SE EMPEZÓ A DESTAPAR LA OLLA: exfuncionarias y profesores del Instituto Nacional involucrados con los overoles blancos

Tres sumarios administrativos instruidos en el Instituto Nacional entre 2023 y 2024 reavivaron la sospecha que por años circuló como un secreto a voces en los liceos emblemáticos de Santiago: que adultos ligados a partidos políticos de las propias comunidades educativas habrían colaborado con los overoles blancos Instituto Nacional, el grupo de encapuchados responsable de incendios, barricadas y ataques registrados dentro y fuera del establecimiento. Según antecedentes revelados por Reportajes de Teletrece, exfuncionarias y profesores habrían facilitado el reingreso de estudiantes tras los disturbios, alterado libros de clases y entregado ropa para evitar que los violentistas fueran identificados.

Los tres sumarios que destapan la trama de overoles blancos Instituto Nacional

El primero de los procesos investigados se remonta al 7 de septiembre de 2023, jornada marcada por un incendio al interior del recinto y por protestas que un día antes se habían trasladado hasta las afueras del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Según el expediente, la entonces rectora del establecimiento habría informado que ocho estudiantes fueron retenidos tras intentar ingresar en medio de los desórdenes, entre ellos un alumno de octavo básico que, de acuerdo con los testimonios recabados, habría vuelto a entrar al colegio con ayuda de una funcionaria.

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El caso conmocionó a la comunidad escolar luego de que el municipio de Santiago, bajo la administración del alcalde Mario Desbordes (RN), avanzara con sumarios y querellas por hechos que, según denunció el propio edil, habrían quedado congelados durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

Pilar Rojas: la exfuncionaria acusada de encubrir a un estudiante encapuchado

De acuerdo con el sumario, la funcionaria señalada como responsable de facilitar el reingreso del alumno es Pilar Rojas, quien se desempeñó como asistente de la educación en el Instituto Nacional entre julio de 2022 y octubre de 2024, hasta que fue destituida. Un testimonio incorporado al expediente sostiene que Rojas le habría cambiado la ropa al estudiante, conseguido un pase y lo habría hecho ingresar a la sala de clases, alterando posteriormente el registro de asistencia para que constara que había estado presente desde el inicio de la jornada.

Otras declaraciones apuntan a una relación más estrecha con los encapuchados: una funcionaria habría asegurado que, durante un incendio provocado dentro de Inspectoría, los overoles blancos conversaban con Rojas mientras ella «se tapaba la boca y les hablaba, como dándoles instrucciones». Al ser abordada por la prensa en el propio establecimiento, donde hoy mantiene un vínculo como apoderada de su hija, la exfuncionaria negó las acusaciones y las calificó de «rumores» y «comentarios asquerosos», asegurando que una demanda judicial ganada en su favor —en rigor, relacionada con una denuncia de acoso laboral y no con el sumario por los disturbios— respaldaría su reincorporación al plantel.

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Sussy Cartes y la entrega de ropa tras las «salidas incendiarias»

Un segundo sumario, iniciado en agosto de 2023, apunta a otra inspectora del establecimiento, Sussy Cartes, a quien testigos acusaron de entregar prendas a estudiantes después de las manifestaciones para que pudieran cambiarse antes de ser vistos por sus familias o por la policía. Una exfuncionaria declaró haber presenciado directamente cómo Cartes repartía ropa «en una salida incendiaria» y guardaba después los overoles utilizados por los estudiantes. El mismo testimonio agrega que un alumno habría comentado que la inspectora les aseguraba que no recibirían sanciones por participar en los desórdenes.

Consultada por Reportajes Teletrece, Cartes se negó a entregar su versión, mientras el sumario en su contra sigue en tramitación. Ninguna de las dos funcionarias ha sido formalizada por la Fiscalía, por lo que las imputaciones corresponden a testimonios de procesos administrativos internos, amparados por la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.

Los profesores de Educación Física y Filosofía investigados por elementos hallados antes de la visita de Boric

El tercer proceso, quizás el más mediático, se originó el 9 de agosto de 2024, un día antes de que el entonces presidente Gabriel Boric visitara el Instituto Nacional para conmemorar sus 211 años. Un funcionario habría observado a jóvenes retirando elementos desde dos vehículos estacionados en el recinto, autos luego asociados a una profesora del Departamento de Filosofía y a un profesor de Educación Física, coordinador de talleres deportivos. Al día siguiente, durante los preparativos de seguridad para la llegada del mandatario, se hallaron en el mismo sector elementos que la investigación busca determinar si corresponden a materiales utilizados en los disturbios.

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A raíz de estos antecedentes, ambos docentes fueron suspendidos de sus funciones mientras se tramita el sumario, que investiga una eventual falta grave a la probidad administrativa. El caso además llegó a tribunales luego de que la Municipalidad de Santiago presentara una querella por los hechos, en un contexto en el que la administración comunal ha intensificado la persecución de la violencia escolar mediante herramientas como los aumentos de penas para menores infractores impulsados desde el Ejecutivo.

Doce querellas y la incógnita sobre la reincorporación de las acusadas

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, entidad que desde 2024 administra los establecimientos municipales de la capital, ha presentado hasta ahora 12 querellas vinculadas a hechos asociados a los overoles blancos, según los antecedentes conocidos por la prensa. Pese a ello, persiste la incertidumbre sobre el destino administrativo de las funcionarias señaladas: mientras Rojas asegura que volverá a trabajar en el establecimiento amparada en un fallo judicial ajeno al sumario, Cartes continúa bajo investigación sin que se conozca una resolución definitiva.

El episodio se suma a un historial de violencia en liceos emblemáticos que el gobierno ha intentado abordar con una batería de medidas legislativas, desde la ley Antibarricadas 2.0 impulsada por el ministro Martín Arrau hasta los cambios en el tratamiento de menores juzgados como adultos en delitos de alta connotación pública. Para apoderados y exalumnos consultados por distintos medios, el caso confirma sospechas que circulaban desde hace años sobre un eventual «adoctrinamiento» al interior de estos establecimientos, mientras la comunidad escolar espera que los sumarios y las querellas en curso permitan establecer responsabilidades concretas.

Cabe reiterar que todas las personas mencionadas en este reportaje mantienen su derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, por lo que las acusaciones descritas corresponden a antecedentes recabados en sumarios administrativos y querellas aún en tramitación, sin que exista a la fecha una condena judicial en su contra.