Nuevo estado de excepción en barrios: así operaría en Chile

El Gobierno confirmó que evalúa la creación de un nuevo estado de excepción en barrios específicos con altos índices de criminalidad, una figura constitucional inédita que quedaría bajo el mando de Carabineros, con apoyo directo de las Fuerzas Armadas. El anuncio se produjo horas después de que el Presidente José Antonio Kast expusiera en cadena nacional los ejes de su ofensiva contra la delincuencia.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó en entrevista con 24H que la idea es habilitar una herramienta «focalizada en determinados sectores o barrios en una ciudad», que a diferencia del actual estado de excepción de la Macrozona Sur no dependería del mando militar, sino que operaría bajo control policial con convenios de colaboración de las FF.AA.

¿En qué consiste el nuevo estado de excepción en barrios?

Según detalló Alvarado, la medida se activaría cuando ciertos indicadores objetivos —niveles de homicidios, presencia de crimen organizado o control territorial de bandas— justifiquen una intervención más profunda. Declarado el estado de excepción en barrios, las autoridades podrían adoptar medidas excepcionales, entre ellas restringir la libertad de circulación en los sectores afectados por un período determinado.

Esta figura se suma a las herramientas ya utilizadas por el Ejecutivo en su estrategia de seguridad urbana, que en los últimos meses ha incluido despliegues focalizados y planes operativos en comunas con alta incidencia delictual.

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Carabineros al mando, Fuerzas Armadas en un rol de apoyo

A diferencia de lo que ocurre en la Macrozona Sur —donde el estado de excepción constitucional pone a las Fuerzas Armadas al mando de la zona— el nuevo mecanismo invertiría esa lógica. Alvarado fue enfático en señalar que el control operativo recaería en Carabineros, mientras que las FF.AA. actuarían mediante convenios de colaboración, aportando capacidades logísticas y de despliegue sin asumir el mando de las operaciones.

Esta distinción busca evitar el debate político y jurídico que ha generado el uso prolongado de militares en el sur del país, donde la extensión reiterada del estado de excepción ha sido objeto de cuestionamientos por su costo y su efectividad real frente al crimen organizado.

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Blindaje jurídico para policías y militares

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, adelantó en declaraciones a Mega que la reforma constitucional en preparación también busca entregar mayor protección jurídica al personal policial y militar que actúe bajo estas figuras excepcionales. El objetivo, según el secretario de Estado, es que quienes cumplan su deber no terminen «siendo perseguidos por la justicia» a raíz de su actuación en terreno.

Arrau confirmó además que el proyecto de reforma constitucional sobre estados de excepción ingresará al Congreso en las próximas semanas, como parte de un paquete más amplio de iniciativas legislativas en materia de seguridad que el Ejecutivo prepara para el segundo semestre.

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El contexto: los primeros meses de la agenda de seguridad de Kast

El eventual estado de excepción en barrios se inserta en una agenda de seguridad que el Gobierno ha ido construyendo desde sus primeros días en La Moneda, con medidas que van desde operativos masivos de Carabineros hasta cambios en el régimen carcelario para bandas criminales. La discusión sobre nuevas atribuciones constitucionales para las policías y las Fuerzas Armadas ha sido, de hecho, uno de los ejes más recurrentes del primer semestre de gestión.

El propio ministro Arrau ha entregado balances periódicos sobre los resultados de esta estrategia, en un contexto donde la ciudadanía sigue situando la delincuencia como su principal preocupación, según sucesivas mediciones de opinión pública.

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Reforma constitucional: los próximos pasos

Aunque el anuncio de Alvarado y Arrau confirma que la propuesta aún está en fase de evaluación técnica, el Ejecutivo ya fijó un horizonte de tiempo concreto: el ingreso del proyecto de reforma constitucional se espera para las próximas semanas. La iniciativa deberá luego seguir su tramitación regular en el Congreso, donde se prevé un debate intenso sobre los límites del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, incluso en un rol de apoyo.

El resultado de esta discusión legislativa será clave para determinar si el estado de excepción en barrios se convierte en una herramienta permanente del combate a la delincuencia en Chile, o si termina limitado por el mismo tipo de objeciions jurídicas que hoy enfrenta el estado de excepción vigente en la Macrozona Sur.

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Para más detalles sobre los anuncios en materia de seguridad realizados por el Presidente Kast, puede revisarse la cobertura de La Tercera, que recogió en detalle las declaraciones de los ministros Alvarado y Arrau.