La publicación del Informe de Finanzas Públicas 2026 correspondiente al primer trimestre provocó un verdadero terremoto político luego de que se conocieran severas inconsistencias en las cuentas fiscales y un deterioro mucho mayor al proyectado en las finanzas del Estado chileno.
Durante el análisis realizado tras la difusión del informe, el periodista Juan Manuel Astorga afirmó que “el resultado es demoledor”, reflejando la gravedad de los antecedentes revelados y el impacto que podrían tener tanto en la economía como en la credibilidad institucional del manejo fiscal de los últimos años.
Las críticas rápidamente apuntaron hacia las principales autoridades económicas del gobierno del expresidente Gabriel Boric, particularmente al exministro de Hacienda Mario Marcel, al exministro de Economía Nicolás Grau y a la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez.
Diversos sectores políticos y analistas económicos sostienen que gran parte del actual descalabro financiero tendría su origen en las proyecciones excesivamente optimistas realizadas durante la administración anterior, además de un manejo fiscal que hoy es cuestionado por haber subestimado el déficit estructural y sobreestimado los ingresos permanentes del Estado.
En el caso de Mario Marcel, las críticas se centran en haber defendido durante años la supuesta solidez de las cuentas públicas mientras, según los cuestionamientos actuales, se acumulaban desequilibrios fiscales cada vez más difíciles de ocultar. Desde la oposición incluso acusaron que el exministro construyó un relato de responsabilidad fiscal que hoy se derrumba frente a las cifras del IFP.
Por otro lado, Nicolás Grau también ha sido apuntado por el bajo dinamismo económico registrado durante el gobierno anterior y por políticas que, según críticos, terminaron afectando la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, debilitando aún más la capacidad de recaudación del Estado.
A ello se suma el rol de Javiera Martínez al mando de la Dirección de Presupuestos (Dipres), organismo que hoy se encuentra en el centro de las críticas debido a las diferencias detectadas entre las proyecciones oficiales y la ejecución real de los recursos fiscales. Parlamentarios y economistas cuestionan especialmente los cálculos utilizados durante los últimos años y la falta de alertas oportunas sobre el deterioro de las cuentas públicas.
El informe también abrió un nuevo flanco político respecto a la transparencia en el manejo económico del gobierno anterior. Desde distintos sectores se acusa que existió una presentación demasiado optimista de la situación fiscal, mientras internamente ya existirían señales de deterioro que no fueron comunicadas con claridad al país.
En el Congreso, algunos parlamentarios incluso solicitaron evaluar responsabilidades políticas y administrativas por las inconsistencias detectadas, advirtiendo que el impacto podría extenderse durante varios años y limitar severamente la capacidad del Estado para financiar nuevas políticas públicas.
La publicación del IFP dejó instalada una sensación de preocupación en el mundo político y económico, mientras crecen las presiones para esclarecer cuánto del actual escenario fiscal corresponde a factores externos y cuánto sería consecuencia directa de las decisiones tomadas por las ex autoridades económicas del gobierno de Gabriel Boric.
Fuentes
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