Gobierno de Kast ingresa proyecto “Antibarricadas 2.0”: “Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta”

El Gobierno formalizó este lunes el ingreso al Congreso del proyecto Antibarricadas 2.0, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública que busca modificar el Código Penal para sancionar de manera más amplia el bloqueo de calles y la paralización del Metro. El ministro Martín Arrau defendió la propuesta con una frase que resume el espíritu de la agenda: «Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta».

A través de una publicación en X, Arrau explicó el alcance de la iniciativa: «Acabamos de ingresar nuestro proyecto de ley Antibarricadas 2.0. La señal es clara: modificaremos el Código Penal para abarcar las situaciones que no quedaron comprendidas en la ley, se acabó la impunidad para quienes bloquean calles, paralizan el Metro y vulneran la libertad de todos los chilenos». El ministro agregó que «en Chile, el orden, la seguridad y el derecho a circular libremente se respetan» y que «quienes pretendan imponer su violencia deberán responder ante la ley».

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¿Qué cambia con el proyecto Antibarricadas 2.0?

El texto ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados elimina el requisito de acreditar violencia o intimidación para perseguir penalmente a quienes interrumpan total o parcialmente la circulación en la vía pública o el funcionamiento de servicios de transporte, como el Metro de Santiago. Según el propio articulado, «el proyecto resuelve ambas limitaciones de manera directa y proporcionada», lo que —de acuerdo al Ejecutivo— permitirá una persecución penal más eficaz y oportuna frente a este tipo de conductas.

La iniciativa se presenta como complementaria a un proyecto que ya se tramita en el Senado para reforzar la seguridad del transporte subterráneo, y busca extender esa protección a toda la red de transporte del país. El Gobierno sostiene que la reforma cierra vacíos detectados a partir de la experiencia judicial de los últimos años, en particular en casos donde manifestantes bloquearon vías sin que se pudiera acreditar el uso de fuerza exigido por la legislación vigente.

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Antibarricadas 2.0 se suma a la agenda ACOT y a la reforma constitucional de seguridad

El ingreso de Antibarricadas 2.0 no fue un hecho aislado. El mismo día, el Ejecutivo presentó al Congreso otros dos proyectos vinculados a la agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de una reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública de 120 días, prorrogable por el Presidente José Antonio Kast y con posibilidad de nuevas extensiones con acuerdo del Congreso. Esa reforma contempla, entre otras medidas, la posibilidad de interceptar comunicaciones y desplegar a las Fuerzas Armadas en contextos de amenazas graves.

El paquete confirma la estrategia del Gobierno de avanzar en paralelo con distintos frentes normativos en materia de orden público, en un contexto donde la seguridad se mantiene como la principal prioridad ciudadana según las últimas mediciones de opinión pública.

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Un ministro con la seguridad como sello de gestión

Martín Arrau ha convertido el endurecimiento del marco legal en el eje de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública. El anuncio de Antibarricadas 2.0 se enmarca en una seguidilla de iniciativas que incluyen el megarreforma de seguridad y el núcleo de la agenda ACOT, así como el Registro Nacional de Vándalos, otra herramienta pensada para identificar y sancionar a quienes participan en hechos de violencia durante manifestaciones.

Fuentes de oposición han cuestionado en el pasado el enfoque punitivo de este tipo de proyectos, argumentando que restringen el derecho a manifestarse. El Gobierno, en cambio, insiste en que la distinción es clara: una cosa es protestar y otra distinta es bloquear vías públicas o paralizar servicios esenciales, conducta que para el Ejecutivo debe tener consecuencias penales concretas.

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Los próximos pasos del proyecto Antibarricadas 2.0 en el Congreso

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora deberá seguir su tramitación regular, donde se espera debate sobre el alcance de las nuevas sanciones y su compatibilidad con el derecho a manifestarse consagrado en la Constitución. El Ejecutivo confía en que la mayoría parlamentaria que ha respaldado otras iniciativas de la agenda de seguridad —como la megarreforma ACOT— también apoye este nuevo proyecto de ley.

Según consignó La Tercera, el texto plantea que los cambios permitirán una persecución penal «más eficaz y oportuna» frente a bloqueos de calles y del Metro. Por su parte, 24Horas detalló que la iniciativa elimina el requisito de acreditar fuerza o intimidación para perseguir penalmente este tipo de conductas, un cambio que el Gobierno considera clave para terminar con lo que califica como impunidad actual.