Después de 13 años de trámites, judicializaciones y vaivenes políticos, el proyecto minero-portuario más emblemático de la «permisología» chilena parece haber llegado a un punto de inflexión. El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, afirmó que la construcción de Minera Dominga ya está en marcha, luego de que la Corte Suprema ratificara la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que ampara la iniciativa. El anuncio reabre el debate sobre inversión, empleo y permisología en la Región de Coquimbo, justo en medio de la agenda de destrabe de proyectos que ha impulsado el Gobierno de José Antonio Kast.
Una construcción de Minera Dominga que arrastra 13 años de historia
El proyecto, emplazado en la comuna de La Higuera, inició su evaluación ambiental en 2013 bajo el alero de Andes Iron, sociedad controlada en un 80% por la familia Délano Méndez, con un 15% en manos de José Antonio Garcés Silva y un 5% repartido entre ejecutivos de la compañía. Desde entonces, Dominga ha pasado por el Comité de Ministros, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Primer y el Segundo Tribunal Ambiental, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el Tribunal Constitucional y, en reiteradas ocasiones, la Corte Suprema, en lo que distintos actores del sector han calificado como uno de los casos más icónicos de judicialización ambiental del país.
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El proyecto contempla una inversión que hoy se estima sobre los US$ 3.000 millones, muy por encima de los US$ 2.500 millones proyectados originalmente, y considera la extracción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto durante 22 años. Para echar a andar las obras, Andes Iron debió tramitar cerca de 700 permisos sectoriales, de los cuales alrededor de 200 resultan indispensables para las primeras faenas: caminos, cierres perimetrales y la instalación de campamentos, con un desembolso inicial cercano a los US$ 20 millones.
Impacto económico y expectativas para la Región de Coquimbo
Según cifras difundidas por la propia compañía, la fase de construcción del proyecto generaría cerca de 30.000 empleos directos e indirectos, con énfasis en la contratación local en La Higuera, una de las comunas con mayor rezago socioeconómico del país. Gremios como Corminco y CIDERE han valorado el eventual arranque de las obras como una señal de certidumbre para la inversión minera regional, en un contexto de precios altos para el hierro y el cobre a nivel global.
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El propio Ducci había anticipado este escenario en marzo, cuando durante su participación en la convención minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, en Toronto), sostuvo que la compañía esperaba «iniciar obras tempranas» durante este año, pese a los reveses judiciales que en ese momento enfrentaba el proyecto. El ejecutivo insistió en que Dominga representa «una inversión relevante para la Región de Coquimbo y para Chile», con capacidad de generar empleo y encadenamientos productivos en un país que, según remarcó, necesita proyectos de gran escala para dinamizar su economía.
Permisología y el rol del sector minero en la agenda de Kast
El eventual despegue de Dominga se produce en un momento en que la discusión sobre la permisología —los largos plazos que toman en Chile los proyectos de inversión para obtener autorizaciones— ha cobrado especial relevancia. El caso de Dominga, con 13 años de tramitación, se ha transformado en un símbolo de esa discusión, y el sector minero en general vive un ciclo de auge impulsado por la demanda de minerales críticos para la transición energética.
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No obstante el optimismo de Andes Iron, es importante consignar que el proyecto ha enfrentado un historial de fallos con resultados cambiantes: mientras la Corte Suprema ha fallado en más de una oportunidad a favor de la vigencia de la RCA, organizaciones ambientalistas y algunos parlamentarios han anunciado que continuarán agotando las instancias legales disponibles para frenar la iniciativa. Por tratarse de un proceso judicial y administrativo que aún registra recursos pendientes, las declaraciones del CEO de Andes Iron sobre el inicio efectivo de las obras deben entenderse en ese contexto de disputa que se ha extendido durante más de una década.
Con todo, si la construcción de Minera Dominga efectivamente avanza según lo anunciado por Ducci, el proyecto podría convertirse en uno de los mayores símbolos de la política de destrabe de inversiones que ha caracterizado a la actual administración —en la misma línea que otras iniciativas de infraestructura que el Gobierno ha buscado agilizar—, y en una prueba de fuego para la institucionalidad ambiental chilena de cara a los próximos años. La compañía mantiene información actualizada del proceso en su sitio oficial.
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