Martín Arrau abre la puerta a modificar la reforma de seguridad en el Senado, mientras responde con dureza a los «opinólogos» que critican el proyecto

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abrió la puerta a «conversar» modificaciones a la reforma de seguridad que el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso, en momentos en que la iniciativa enfrenta una compleja negociación por los votos que necesita en el Senado. El secretario de Estado, eso sí, no se quedó callado ante las críticas y lanzó dardos a los «opinólogos» que, según su visión, emiten juicios apresurados sobre un proyecto que aún está en pleno trámite legislativo.

Según consignó Emol, Arrau ha sostenido reuniones semanales con parlamentarios oficialistas para revisar punto por punto el articulado. El senador Andrés Longton salió de uno de esos encuentros con una lectura auspiciosa: aseguró que existe disposición del ministro para que la reforma «no salga como entró» y que hay apertura a bajar la cantidad de días contemplados para el nuevo estado de excepción constitucional, así como a acotar las facultades de interceptación de comunicaciones que había generado más resquemores en la oposición y en parte del oficialismo.

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La apertura al diálogo llega en un momento delicado para la agenda de seguridad. Un reportaje de BioBioChile detalló que al Ejecutivo le faltarían al menos cinco votos para aprobar en general el proyecto en el Senado, donde se requiere un quórum de 29 senadores. Parte de la oposición ha llegado a comparar las atribuciones que la reforma entregaría al Presidente con un régimen de excepción permanente, mientras otros sectores piden simplemente ajustar plazos y alcances antes de hundir la iniciativa.

Arrau y los dardos a los opinólogos en medio de la reforma de seguridad

Frente al aluvión de críticas, Arrau ha recurrido a un estilo directo que ya lo caracterizó en otros pasajes de su gestión: relativizar el ruido de los «opinólogos» y de ciertos sectores políticos, apostando a que la evaluación de fondo se hará una vez que el articulado esté zanjado en el Congreso. El ministro habría insistido a los parlamentarios con los que se reunió en que buena parte de las críticas circulan antes de que el texto sufra las modificaciones que el propio Ejecutivo estaría dispuesto a incorporar, por lo que llamó a esperar el debate en particular antes de sacar conclusiones definitivas.

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El respaldo, sin embargo, no está garantizado. El apoyo del Partido de la Gente (PDG) fue clave para destrabar la megarreforma en la Cámara de Diputados, pero hoy no está asegurado para la agenda de seguridad, según reportó La Tercera. En paralelo, Arrau ha reforzado los contactos con el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, que ya cerró filas con la reforma constitucional, en un esfuerzo por asegurar el piso de votos que el proyecto necesita para no quedar archivado por un año.

Qué cambios evalúa el Gobierno a la reforma constitucional de seguridad

Entre los puntos que estarían sobre la mesa figura acortar la duración del estado de excepción constitucional que plantea la reforma, hoy pensado en torno a 30 días, además de precisar el alcance de la interceptación de comunicaciones para que no se preste a interpretaciones amplias. También se mantiene en discusión la nómina de organizaciones criminales, el nuevo delito de pertenencia a las mismas, las cárceles diferenciadas y la incautación de bienes, ejes centrales del proyecto que Arrau ha defendido como parte de la megarreforma de seguridad impulsada por el Gobierno.

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El propio ministro había anticipado en agosto que su meta es «llegar a los niveles anteriores al gobierno pasado» en materia de homicidios, según su entrevista con Diario Financiero. Esa promesa explica, en parte, la urgencia del Gobierno por sacar adelante la reforma constitucional antes de fin de año, aun cuando eso implique ceder en algunos de los puntos más resistidos por la oposición y por sectores del propio oficialismo.

La discusión en particular de la reforma se perfila como el próximo gran termómetro para Arrau, que deberá equilibrar la firmeza discursiva contra sus críticos con la capacidad real de negociar los votos que el proyecto necesita para no quedar en el camino. Por ahora, el ministro ha optado por combinar ambas cosas: mano tendida a los parlamentarios en las reuniones semanales de La Moneda y, puertas afuera, una defensa sin matices frente a los «opinólogos» que, a su juicio, opinan sin conocer el detalle de lo que se está negociando.