La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que busca sancionar a quienes sean condenados por actos vandálicos e incivilidades cometidos en el marco de manifestaciones, tomas o desórdenes públicos. La votación se resolvió con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), con el respaldo cerrado de los partidos oficialistas.
¿Qué establece el proyecto de Registro Nacional de Vándalos?
La iniciativa, parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo ha empujado desde el inicio del actual gobierno, contempla la creación de un registro público de personas con sentencia judicial firme por actos vandálicos e incivilidades. Entre las consecuencias que arrastraría la inscripción en el registro se cuenta la restricción de acceso a beneficios financiados con recursos del Estado, como la gratuidad en la educación superior, subsidios habitacionales o la Pensión Garantizada Universal (PGU), dependiendo de la gravedad de la condena.
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El proyecto se enmarca dentro del conjunto de más de 30 iniciativas legislativas que integran la agenda de seguridad del Ejecutivo, y que el Gobierno adelantó como una de las promesas centrales del Plan de Seguridad anunciado desde los primeros meses de la administración Kast.
Votación en la Comisión de Seguridad: cifras y ausencias del Gobierno
Durante la sesión, la oposición cuestionó la ausencia del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y del titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuya asistencia era esperada por los parlamentarios de comisión. Pese a las críticas, el proyecto logró avanzar con los votos del oficialismo, quedando ahora fijado un plazo hasta el viernes 21 de agosto, a las 12:00 horas, para la presentación de indicaciones.
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Este trámite se produce apenas días después de que la Comisión de Seguridad Ciudadana concluyera un ciclo de audiencias con expertos y actores sociales, instancia en la que —según trascendió durante la discusión— ninguno de los 21 invitados manifestó respaldo pleno a la iniciativa tal como fue presentada originalmente por el Ejecutivo.
Críticas de la oposición y del Consejo de Rectores
El Registro Nacional de Vándalos también fue cuestionado la semana pasada por el Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH), cuyo vicepresidente ejecutivo, Osvaldo Corrales, sostuvo que no existe evidencia internacional que respalde la eficacia de restringir el derecho a la educación como herramienta para prevenir incivilidades. Parlamentarios de oposición han planteado además la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que la medida configuraría un «doble castigo» para quienes ya cumplieron condena penal.
En la misma línea, diputados como Jaime Araya y Tatiana Urrutia han cuestionado la falta de fundamentos técnicos de la propuesta y su eventual colisión con criterios recientes del Tribunal Constitucional sobre protección de derechos sociales.
Próximos pasos legislativos del Registro Nacional de Vándalos
Con la aprobación en general ya despachada, el proyecto entra ahora en la etapa de indicaciones, donde tanto oficialismo como oposición podrán proponer modificaciones al articulado antes de que la Comisión de Seguridad vote en particular. El Gobierno espera que la iniciativa se sume al conjunto de leyes de seguridad que buscan ser tramitadas antes de fin de año, en paralelo a otras reformas como la ACOT.
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El desenlace de este trámite será determinante para uno de los ejes más simbólicos de la agenda de seguridad del Gobierno, en momentos en que las encuestas han mostrado un respaldo mayoritario de la ciudadanía a este tipo de medidas restrictivas contra quienes participan en actos de violencia y destrucción de bienes públicos.
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