«Chile fue atacado por la espalda»: la demoledora tesis de Sergio Muñoz Riveros (ex comunista)

Sergio Muñoz Riveros no es un desconocido de la derecha buscando revancha histórica. Es un escritor y analista político que militó por décadas en el Partido Comunista, que vivió el exilio bajo la dictadura, y que esta semana se sentó frente a la comisión investigadora del Estallido Social en la Cámara de Diputados para decir algo que muchos en Chile sospechaban pero pocos con su biografía se atrevían a plantear con esa contundencia: el estallido social 2019 no fue una explosión social espontánea. Fue un ataque planificado, con financiamiento extranjero, ejecutado por una coalición de fuerzas político-delictivas.

Estallido Social 2019: Una comisión que trabaja sin ruido

Desde mayo funciona en la Cámara de Diputados y Diputadas una comisión investigadora encargada de esclarecer los hechos en torno al Estallido Social de 2019. Su tarea es doble: evaluar cómo actuó el Estado frente al vandalismo público, e identificar a los responsables políticos de una crisis que puso en jaque a la democracia chilena. A diferencia de otras instancias parlamentarias que copan portadas, esta comisión ha avanzado con relativo silencio mediático, pese a que las conclusiones que arroje podrían reescribir la historia oficial que se instaló tras el estallido social 2019 (18-O).

A esa sesión de este martes fue invitado Muñoz Riveros, quien llevó un documento escrito donde plasmó su lectura sobre las causas del estallido, quiénes lo provocaron, quiénes le echaron leña al fuego, y las consecuencias que Chile sigue pagando siete años después.

«Fue político, no social»

El diagnóstico central de Muñoz Riveros es un golpe directo al relato que domina desde 2019: que el estallido fue la explosión natural de un pueblo cansado de la desigualdad. Para el analista, esa lectura es, textualmente, «el relato indulgente». Su tesis es otra: el estallido social 2019 del 18 de octubre fue un ataque a mansalva contra la convivencia nacional, ejecutado por una coalición de fuerzas político-delictivas. Chile, dice, no estaba en crisis. Fue llevado a la crisis.

En esa misma línea, sostuvo ante los diputados que en la violencia participaron «delincuentes contratados», y que el ataque «no fue lateral, sino central». No fue un desborde marginal de encapuchados aprovechando una protesta legítima: fue, en su lectura, el eje mismo de lo ocurrido, un proyecto golpista urdido y organizado con apoyo de otro Estado.

El objetivo era Carabineros

Uno de los pasajes más duros del documento leído por Muñoz Riveros apunta directamente a la estrategia detrás de los disturbios. Según su relato, el primer paso del plan fue romper la legalidad en las calles para crear una situación de caos, lo que exigía golpear directamente a Carabineros y neutralizar su capacidad de asegurar el orden público. Las fuerzas policiales, dice, eran «el enemigo eran, sin duda, el enemigo a derrotar», en lo que calificó como «el sueño anarquista».

Esta afirmación cobra especial relevancia hoy, en momentos en que el país discute la reconstrucción de las capacidades operativas de Carabineros y enfrenta un clima de seguridad que muchos vinculan directamente a la debilitación institucional que dejó el estallido.

Venezuela y la «mano de obra de la destrucción»

El punto más explosivo de la comparecencia fue la afirmación directa de que el golpe principal contra Chile vino desde Venezuela. Muñoz Riveros fue categórico: sostuvo que la mano de obra de la destrucción y el pillaje estuvo compuesta por delincuentes contratados, elementos del lumpen, militantes de tribus anarquistas y sectores de izquierda entusiasmados con la posibilidad de asaltar el poder, pero que esas bandas —vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado— se pusieron al servicio de una fuerza mayor: un Estado con recursos suficientes para financiar la operación y con control sobre grupos delictivos dispuestos a ejecutarla.

El analista conectó explícitamente ese diagnóstico con las investigaciones en curso sobre el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ejecutado por sicarios del Tren de Aragua supuestamente pagados por Diosdado Cabello, figura clave del régimen chavista. Para Muñoz Riveros, esas pesquisas ya están aportando luces sobre lo que llamó «un capítulo negro de nuestra historia», del que todavía no se conoce toda la verdad.

Los «quintacolumnistas» de casa del estallido social 2019

Muñoz Riveros no exculpó a los actores políticos chilenos. Fue explícito al señalar que el Frente Amplio y el Partido Comunista —su propia colectividad de origen durante décadas— le echaron leña al fuego en 2019, alentando la irracionalidad y el vandalismo en un momento en que, según su lectura, el país ya estaba siendo agredido por el régimen chavista. A esos actores los calificó, sin matices, de «colaboradores nacionales» de una agresión externa: «rigurosamente, quintacolumnistas».

Sobre el comportamiento posterior de esos mismos sectores, fue igual de duro: acusó que hoy «ponen cara de inocentes», al igual que el resto de los partidos que pensaron que si Piñera caía el poder volvería a sus manos. Calificó esas muestras de deslealtad con la democracia como «vergonzosas».

La factura que Chile sigue pagando

Más allá de la dimensión política, Muñoz Riveros fue enfático en los costos concretos del estallido: basta ver el gráfico de cómo cayó la economía en noviembre de 2019 para dimensionar los daños causados, insistió, agregando que «aquello no tuvo nada de social». Miles de personas perdieron sus empleos, quebraron numerosas pequeñas empresas y se produjo una fuga de capitales vertiginosa. El resultado, siete años después, es un país que «resistió, pero quedó con una sociedad malherida y atemorizada», expuesta ahora a las formas más repulsivas del oportunismo político en tiempos de crisis.

¿Puede repetirse?

Consultado sobre si un episodio similar podría volver a ocurrir, Muñoz Riveros no descartó nada: después de lo vivido hace siete años, dijo, nada puede darse por sentado. Nadie imaginaba que Chile llegaría a ver iglesias incendiadas y un asalto salvaje contra la infraestructura del Metro, y sin embargo ocurrió. Su llamado fue a no repetir el error de creer que la violencia del estallido social 2019 fue una expresión legítima de lucha contra la desigualdad, y a defender la democracia sin vacilaciones si la historia amenaza con repetirse.

El testimonio completo de Sergio Muñoz Riveros fue leído ante la comisión investigadora del 18-O este martes 7 de julio del 2026 en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sus conclusiones se suman a un conjunto creciente de antecedentes que vinculan al Estallido Social 2019 con una operación de desestabilización financiada desde el exterior, en momentos en que la investigación del caso Ojeda continúa arrojando luces sobre el rol del régimen venezolano en Chile.