La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la mañana de este lunes a un funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, imputado por filtrar información a organización criminal a cambio de dinero. El caso, que estalló en pleno debate sobre el avance del crimen organizado en Chile, reabre la discusión sobre las brechas de seguridad al interior del propio Poder Judicial.
Según reconstruyó Radio Bío Bío, la detención se ejecutó en el domicilio del funcionario mientras este se encontraba en teletrabajo, en el marco de una orden judicial que además contempló allanamientos simultáneos en otras direcciones vinculadas al imputado.
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El modus operandi tras filtrar información a organización criminal desde un tribunal de Santiago
La causa se originó en una investigación de la Fiscalía Local de San Bernardo, a cargo de la fiscal Alejandra Vargas, que apuntaba contra una banda dedicada al narcotráfico en esa comuna. Durante las pesquisas, los persecutores detectaron un patrón inusual: los imputados parecían anticiparse a diligencias intrusivas antes de que estas se concretaran, lo que encendió las alarmas sobre una posible filtración interna.
El rastreo llevó a los investigadores hasta el funcionario del TOP de Santiago, a quien se le atribuye haber entregado antecedentes reservados de causas judiciales —incluyendo alertas sobre medidas intrusivas en curso— a integrantes de estructuras criminales a cambio de retribuciones económicas. De acuerdo con lo reportado por Cambio21, el imputado habría mantenido este esquema no solo con la banda de San Bernardo, sino también con otras organizaciones que lo contactaban para conocer si figuraban como imputados en alguna causa.
Allanamientos en el Centro de Justicia y cargos por cohecho
Detectives de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron con orden de entrada y registro hasta las dependencias del tribunal, ubicadas en el Centro de Justicia de Santiago. Debido a que el funcionario se encontraba trabajando de manera remota, en el recinto solo se incautaron equipos tecnológicos y documentación, mientras que las diligencias principales se concentraron en su vivienda y otros domicilios vinculados.
El imputado enfrenta cargos por cohecho, revelación de secreto y revelación de secreto conforme a la Ley 20.000, que sanciona las filtraciones vinculadas a investigaciones por narcotráfico. Entre los antecedentes reunidos por la fiscalía figuran registros de conversaciones directas entre el funcionario y miembros de la organización criminal, que habrían servido para acreditar el pago de sobornos a cambio de información privilegiada.
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Un flanco más para la agenda de seguridad del Gobierno de Kast
El episodio se conoce en un momento en que el Gobierno impulsa una batería de reformas para enfrentar al crimen organizado, entre ellas la megarreforma de seguridad y la Operación Cancerbero, que buscan cerrar espacios de impunidad a bandas narco y estructuras criminales transnacionales. Casos como este exponen, sin embargo, que parte del problema no está solo en las calles, sino también en la integridad de quienes administran justicia.
Este tipo de filtraciones no es un hecho aislado: en paralelo, el Ministerio Público investiga otras redes de corrupción vinculadas a funcionarios públicos, como la ofensiva desplegada contra bandas que operan al interior de recintos penitenciarios y servicios estatales. La preocupación de fondo es la misma: la capacidad del crimen organizado para infiltrar instituciones clave y neutralizar, desde adentro, las herramientas de persecución penal.
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La Fiscalía de San Bernardo continúa profundizando la investigación para determinar el alcance real de la filtración y si existen otros funcionarios judiciales o policiales comprometidos con el mismo modus operandi. Por ahora, el caso vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de blindar los sistemas de resguardo de información dentro del Poder Judicial, uno de los puntos más sensibles en la lucha contra el narcotráfico en Chile.
El caso también reabre el debate sobre los controles internos con que cuenta el Poder Judicial para blindar el acceso a expedientes sensibles. A diferencia de una policía o una fiscalía, los tribunales orales manejan información que, si se filtra a tiempo, puede echar por tierra meses de trabajo investigativo: basta con que una organización criminal conozca de antemano una interceptación telefónica o un allanamiento programado para que oculte pruebas, cambie de domicilio o alerte a otros integrantes de la red. Ese es, precisamente, el escenario que la Fiscalía de San Bernardo intenta reconstruir con el material incautado.
Para el Gobierno, que ha hecho de la seguridad y el combate al crimen organizado el eje de su agenda legislativa, este tipo de episodios funciona como un recordatorio incómodo: de poco sirven las reformas penales y el endurecimiento de penas si, en paralelo, existen fugas de información dentro del propio sistema de justicia que terminan beneficiando a quienes se busca perseguir. La discusión que se viene, dicen fuentes conocedoras del proceso, apunta a revisar los protocolos de acceso a causas reservadas en los tribunales orales en lo penal a nivel nacional.
Cabe recordar que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, el funcionario debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
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