«Expertos» de la Elite proponen enfrentar el crimen organizado en Chile poniendo más telefonistas de emergencia

La columna publicada por los académicos Javier Couso (Universidad Diego Portales y Universidad de Utrecht) y Arturo Fontaine (UAI y Universidad de Chile) reavivó la polémica sobre cómo enfrentar al crimen organizado en Chile. Entre sus críticas a la reforma constitucional de seguridad, ambos plantearon que la prioridad debería ser aumentar la dotación policial y sumar más telefonistas de emergencia para atender los llamados de la ciudadanía. La frase, pensada como una alternativa «razonable» frente a un proyecto que califican de iliberal, terminó por evidenciar la distancia entre el diagnóstico de la elite académica y la urgencia que viven miles de chilenos que conviven a diario con la violencia del narcotráfico.

La propuesta de telefonistas de emergencia frente al crimen organizado

En su texto, titulado «Retiro del proyecto de reforma constitucional», Couso y Fontaine sostienen que la reforma impulsada por el Ejecutivo es «manifiestamente iliberal» porque permitiría decretar un estado de excepción de hasta 240 días sin autorización previa del Congreso, suspendiendo libertades como la circulación, la reunión y la inviolabilidad de las comunicaciones. Hasta ahí, el argumento jurídico es consistente con lo que Couso ha repetido en distintas entrevistas sobre la reforma constitucional en seguridad. El problema aparece cuando, en lugar de plantear alternativas legislativas concretas, los autores concluyen que «la gente quiere ver policías patrullando las calles, que la comisaría esté más cerca y haya más telefonistas atendiendo emergencias». Sí, telefonistas. La receta contra bandas armadas con fusiles de guerra se reduce, en la pluma de dos sociólogos con años de carrera universitaria, a contratar más personas para responder el teléfono.

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La sugerencia no es menor si se compara con el historial reciente de anuncios que la opinión pública ya catalogó como desconectados de la realidad. Los «megáfonos» que la entonces ministra Carolina Tohá propuso repartir a los vecinos para ahuyentar a la delincuencia quedaron, con esta columna, definitivamente superados como ejemplo de improvisación en seguridad pública. La diferencia es que aquella propuesta nació de una autoridad política bajo presión mediática, mientras que la de los telefonistas de emergencia proviene de dos académicos que se presentan como voces técnicas y serias en el debate constitucional.

Indolencia académica ante el crimen organizado

Lo más grave de la columna no es su frivolidad, sino la indolencia que revela. Ninguno de los dos autores enfrentará hoy en la noche balaceras a la salida de su casa, ni verá cómo una banda dedicada al narcotráfico controla el acceso a su barrio. Esa distancia explica por qué, mientras la encuesta Cadem sobre la reforma constitucional de seguridad muestra un respaldo mayoritario a medidas duras contra el crimen organizado, la respuesta de parte del mundo académico sigue centrada en tecnicismos y en soluciones administrativas que no dialogan con la urgencia ciudadana. La misma desconexión aparece en otros sondeos: la encuesta Criteria sobre el estado de excepción confirma que buena parte de la población está dispuesta a tolerar restricciones temporales de libertades si eso significa una respuesta efectiva frente a la violencia armada.

Couso y Fontaine tienen razón en advertir sobre los riesgos institucionales de una reforma mal diseñada, sobre todo en lo referido a facultades presidenciales sin contrapeso parlamentario. Ese es, de hecho, un debate legítimo que distintos constitucionalistas han sostenido públicamente frente a la tramitación de la reforma en el Congreso. El problema es la solución que ofrecen a cambio: más dotación policial es una demanda razonable y ampliamente compartida, pero reducirla a «más telefonistas atendiendo emergencias» convierte un problema de seguridad nacional en un asunto de call center.

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Lo que realmente necesita el combate al crimen organizado en Chile

El Gobierno ha intentado avanzar en una agenda distinta, con resultados dispares. La ofensiva legislativa contra el crimen organizado impulsada por el ministro Martín Arrau ha incluido megaoperativos, control fronterizo y una batería de proyectos de ley que buscan cerrar espacios a las bandas criminales sin depender exclusivamente de la reforma constitucional cuestionada. El propio balance de seguridad del ministro Arrau muestra que buena parte de los avances recientes se explican por coordinación operativa y no por cambios en la Carta Fundamental, algo que coincide parcialmente con lo que el propio Couso ha argumentado en distintas entrevistas al señalar que la Constitución actual ya permite perseguir a los líderes de bandas criminales.

El punto no es negar la relevancia de los infocentros de emergencia ni de una buena atención telefónica ciudadana. El punto es que reducir el debate sobre el crimen organizado a esa dimensión, en medio de una discusión sobre estados de excepción, facultades presidenciales y separación de poderes, revela una lectura empobrecida del problema. Chile necesita más policías en las calles, mejor tecnología de investigación criminal y una política carcelaria coherente, tal como se plantea en los distintos ejes del plan de seguridad del Gobierno de Kast. Los telefonistas de emergencia pueden ser parte de una solución administrativa, pero jamás la respuesta central frente a organizaciones criminales armadas que ya disputan el control territorial en varias comunas del país.

Al final, la columna de Couso y Fontaine deja una lección involuntaria: la frivolidad no está solo en la propuesta puntual, sino en la incapacidad de comprender que, mientras se discuten arreglos institucionales en seminarios y columnas de prensa, miles de chilenos siguen preguntándose cómo van a llegar sanos a su casa esta noche.