Sergio Muñoz Riveros no es un desconocido de la derecha buscando revancha histórica. Es escritor, columnista y analista político; militó por décadas en el Partido Comunista, fue preso político y vivió el exilio bajo la dictadura. El martes 7 de julio de 2026 se sentó frente a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el estallido 2019 para decir algo que muchos sospechaban, pero que pocos con su biografía se atrevían a plantear con esa contundencia: octubre de 2019 no fue una explosión social espontánea, sino una operación planificada y financiada desde Venezuela. A casi siete años de los hechos, pide que Chile abra una «investigación de Estado» sobre lo ocurrido.

Una comisión que trabaja sin ruido
Desde mayo funciona en la Cámara de Diputados y Diputadas una comisión investigadora encargada de esclarecer los hechos en torno al estallido social de 2019. Su tarea es doble: evaluar cómo actuó el Estado frente al vandalismo y la violencia, e identificar a los responsables políticos de una crisis que puso en jaque a la democracia chilena. A diferencia de otras instancias parlamentarias que copan portadas, esta comisión ha avanzado con relativo silencio mediático, pese a que sus conclusiones podrían reescribir la historia oficial que se instaló tras el 18-O.
A esa sesión fue invitado Muñoz Riveros, quien llevó un documento escrito con su lectura sobre las causas del estallido, quiénes lo provocaron, quiénes le echaron leña al fuego y las consecuencias que Chile sigue pagando.
Sergio Muñoz Riveros: «fue político, no social»
El diagnóstico central de Muñoz Riveros es un golpe directo al relato que domina desde 2019: que el estallido fue la explosión natural de un pueblo cansado de la desigualdad. Para el analista, esa lectura es, textualmente, «el relato indulgente». Su tesis es otra: el 18 de octubre fue un ataque a mansalva contra la convivencia nacional, ejecutado por una coalición de fuerzas político-delictivas. Chile, dice, no estaba en crisis. Fue llevado a la crisis.
En esa misma línea, sostuvo ante los diputados que en la violencia participaron «delincuentes contratados», y que el ataque «no fue lateral, sino central». No fue un desborde marginal de encapuchados aprovechando una protesta legítima: fue, en su lectura, el eje mismo de lo ocurrido.
El estallido 2019 como revancha: de Cúcuta al 18-O
Según reconstruye Muñoz Riveros, el origen de la ofensiva se remonta al 23 de febrero de 2019, cuando el presidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, y se reunió junto a Iván Duque con Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana. El objetivo era presionar para que se abriera la frontera y pudiera ingresar la ayuda humanitaria acumulada por distintos países. La frontera nunca se abrió y, desde ese momento, sostiene, el régimen chavista habría comenzado a preparar su respuesta contra quienes lo desafiaron.
Muñoz Riveros recuerda que tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro celebraron públicamente la violencia del 18 de octubre: uno hablando de una «brisa bolivariana» que llegaba al país, el otro invocando la figura de Salvador Allende. Para él, esas reacciones no fueron casuales, sino la confirmación de un plan que ya estaba en marcha. La premisa que subyace a toda su tesis es simple: se necesitaba mucho dinero para desestabilizar a Chile en la escala que se vio, y ese dinero no le faltaba al chavismo.
El objetivo era Carabineros
Uno de los pasajes más duros del documento apunta a la estrategia detrás de los disturbios. Según su relato, el primer paso fue romper la legalidad en las calles para crear una situación de caos, lo que exigía golpear directamente a Carabineros y neutralizar su capacidad de asegurar el orden público. Las fuerzas policiales, dijo, «eran, sin duda, el enemigo a derrotar», en lo que calificó como «el sueño anarquista».
La afirmación cobra especial relevancia hoy, cuando el país discute la reconstrucción de las capacidades operativas de Carabineros y enfrenta un clima de seguridad que muchos vinculan directamente con el debilitamiento institucional que dejó el estallido.
Venezuela y la «mano de obra de la destrucción»
El punto más explosivo de su comparecencia fue la afirmación de que el golpe principal contra Chile vino desde Venezuela. Muñoz Riveros sostuvo que la mano de obra de la destrucción y el pillaje estuvo compuesta por delincuentes contratados, elementos del lumpen, militantes de tribus anarquistas y sectores de izquierda entusiasmados con la posibilidad de asaltar el poder. Pero esas bandas —vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado— se habrían puesto al servicio de una fuerza mayor: un Estado con recursos para financiar la operación y control sobre grupos delictivos dispuestos a ejecutarla.
Como respaldo, destacó declaraciones de Cabello y Maduro formuladas en 2024, tras la muerte de Piñera, en las que acusaban al exmandatario de haber encabezado un intento de invasión a Venezuela, una acusación que nunca fue presentada formalmente ante organismos internacionales. Lo relevante, plantea, es que Cabello llegara a decir que Piñera había autorizado «cualquier cosa» contra su país: una frase que Muñoz Riveros lee como una confesión implícita.
