El gobierno de Kast está comenzando a auditar el excesivo gasto de las universidades estatales

La Dirección de Presupuestos (Dipres) habría puesto en marcha una revisión más estricta sobre los estados financieros universidades estatales, en el marco de la política de auditorías que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast prometió aplicar a todo el aparato público. Según fuentes cercanas al proceso, el foco estaría en detectar endeudamiento excesivo, uso intensivo de factoring y desequilibrios patrimoniales que varias casas de estudio arrastran desde hace años.

El antecedente inmediato es el oficio circular N° 12 de la Dipres, mandatado por el Ministerio de Hacienda, que en marzo pasado instruyó a cada cartera y organismo del Estado identificar áreas de recorte presupuestario y eventuales usos irregulares de recursos. Ese mismo mecanismo habría servido de plantilla para exigir a las universidades del Estado mayor detalle sobre su situación contable, en momentos en que la discusión del Presupuesto 2027 se acerca y el Ejecutivo busca ordenar el gasto público.

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Qué busca Dipres en los estados financieros universidades estatales

El interés de Dipres no surge de la nada. Hace algunos meses, la Superintendencia de Educación Superior había entregado un informe sobre el delicado estado financiero de la Universidad de Aysén, que ya en 2022 registraba patrimonio negativo, mientras que la Universidad de Magallanes acumulaba pérdidas superiores a los $6.700 millones en un lustro. A nivel agregado, las 18 universidades estatales del país habrían destinado el año pasado cerca de la mitad de sus utilidades solo a costos financieros, una cifra que en Dipres consideran insostenible en el mediano plazo.

Parte del problema, según especialistas citados por medios económicos, radica en la normalización del factoring como mecanismo de financiamiento de corto plazo. Una universidad habría cubierto el 80% de su deuda del ejercicio anterior mediante este instrumento, destinando miles de millones solo al pago de intereses. Otra habría triplicado su deuda financiera de corto plazo en cinco años, superando los $21.000 millones. Estos antecedentes explicarían por qué Dipres decidió mirar con lupa los balances de las 18 casas de estudio adscritas al Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH).

El marco legal detrás de la fiscalización

La Ley de Presupuestos vigente autoriza a las universidades estatales a contraer empréstitos para capital de trabajo, remuneraciones, refinanciamiento de pasivos o proyectos de inversión, siempre que el stock de endeudamiento financiero no supere el cien por ciento del patrimonio de cada institución. Toda operación de este tipo requiere, además, la visación previa del Ministerio de Hacienda, que según la norma debe pronunciarse dentro de noventa días corridos tras recibir los antecedentes respectivos.

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Ese candado deuda-patrimonio es, precisamente, el indicador que Dipres estaría cruzando con los estados financieros que cada universidad presenta anualmente. Si el análisis confirma que alguna institución se acerca al límite legal, el organismo tendría atribuciones para condicionar nuevos empréstitos o exigir planes de ajuste antes de autorizar refinanciamientos adicionales, algo que, de concretarse, marcaría un giro respecto de la laxitud con que se habría fiscalizado este punto en administraciones anteriores.

Un Estado que busca «achicarse» y ordenar sus cuentas

La revisión a las universidades estatales se inserta en una estrategia más amplia del actual director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quien en su primera exposición ante la comisión especial mixta de Presupuestos adelantó que uno de los focos de la discusión del erario para 2027 será racionalizar glosas presupuestarias y fortalecer el control sobre el correcto uso de recursos en programas estatales. El propio Gobierno ha insistido en que la eficiencia del gasto público —y no necesariamente más impuestos— debe ser la vía para enfrentar las estrecheces fiscales heredadas.

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En ese contexto, no sorprende que las universidades del Estado —que reciben aportes basales, financiamiento de la gratuidad y garantías estatales para sus créditos— hayan quedado dentro del radar de Dipres. A diferencia de un ministerio o un servicio público tradicional, estas instituciones gozan de autonomía administrativa, lo que históricamente ha dificultado un seguimiento centralizado de su salud financiera. El propio marco presupuestario 2026 autorizó al Presidente de la República a otorgar garantía estatal a los créditos que contraigan las universidades y empresas públicas hasta por US$500 millones, un respaldo que, según críticos del sistema actual, incentivaría el endeudamiento si no va acompañado de controles más estrictos.

El telón de fondo: la estrechez fiscal de Chile

La mayor exigencia hacia las universidades estatales también debe leerse a la luz del complejo panorama fiscal que enfrenta el país. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre la persistencia del déficit estructural en los próximos años, mientras el Gobierno intenta cerrar brechas de financiamiento sin recurrir a alzas tributarias generalizadas. En ese escenario, cada peso comprometido en garantías o rescates