Una nueva encuesta Criteria sobre seguridad y libertad confirma un giro profundo en las prioridades de los chilenos: la mayoría del país está dispuesta a ceder libertades individuales a cambio de mayor seguridad, y ese respaldo se combina con un fuerte apoyo ciudadano a las propuestas de seguridad impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.

Encuesta Criteria: seguridad y libertad, un dilema que ya no divide a Chile

Según el sondeo de Criteria correspondiente a agosto de 2026, un 73% de los encuestados prioriza la seguridad por sobre la libertad, frente a un 27% que se inclina por lo contrario. La cifra representa un salto respecto a 2022, cuando la brecha era de 68% contra 32%. El giro es transversal: incluso entre quienes se identifican con la izquierda, un 51% ya prioriza la seguridad frente a un 49% que aún privilegia la libertad, mientras que en el centro la relación es de 68% a 32% y en la derecha llega a 86% contra apenas 14%.
El resultado se da en un contexto de aprobación presidencial mixta: la misma medición de Criteria mostró que Kast subió un punto hasta 35%, mientras su desaprobación bajó tres puntos hasta 52%. Es decir, el respaldo a las medidas duras de seguridad crece con más fuerza que la aprobación personal del mandatario, un fenómeno que ya se había observado en la encuesta Criteria de julio, cuando la aprobación presidencial subió a 37%.
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Amplio respaldo ciudadano a la reforma de seguridad del gobierno de Kast
El segundo pilar de este cambio de humor social se refleja en el nivel de acuerdo con las propuestas concretas del plan de seguridad. De acuerdo con Criteria, un 94% de los encuestados aprueba aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos, la misma cifra que respalda tipificar la pertenencia a una organización criminal como delito con penas agravadas. Le siguen el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos (90%), un régimen penitenciario especial para narcotraficantes (84%), el refuerzo de fronteras con zanjas, drones y monitoreo (82%) y la protección legal a policías y militares en legítima defensa (75%).
Estos números son consistentes con lo que ya había registrado Cadem a comienzos de agosto: un 88% de respaldo a las penas por reclutamiento de menores y un 84% a mantener presencia policial permanente en barrios críticos. La convergencia entre ambas encuestadoras —pese a usar metodologías distintas— refuerza la lectura de que la ciudadanía chilena está alineada con el eje central de la agenda de seguridad del Ejecutivo.
Donde el consenso se debilita es en las medidas que tocan directamente libertades civiles. Según Cadem, solo un 49% aprueba restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios y un 41% respalda limitar la libertad de reunión, mientras que la creación de un nuevo estado de excepción constitucional en zonas específicas divide al país casi en partes iguales.
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Del discurso a la ley: cómo avanza la agenda de seguridad en el Congreso
El respaldo ciudadano llega en un momento clave para la tramitación legislativa. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por Kast en cadena nacional, ya avanza en el Congreso junto con otras iniciativas del paquete de seguridad, como el registro nacional de vándalos y las nuevas reglas de uso de la fuerza para las FF.AA. en barrios críticos. El plan se apoya en los siete ejes que el gobierno definió desde el inicio de su gestión, detallados en el plan de seguridad del gobierno de Kast.
La lectura política es clara: mientras la evaluación general del gobierno se mantiene ajustada, la ciudadanía parece dispuesta a otorgar un mandato amplio en materia de seguridad, incluso a costa de restricciones a libertades individuales que en otros contextos habrían generado mayor resistencia. La pregunta que queda abierta es si ese respaldo se sostendrá una vez que las medidas más duras —como los nuevos estados de excepción o las restricciones a la libertad de tránsito— comiencen a aplicarse en terreno.
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