Aranceles a Chile: Cancillería cuestiona rol de Fundación Libera y Ecoceanos

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, cuestionó públicamente la participación de organizaciones no gubernamentales chilenas ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la investigación que derivó en la aplicación de un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones nacionales. La polémica reabrió, además, el debate sobre el financiamiento de este tipo de entidades y su rol en las relaciones comerciales del país.

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Aranceles a Chile: un «error» que preocupa al Gobierno

El canciller apuntó particularmente a las exposiciones realizadas por Fundación Libera y Ecoceanos, entidades que presentaron antecedentes ante la autoridad estadounidense sobre presuntas situaciones de trabajo forzoso en Chile, con foco en sectores como la salmonicultura y la agricultura. Según Pérez Mackenna, la actuación de estas organizaciones constituyó «un error», ya que las acusaciones planteadas no se ajustarían a los hechos.

La controversia por los aranceles a Chile se produce en un momento especialmente sensible para el sector exportador, que ya enfrenta un escenario económico complejo. Para entender el contexto más amplio de las finanzas públicas del país, puedes revisar nuestro análisis sobre el riesgo fiscal detectado por el Gobierno y cómo distintas cifras económicas han generado debate en el último tiempo.

La reunión con el sector exportador

Tras una reunión con gremios empresariales y junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, el ministro Pérez Mackenna sostuvo que la prioridad del país debe estar puesta en ampliar mercados y resguardar la capacidad exportadora, debido al impacto directo que esa actividad tiene sobre el empleo. La cita buscó coordinar una estrategia común frente a la medida adoptada por Washington, en medio de la preocupación por los efectos que podría tener el nuevo gravamen sobre distintos productos chilenos.

Puedes revisar la cobertura original de BioBioChile sobre la confianza empresarial en revertir la negociación para conocer en detalle las declaraciones de los gremios.

Las ONG en el centro de la polémica

La controversia se instaló luego de que representantes de la industria agrícola y salmonera criticaran la intervención de ambas ONG en las audiencias realizadas en Estados Unidos, acusando que sus planteamientos habrían perjudicado la posición chilena ante la USTR. Este episodio se suma a otras discusiones recientes sobre el rol de organizaciones sin fines de lucro en Chile, como la que abordamos en nuestro artículo sobre la auditoría a fundaciones impulsada durante la actual administración.

Desde Fundación Libera, en tanto, su presidenta Carolina Rudnick rechazó que la organización haya buscado dañar al país o promover la aplicación de aranceles. La entidad afirmó, en una carta enviada a El Mercurio, que su propuesta apuntaba a reemplazar ese tipo de medidas por un plan de acciones estructurales para abordar las denuncias sobre trabajo forzoso.

Si quieres profundizar en cómo se gestó esta disputa, te recomendamos revisar el reportaje de BioBioChile sobre las ONG chilenas que denunciaron ante Estados Unidos, así como nuestra cobertura previa sobre el alza de aranceles a Chile y la reacción del Gobierno de Boric.

El debate sobre el financiamiento de las ONG en Chile

El episodio ocurre mientras la Cancillería y representantes del mundo exportador buscan contener los efectos de la decisión estadounidense y evitar nuevas restricciones para los envíos nacionales. En paralelo, se reabrió el debate en el Congreso sobre la necesidad de conocer quién o quiénes aportan financiamiento a este tipo de organizaciones.

En Chile, la Ley 20.500 establece definiciones y mecanismos «para formar asociaciones de ciudadanos de interés público», y define las formas en que dichas entidades participan de la gestión de las autoridades públicas. El estatuto reconoce el derecho de las personas a «asociarse libremente en la persecución de fines lícitos» y el deber del Estado de apoyar esas iniciativas.

Por ello, un grupo de parlamentarios planteó un proyecto de ley —que avanzó hasta segundo trámite en 2023— para que las ONG transparenten el origen de sus recursos y también detallen sus citas y reuniones con autoridades. Diputados y senadores oficialistas ya han deslizado su intención de retomar este debate, en un contexto legislativo que también incluye otras discusiones relevantes, como la que puedes revisar en nuestra nota sobre la megarreforma que avanza en su comisión mixta.

Impacto en sectores exportadores clave

Los sectores de la salmonicultura y la agricultura, mencionados directamente en la investigación de la USTR, son pilares relevantes de las exportaciones chilenas. Este tipo de tensiones comerciales se suma a otros desafíos económicos que el país ha enfrentado recientemente, como el que se detalla en nuestro artículo sobre el auge del cobre y su relevancia para la economía nacional, un rubro que también depende en gran medida de la estabilidad en las relaciones comerciales internacionales.

La forma en que el Gobierno resuelva esta controversia podría marcar un precedente sobre cómo se relacionan las organizaciones de la sociedad civil con las negociaciones comerciales internacionales, un tema que seguiremos monitoreando en nuestras próximas coberturas.

Lo que viene tras la polémica por los aranceles a Chile

Mientras el Gobierno busca revertir o mitigar el impacto del arancel del 12,5%, el llamado del canciller a la unidad nacional frente al escenario comercial marcará las próximas semanas de negociación con Estados Unidos. La discusión sobre la transparencia en el financiamiento de las ONG, por su parte, promete convertirse en uno de los focos legislativos del segundo semestre, en línea con otros debates institucionales que hemos abordado en artículos como el de la reforma al INDH impulsada por el Gobierno.

Seguiremos informando sobre la evolución de este conflicto comercial y sus implicancias tanto para el sector exportador como para el marco regulatorio de las organizaciones sin fines de lucro en Chile.