Fiscal Angel Valencia: la reforma constitucional en seguridad da en el clavo

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró este lunes el ingreso al Congreso del proyecto de reforma constitucional en seguridad impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Tras la firma del proyecto, el jefe del Ministerio Público afirmó que la propuesta «pone las prioridades donde esperamos» en materia de persecución penal, aunque aclaró que la institución todavía no puede pronunciarse en detalle porque no conoce el texto definitivo de la iniciativa.

Fiscal Valencia respalda la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Ejecutivo

Según explicó Valencia, lo que se ha conocido hasta ahora a través de la prensa y de las declaraciones del gobierno apunta a «avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía». El fiscal nacional remarcó, sin embargo, que el Ministerio Público podría ser citado al Congreso una vez que el proyecto ingrese a tramitación formal, para abordar en detalle su contenido y sus implicancias institucionales.

La reforma constitucional se suma a un paquete de leyes que el Ejecutivo ha priorizado dentro de la ACOT, y que ya ha generado movimientos legislativos relevantes en las últimas semanas.

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Mayores atribuciones para las policías: el corazón de la propuesta

Uno de los puntos que más destacó el fiscal nacional fue la posibilidad de que el Ministerio Público delegue determinadas atribuciones en Carabineros y la PDI, otorgándoles mayores facultades de actuación autónoma. Según Valencia, este cambio permitiría respuestas más rápidas frente a hechos delictivos concretos.

«En caso de ser aprobado, permitirían que la Fiscalía, por ejemplo, delegue atribuciones a la policía para que tenga mayores atribuciones de actuación autónoma y, en consecuencia, podamos actuar con mayor rapidez que lo que muchas veces la ciudadanía espera y lo que la justicia también demanda y necesita para una mayor eficacia», sostuvo el fiscal nacional, según consignó BioBioChile.

La delincuencia organizada «también muta»: la advertencia del fiscal nacional

Valencia sostuvo que, si bien Chile cuenta hoy con un marco jurídico que permite al Ministerio Público desarrollar una persecución penal eficaz, ese sistema requiere actualizarse de manera constante frente a la evolución del crimen organizado. A su juicio, la legislación vigente ya no basta para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

«Hoy día tenemos un paquete de leyes, un sistema jurídico muy fuerte que nos permite una actividad eficaz, pero siempre esos sistemas son mejorables de la manera como nuestra legislación va mutando. La delincuencia organizada también va mutando y, en consecuencia, es importante contar con nuevas herramientas adecuadas a ese nuevo contexto», afirmó.

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El otro punto clave: qué pasará con los bienes incautados al crimen organizado

El fiscal nacional también abordó la propuesta relacionada con la administración y liquidación de bienes incautados a organizaciones criminales, un tema que el Ministerio Público ya había planteado en cuentas públicas anteriores. Según Valencia, el sistema actual genera pérdidas económicas relevantes para el Estado.

«Hoy tenemos un problema con la incautación, la administración y la liquidación de bienes que se decomisan a la delincuencia organizada, que se decomisan en el contrabando y hoy día, lamentablemente, por un sistema que no da ancho como consecuencia del cambio de contexto, a veces gastamos más dinero del que obtenemos como consecuencia de las incautaciones, producto de los gastos en aparcamiento, en bodegaje, etc.», detalló el fiscal nacional.

Por esa razón, Valencia celebró que el Ejecutivo haya incorporado esta materia dentro de sus prioridades legislativas y llamó a avanzar hacia una reforma integral del sistema de administración de bienes decomisados.

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Qué sigue: la tramitación en el Congreso

El respaldo del fiscal nacional se produce en un momento en que el gobierno busca acelerar la discusión legislativa de su agenda de seguridad, luego de meses de operativos policiales de alto impacto y de un intenso debate sobre el estado de la delincuencia organizada en el país. El Ejecutivo ha emplazado al Congreso a tramitar con rapidez el proyecto, en línea con el resto de las iniciativas incluidas en la ACOT.

El proyecto de reforma constitucional en seguridad deberá ahora iniciar su tramitación formal en el Congreso, donde se espera que tanto el Ministerio Público como las policías sean citados para exponer su visión técnica sobre los cambios propuestos.

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