Ex presidente Eduardo Frei critica a comisión investigadora por el estallido social: «no llegaron a ninguna conclusión»

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle volvió a poner en el centro del debate público el trabajo de la comisión del estallido social, luego de que la instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados cerrara su labor sin identificar a los responsables de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Según declaraciones del exmandatario recogidas por la prensa, la comisión «no llegaron a ninguna conclusión» respecto de quiénes organizaron o financiaron los episodios de destrucción registrados en ese período, un reclamo que se suma a las críticas transversales que generó el informe final aprobado a mediados de agosto.

La molestia de Frei no es nueva. Ya en julio, durante un encuentro empresarial en Los Ángeles, el también exsenador había insistido en que el estallido social fue un hecho «inventado» y había pedido que la comisión avanzara «porque los chilenos tienen derecho a saber qué ocurrió realmente durante este estallido delictual». En esa oportunidad afirmó que algún día se sabría «quién lo inventó, quién lo financió y cómo se hizo», en alusión a la quema simultánea de ocho estaciones de Metro.

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El pronunciamiento del exjefe de Estado llega después de que la Comisión Especial Investigadora, presidida por el diputado libertario Hans Marowski, aprobara su informe final por ocho votos contra cuatro. El texto, impulsado por el Partido Nacional Libertario, reconoce que existieron «variadas hipótesis respecto a los responsables e instigadores» de la violencia, pero esas hipótesis no derivaron en la individualización de ninguna persona, organización o agrupación. En cambio, el documento concentró sus cuestionamientos en la capacidad del Estado para anticipar y contener la crisis, señalando «excesivos incumplimientos del Gobierno de la época» en el resguardo del orden público.

Esa conclusión, que apunta indirectamente a la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera sin mencionarlo por nombre, desató una fuerte molestia en los partidos de Chile Vamos. Renovación Nacional, colectividad en la que militó Piñera, calificó la atribución de «una apreciación injusta y sin fundamentos» que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el Estado en 2019. Evópoli y la UDI se sumaron a los cuestionamientos, mientras que desde el oficialismo se acusó que la instancia había sido utilizada con fines políticos antes que investigativos.

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Qué buscaba la comisión del estallido social y por qué no llegó a conclusiones

El mandato original de la comisión, constituida en mayo de 2026, contemplaba revisar la actuación de organismos del Estado —entre ellos los ministerios del Interior, Justicia y la Segpres— para prevenir, contener y controlar los hechos de violencia registrados entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026. Uno de sus objetivos centrales era recabar antecedentes sobre eventuales autores, cómplices o instigadores, además de detectar posibles rastros de financiamiento. Once sesiones y diecisiete invitados después, ese objetivo quedó sin cumplirse: no se acreditó ninguna hipótesis de conspiración ni se identificó a organizaciones responsables de la violencia.

El diputado socialista Daniel Manouchehri fue especialmente crítico con ese vacío, señalando que tras meses de investigación «no apareció un solo antecedente que acreditara las hipótesis fantasiosas sobre conspiraciones políticas o intervenciones extranjeras», y que lo único que sí quedó en evidencia fue un sistema de inteligencia «mediocre y descoordinado». Esa misma falta de coordinación entre la Fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia es uno de los puntos que el informe final identifica como una de las principales fallas estructurales del Estado durante la crisis.

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Entre las cifras que recoge el documento destaca la dimensión de los daños materiales: de las 136 estaciones de Metro existentes en 2019, 77 presentaron algún tipo de daño y 20 fueron incendiadas, seis de ellas completamente. La estimación preliminar de las pérdidas por destrozos supera los 200 millones de dólares. El informe también propone fortalecer la implementación de la nueva Ley de Inteligencia, evaluar una reforma al rol del Consejo de Seguridad Nacional y restarle al Instituto Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar querellas, una recomendación que ya generó reacciones divididas dentro del propio sector gobernante.

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Frei, sin embargo, no es el único que ha calificado como insuficiente el resultado del trabajo parlamentario. Analistas y parlamentarios de distintos sectores han hecho notar que, a diferencia del informe de Verdad Histórica elaborado en 2021 durante la extinta Convención Constitucional, el documento de 2026 no fija una versión definitiva de los hechos ni identifica a ningún actor como responsable directo, quedando la investigación parlamentaria del 18-O cerrada sin autores comprobados.

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El rol de los expresidentes en el debate sobre el 18 de octubre

Las declaraciones de Frei se enmarcan además en un contexto donde los exmandatarios chilenos han ganado protagonismo en la discusión pública sobre seguridad, institucionalidad y reforma política, más allá de sus funciones oficiales. El propio Frei ha insistido en distintas instancias en que el país necesita avanzar en una reforma al sistema político y fortalecer sus capacidades de inteligencia frente al crimen organizado, materias que —según ha planteado— resultan indispensables para evitar que se repitan episodios como los de octubre de 2019.

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Cabe recordar que las apreciaciones de Frei y de otros actores políticos sobre eventuales responsables, instigadores o financistas del estallido social corresponden a interpretaciones y opiniones formuladas en el debate público, y no a conclusiones judiciales o penales firmes. El propio informe de la comisión investigadora reconoce expresamente que no logró individualizar responsables, por lo que cualquier atribución de autoría en este ámbito debe entenderse como una hipótesis política y no como un hecho jurídicamente establecido.

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Mientras el Congreso decide los próximos pasos respecto de las recomendaciones del informe —incluida la eventual reforma al INDH y al Consejo de Seguridad Nacional—, la discusión sobre lo ocurrido durante el 18-O seguirá abierta. Para figuras como Frei, la ausencia de una conclusión definitiva sobre los instigadores del estallido social deja pendiente una de las principales deudas de la comisión, en momentos en que el país continúa debatiendo reformas de seguridad y el rol del Estado frente a episodios de violencia masiva.

Fuentes: BioBioChile, Ex-Ante y La Tercera.