Un Estado que no vio venir el golpe
Otro eje de su testimonio apunta a las fallas del aparato de inteligencia chileno. Muñoz Riveros sostiene que los organismos de seguridad fueron sorprendidos por completo, sin capacidad de anticipar lo que se preparaba ni de advertir la actividad que, según él, se desplegaba desde las embajadas de Venezuela y Cuba en Santiago. De ahí su llamado a fortalecer el sistema de protección de la seguridad nacional.
Su propia trayectoria le da, dice, una lectura particular de esos días: la certeza de que lo que ardía en las calles no era expresión espontánea de demandas sociales, sino la ejecución de un plan orientado a generar ingobernabilidad. Cita en ese sentido al entonces presidente del PC, Guillermo Teillier, pidiendo la renuncia de Piñera apenas un día después de iniciada la revuelta.
Los «quintacolumnistas» del estallido social 2019
Muñoz Riveros no exculpó a los actores políticos chilenos. Señaló que el Frente Amplio y el Partido Comunista —su propia colectividad durante décadas— le echaron leña al fuego en 2019, alentando la irracionalidad y el vandalismo cuando, según su lectura, el país ya estaba siendo agredido por el régimen chavista. A esos actores los calificó, sin matices, de «colaboradores nacionales» de una agresión externa: «rigurosamente, quintacolumnistas».
Sobre el comportamiento posterior de esos sectores fue igual de duro: acusó que hoy «ponen cara de inocentes», al igual que el resto de los partidos que pensaron que si Piñera caía el poder volvería a sus manos. Calificó esas muestras de deslealtad con la democracia como «vergonzosas». Y agregó que, salvo excepciones, tampoco un sector de la derecha respaldó a Piñera como correspondía.
El caso Ojeda como pieza del rompecabezas
Muñoz Riveros conecta directamente los hechos de 2019 con el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, opositor al chavismo y residente en Chile desde 2017, secuestrado desde su departamento en Santiago en febrero de 2024 y asesinado por un comando vinculado al Tren de Aragua. Según plantea, Ojeda fue víctima de una red que operaba con protección desde la propia embajada venezolana, entonces a cargo del embajador Arévalo Méndez, y las pesquisas del caso ya están aportando luces sobre lo que llamó «un capítulo negro de nuestra historia».
Para Muñoz Riveros, ese antecedente basta para que Chile no retome relaciones diplomáticas con Caracas «como si no hubiera pasado nada». Antes de cualquier normalización, plantea, debiera exigirse cooperación en el esclarecimiento del crimen, incluyendo a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
La factura que Chile sigue pagando
Más allá de la dimensión política, Muñoz Riveros fue enfático en los costos concretos: basta ver cómo cayó la economía en noviembre de 2019 para dimensionar los daños, insistió, y «aquello no tuvo nada de social». Miles de personas perdieron sus empleos, quebraron numerosas pequeñas empresas y se produjo una fuga de capitales vertiginosa. El resultado es un país que «resistió, pero quedó con una sociedad malherida y atemorizada».
¿Puede repetirse?
Consultado sobre si un episodio similar podría volver a ocurrir, no descartó nada: después de lo vivido, dijo, nada puede darse por sentado. Nadie imaginaba que Chile llegaría a ver iglesias incendiadas y un asalto salvaje contra la infraestructura del Metro, y sin embargo ocurrió. Su llamado fue a no repetir el error de creer que la violencia del estallido fue una expresión legítima de lucha contra la desigualdad.
El llamado final de Sergio Muñoz Riveros: una investigación de Estado
Muñoz Riveros es cauto respecto de los alcances de la comisión: reconoce que no cuenta con las facultades para desentrañar toda la trama de 2019, pero la considera un primer paso. Su expectativa es que, al cerrar sus labores, recomiende abrir una investigación de Estado sobre lo que denomina la «agresión venezolana», con la participación del Ministerio de Seguridad, la ANI y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las policías.
Su mensaje final es una advertencia sobre los costos de la debilidad institucional: la democracia no se defiende sola; siempre necesita defensores dispuestos a resistir, sin importar el origen de la amenaza.
Esta nota recoge los planteamientos de Sergio Muñoz Riveros en su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados (7 de julio de 2026), reportados por Las Últimas Noticias, y en entrevista con El Líbero. Se trata de su interpretación de los hechos de octubre de 2019, un episodio que sigue siendo materia de investigación y de lecturas distintas entre actores políticos, académicos y organismos del Estado.
LEER TAMBIÉN: ¿El estallido social en Chile realmente fue social? · Frei y el estallido que no fue espontáneo · Testigos falsos del 18-O: la denuncia del CDE
Esta nota recoge los planteamientos formulados por Sergio Muñoz Riveros en su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y en entrevista con El Líbero. Se trata de su interpretación de los hechos de octubre de 2019, un episodio que continúa siendo materia de investigación y de interpretaciones distintas entre actores políticos, académicos y organismos del Estado.
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