El Presidente José Antonio Kast condicionó la implementación de un estado de excepción acotado en barrios críticos a la aprobación previa de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), argumentando que los uniformados necesitan certezas jurídicas antes de cualquier despliegue en apoyo a las policías. La medida busca desplegar a las Fuerzas Armadas en sectores con alta incidencia delictual, pero el Mandatario insistió en que el proceso debe avanzar «paso a paso».
Desde Cali, Colombia, donde participa de una gira internacional, el jefe de Estado explicó este viernes que la participación del Ejército en tareas de orden público debe ser gradual y estar sujeta a resguardos legales precisos que diferencien sus atribuciones de las policiales. «Nosotros entendemos las funciones distintas de las Fuerzas Armadas y de las policías», afirmó, diferenciando los roles institucionales entre ambas ramas.
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Las Reglas de Uso de la Fuerza como requisito indispensable
El jefe de Estado hizo hincapié en que el avance de esta iniciativa depende directamente de la discusión parlamentaria sobre las Reglas de Uso de la Fuerza, marco normativo que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Según explicó Kast, el objetivo central es evitar contingencias legales para el personal militar desplegado en funciones de orden público interno, recordando antecedentes judiciales ocurridos en el país que marcaron la discusión sobre el uso de armamento estatal por parte de las Fuerzas Armadas.
«Hoy se está discutiendo en el Parlamento las Reglas de Uso de la Fuerza, está por salir esa normativa, eso va a dar una señal clara, pero vamos a ir paso a paso. No queremos que vuelva a ocurrir algo como lo sucedido en La Serena, donde un joven cumple condena habiendo sido voluntario del Ejército», advirtió el Mandatario.
Según detalló, ese joven, en una situación crítica, utilizó el arma de fuego que le entrega el Estado y provocó la muerte de un ciudadano ecuatoriano, mientras que quien terminó en prisión fue el propio soldado chileno. Este antecedente, remarcó Kast, es precisamente lo que busca evitarse con un marco normativo claro antes de ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
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Pavez respalda la iniciativa y apunta a la oposición
Al ser consultado por los cuestionamientos hacia la propuesta, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la iniciativa informada por el Mandatario, recordando que «han sido sectores políticos, fundamentalmente dirigentes municipales de la oposición, los que han pedido la presencia de mayor apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad».
«El Gobierno está jugando una opción audaz de proponerle al país el estudio, en nuestra institucionalidad constitucional, de un mecanismo permanente de ayuda a las policías cuando, a través de un estado de excepción constitucional nuevo y acotado, se requiera el apoyo -y no la sustitución de las tareas- de las Fuerzas Armadas», enfatizó la autoridad.
En esa línea, Pavez puntualizó que proponer «una colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías es algo que es del todo pertinente analizar», dejando entrever que el Ejecutivo continuará avanzando en la discusión legislativa pese a las críticas transversales que ha generado la propuesta.
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Respaldo parlamentario a la agenda de seguridad de Kast
Las declaraciones del Ejecutivo se producen tras el anuncio oficial de la agenda de seguridad presentada mediante cadena nacional, que ha marcado la discusión pública durante la última semana. Esta nueva agenda se enmarca dentro del conjunto de medidas que el Gobierno ha impulsado desde el inicio de su gestión para enfrentar el crimen organizado en el país.
En el marco de la delegación que acompaña al Mandatario en Colombia, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, manifestó su expectativa de que estas medidas cuenten con una amplia adhesión en el Congreso. Según se detalló, el parlamentario confía en alcanzar consensos transversales para tramitar la normativa de protección y atribuciones para las Fuerzas Armadas y de orden, en un contexto donde algunos sectores han cuestionado la pertinencia de la reforma.
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El debate sobre las Reglas de Uso de la Fuerza continuará en las próximas semanas en el Congreso, en momentos en que el Gobierno busca consolidar un marco jurídico que permita un despliegue militar acotado y seguro en los barrios más afectados por la delincuencia, sin repetir episodios judiciales que en el pasado terminaron perjudicando a los propios efectivos que actuaron bajo órdenes del Estado.
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