el debate sobre el rol del Poder Judicial chileno frente a delitos con ramificaciones internacionales, un tema que ya había sido abordado a propósito de otras causas de alta connotación pública. Medios internacionales como El Nacional también han seguido de cerca el expediente, en momentos en que la comunidad venezolana exiliada observa con atención si la justicia chilena logrará avanzar contra una de las figuras más blindadas del oficialismo en Caracas.

Por ahora, la acusación contra Cabello deberá seguir su curso dentro del proceso penal, con las garantías y estándares probatorios que exige el sistema chileno antes de establecer responsabilidades definitivas, tal como ya ocurrió en otros expedientes analizados en detalle en cómo funciona el Poder Judicial en Chile.