A siete años del 18-O, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aprovechó el aniversario del estallido social para lanzar un mensaje directo a los sectores que, a su juicio, justificaron la violencia de octubre de 2019. «La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país», sostuvo el secretario de Estado en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, según reportó La Tercera.
La frase no es casual. Llega en una jornada marcada por convocatorias a marchas en el centro de Santiago, un despliegue preventivo de Carabineros y un debate que, siete años después, sigue dividiendo a la clase política entre quienes ven en octubre de 2019 una revuelta legítima y quienes lo recuerdan como un episodio de violencia organizada que dejó cicatrices económicas e institucionales.
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Siete años del 18-O: el mensaje de Arrau a quienes justificaron la violencia
De acuerdo con lo informado por El Dínamo, el ministro afirmó que hoy existiría una mayor conciencia ciudadana sobre las consecuencias de legitimar la violencia como herramienta de presión política. Arrau vinculó además aquellos hechos con el escenario de incertidumbre económica que enfrentó Chile en los años siguientes, una lectura que coincide con la de diversos análisis que han revisado el costo del estallido.
El jefe de Seguridad Pública apuntó a la responsabilidad política de quienes, en su opinión, respaldaron o relativizaron saqueos, incendios y ataques a la infraestructura pública. Es una crítica que el oficialismo ha repetido en los últimos años y que el propio Presidente Kast ha planteado en distintas ocasiones, como cuando criticó al Partido Comunista por agitar las calles.
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La tesis de que octubre de 2019 no habría sido un fenómeno puramente espontáneo ha ganado espacio en el debate público. Voces como la del escritor Sergio Muñoz Riveros o el análisis de Brandon Judd sobre el rol de la izquierda han alimentado una revisión crítica de lo ocurrido, mientras el expresidente Frei incluso ha planteado la necesidad de una comisión del estallido social.
Despliegue de Carabineros para el aniversario
En materia operativa, Arrau confirmó que Carabineros dispuso planes de contingencia y un despliegue preventivo para enfrentar eventuales incidentes durante las manifestaciones convocadas este domingo 18 de octubre. El ministro recalcó que en Chile existe el derecho a manifestarse y a la libre expresión, pero advirtió que la policía uniformada actuará conforme a sus protocolos si se registran ataques a funcionarios o daños a la propiedad.
El énfasis en el orden público no es nuevo en la agenda del ministro. En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado iniciativas como el proyecto antibarricadas 2.0, el anuncio de un Rol Único de Vándalos y la urgencia al proyecto que sanciona los insultos a policías.
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El caso Maturana y la acusación de impunidad
Durante la entrevista, Arrau también abordó la libertad condicional concedida al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por el disparo de una bomba lacrimógena que provocó la pérdida de la visión de la actual senadora Fabiola Campillai. Consultado por las críticas que generó la decisión, el ministro descartó que el beneficio penitenciario constituya una situación de impunidad.
El tema de los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido sigue abierto. Desde sectores libertarios se ha presionado al Gobierno para que otorgue indultos a carabineros, mientras casos como la reincorporación de Claudio Crespo y la denuncia del CDE por testigos falsos en causas del 18-O mantienen viva la discusión judicial. Según La Tercera, La Moneda, a diferencia de los partidos oficialistas, no pretendía pronunciarse formalmente sobre la fecha.
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Qué dice la ciudadanía siete años después
Las palabras del ministro coinciden con una tendencia que se observa en las encuestas. Según el último sondeo de Criteria, un 59% de los consultados considera que el estallido fue más bien negativo para el país, frente a un 41% que lo evalúa de forma más positiva. Además, un 39% cree que fue la principal causa del aumento de la delincuencia (versus 45% en 2025), mientras un 44% lo ve solo como la expresión violenta de un grupo minoritario de extremistas.
Estos datos se suman a otros estudios que ya mostraban un creciente rechazo al estallido social según la UDD y una ciudadanía que hoy prioriza el orden, como reflejó la encuesta Criteria sobre seguridad y libertad.
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Una herida que no termina de cerrar
A siete años del 18-O, el estallido social sigue siendo un campo de disputa narrativa. Para el Gobierno, la lección es clara: validar la violencia tuvo un costo que el país todavía estaría pagando en inversión, seguridad y confianza institucional. Para la oposición, en cambio, la conmemoración mantiene vigentes las demandas sociales y las denuncias por violaciones a los derechos humanos, en medio de debates como la reforma al INDH impulsada por el Gobierno.
Lo que parece innegable es que el clima de opinión ha cambiado. Si en 2019 justificar la «primera línea» era rentable en ciertos sectores, hoy la condena a la violencia se ha vuelto casi un requisito para cualquier figura política que aspire a conectar con una ciudadanía cansada de la inseguridad. Arrau, con su frase, buscó instalar justamente esa idea: que la sociedad chilena ya habría sacado sus propias conclusiones.
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