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El Ministerio de Hacienda de Chile ha recalculado las proyecciones fiscales, revelando un déficit efectivo del 2,4% del PIB para 2026, en lugar del 1,8% previamente estimado, lo que podría aumentar a 2,9% sin medidas correctivas. Esta revisión se atribuye a supuestos inexactos sobre ingresos y gastos, incluyendo la ley de cumplimiento tributario que, en lugar de generar 0,7 puntos del PIB, solo aportará 0,1, resultando en una disminución de alrededor de US$ 2.000 millones. Además, se detectó un error en el cálculo de la deuda pública, que podría superar el umbral prudente del 45% del PIB, alcanzando un 46,5% en 2030. Las medidas adoptadas por Hacienda, como la ampliación del impuesto al diésel y ajustes significativos en el gasto público, buscan contener este déficit, mientras que la revisión ha generado presiones políticas sobre la Dirección de Presupuestos y ha suscitado una investigación administrativa para esclarecer las inconsistencias. La situación fiscal más deteriorada podría impactar la confianza y la sostenibilidad fiscal del país.
El Ministerio de Hacienda de Chile ha recalculado las cifras fiscales heredadas, revelando un déficit efectivo del 2,4% del PIB para 2026. Sin medidas correctivas, el déficit habría alcanzado el 2,9%. La deuda pública también superaría el umbral prudente del 45% del PIB desde 2028.
Correcciones revelan un déficit mayor y deuda pública sobre el umbral prudente.
Revisión del déficit fiscal y sus implicancias
El reciente Informe de Finanzas Públicas reveló que el déficit fiscal efectivo para 2026 se estima en 2,4% del PIB, en contraste con el 1,8% reportado anteriormente. Esta revisión se debe a supuestos poco realistas en ingresos y gastos. La Ley de Cumplimiento Tributario, que se esperaba generara 0,7 puntos del PIB, solo aportará 0,1 puntos, reduciendo los ingresos en cerca de US$ 2.000 millones.
El gasto proyectado para 2026 ahora asciende a $87.550.259 millones, equivalente a 24,1% del PIB. Este aumento refleja presiones heredadas, como la ley de reajuste del sector público y gastos en servicios como Fonasa. Estos ajustes habrían elevado el déficit a 2,9% del PIB sin las medidas correctivas implementadas.
Para reducir el déficit a 2,4%, Hacienda ha adoptado medidas como la ampliación del impuesto al diésel y un ajuste de US$ 2.000 millones en el gasto público. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para reducir el gasto en US$ 6.000 millones durante el período de gobierno.
Errores en la deuda pública y sus consecuencias
Hacienda detectó una inconsistencia aritmética en el cálculo de la deuda pública futura, que llevaría a superar el umbral prudente del 45% del PIB. La revisión mostró que la deuda bruta del Gobierno Central pasaría de 41,5% del PIB en 2025 a 46,5% en 2030.
La diferencia en las cifras de deuda se originó en el cuarto trimestre de 2025, bajo la administración de Nicolás Grau y Javiera Martínez. La deuda estaba subestimada en cerca de US$ 10.500 millones, lo que afecta las estimaciones de pago de intereses y la trayectoria de deuda.
Hacienda ha iniciado una investigación administrativa para determinar las causas de estos errores. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido notificado, y el Gobierno busca recuperar la confianza en las cifras fiscales.
Impacto político y económico de las correcciones
Las correcciones en las cifras fiscales tienen implicancias técnicas y políticas significativas. Un déficit más alto y una deuda pública sobre el umbral prudente reducen los espacios fiscales del Gobierno y encarecen el pago de intereses.
Políticamente, Hacienda sostiene que la situación fiscal heredada es más deteriorada de lo informado. Esto pone presión sobre la Dirección de Presupuestos y podría abrir un flanco político para el exministro Nicolás Grau, con posibles repercusiones en el Congreso.
El crecimiento económico también se revisó a la baja, con una expansión estimada en torno al 2% para 2026. Esto implica menores ingresos tributarios y mayores desafíos para cumplir las metas fiscales.
Perspectivas
Las revisiones fiscales realizadas por Hacienda subrayan la necesidad de una estrategia de consolidación más exigente para asegurar la sostenibilidad fiscal de Chile. Las medidas adoptadas buscan corregir el déficit y mantener la deuda pública dentro de límites prudentes. Sin embargo, el impacto político de estas correcciones podría influir en futuras decisiones gubernamentales y políticas fiscales.
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