Canciller Pérez Mackenna: «le hemos solicitado a la embajada de EEUU que nos remitan toda la información sobre el 18-O»

La Cancillería confirmó este martes que sostuvo una reunión con el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, luego de que el diplomático afirmara públicamente que servicios de inteligencia estadounidenses vincularían a organizaciones de izquierda con los episodios de violencia del 18 de octubre de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el objetivo del encuentro fue «solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia» ocurridos durante el estallido social y en los días posteriores, calificando el asunto como «de máxima importancia» para el Gobierno.

La controversia se originó tras una entrevista de Judd con CNN Chile, donde el embajador habría sostenido que «cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda» quienes protagonizaron los disturbios. El diplomático fue consultado luego de que la subsecretaria de Diplomacia de EE.UU., María Teresa Rogers, hiciera declaraciones similares en el Foro de Madrid, instancia donde republicanos y sectores de derecha latinoamericana han abordado en más de una ocasión el legado del estallido social. Según consignó BioBioChile, la citación se produjo apenas horas después de que se difundieran las declaraciones del diplomático.

LEER TAMBIÉN: Embajador Judd asegura que inteligencia de EEUU vincula a la izquierda con el estallido social

Cancillería y el embajador de EEUU: qué se dijo tras la reunión por el 18-O

Tras el encuentro con el canciller Francisco Pérez Mackenna, Judd explicó ante la prensa que la conclusión de su país no provino de una investigación independiente en territorio chileno. «No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile», habría señalado el embajador en inglés, a la salida de la sede del Minrel en calle Teatinos. Según su versión, el análisis se habría construido a partir de antecedentes del Congreso, académicos y policías chilenos, y no de labores de inteligencia desplegadas por agencias estadounidenses en el país.

El canciller Pérez Mackenna fue enfático al cierre de la cita, que se extendió por menos de 20 minutos. «Los embajadores no deben opinar sobre la política interna de los países en que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades», habría declarado la autoridad, agregando que el tema fue abordado directamente durante la conversación. El Minrel precisó además que, una vez que la información comprometida por Judd sea entregada, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación, según reportó La Tercera.

LEER TAMBIÉN: Frei afirma que el estallido social no fue espontáneo

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores había señalado en su comunicado inicial que «el Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo», comprometiéndose a poner los antecedentes «a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia». La formalidad elegida —una solicitud de información y no una nota de protesta ni un llamado a consultas— habría sido interpretada por analistas como una forma de presión diplomática moderada, que obligaba al embajador a exhibir pruebas concretas o matizar sus dichos.

La polémica también reactivó el debate político interno sobre el origen de la violencia del estallido, un asunto que en Chile continúa dividiendo a los sectores oficialistas y opositores casi siete años después de los hechos. Diversos parlamentarios de oposición respaldaron la citación del embajador y exigieron que Estados Unidos transparente documentación concreta, mientras que otros sectores cuestionaron la injerencia de un representante extranjero en un debate doméstico todavía no resuelto por completo en sede judicial.

LEER TAMBIÉN: Sergio Muñoz Riveros y su lectura sobre el estallido de 2019

Antecedentes que la Fiscalía deberá evaluar sobre el 18-O

De acuerdo con lo informado por el propio Judd, la información que Estados Unidos pondría a disposición de las autoridades chilenas provendría de fuentes abiertas y de antecedentes recopilados dentro de Chile, y no de una operación de inteligencia extranjera ejecutada en territorio nacional. Esta precisión resultó relevante, pues distintos sectores políticos habían planteado dudas sobre si agencias de inteligencia de EE.UU. habrían realizado actividades no autorizadas durante el estallido social, una hipótesis que el propio embajador descartó explícitamente en su declaración posterior a la reunión.

El caso se suma a una serie de episodios recientes en que la Cancillería chilena ha debido gestionar tensiones diplomáticas vinculadas a declaraciones de representantes extranjeros sobre asuntos de política interna, en un contexto donde el Ejecutivo ha priorizado mantener canales de cooperación bilateral sin ceder en materias de soberanía informativa. La instrucción de derivar los antecedentes a la Fiscalía Nacional busca, en la práctica, sacar la discusión del plano estrictamente diplomático y trasladarla a un terreno técnico-judicial donde deberá evaluarse la consistencia de lo afirmado por el diplomático.

LEER TAMBIÉN: Aranceles a Chile: la respuesta de la Cancillería a las ONG

Mientras tanto, el episodio ha vuelto a poner en el centro del debate público la pregunta sobre quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de los incidentes de violencia registrados durante el estallido social, una discusión que en Chile ha estado marcada por comisiones investigadoras, querellas cruzadas y versiones contrapuestas entre oficialismo y oposición. La Cancillería ha insistido en que su interés no es validar ni descartar de antemano ninguna hipótesis, sino reunir antecedentes verificables que puedan ser analizados por las instituciones pertinentes.

LEER TAMBIÉN: Frei y la comisión sobre el estallido social

Por ahora, el Gobierno no ha adelantado plazos para la entrega formal de la documentación comprometida por el embajador de EEUU, aunque fuentes de la Cancillería habrían señalado que se espera contar con los antecedentes en las próximas semanas. El caso continuará siendo objeto de seguimiento tanto por su eventual impacto judicial como por sus implicancias en la relación bilateral entre Chile y Estados Unidos durante la actual administración.