El yerno de Campillai vuelve a poner a la senadora Fabiola Campillai en el centro de la polémica, y esta vez el problema no es un discurso ni una votación: es una nómina de pago. Un reportaje de Tele13 destapó que su yerno, Gerard Cortés Guerrero, trabajó como chofer de su equipo parlamentario entre abril y mayo de este año, financiado con cargo a la asignación de personal de apoyo del Senado. El detalle que enciende las alarmas: Cortés mantiene una causa vigente por amenazas de muerte y lesiones —contra una hija de la propia senadora— y registra vínculos familiares con uno de los imputados por el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo.
Según los registros del portal de Transparencia del Senado, Cortés recibió $1.000.000 en abril y $1.589.971 en mayo, es decir, más de $2,5 millones en dos meses de trabajo. La cifra no es menor si se considera que provino de recursos públicos destinados específicamente a financiar el trabajo legislativo, y no el entorno familiar de la parlamentaria.
Campillai salió a explicar que su yerno fue apenas «un reemplazo» y que desconocía por completo sus antecedentes judiciales al momento de contratarlo, asegurando que ningún certificado los reflejaba. «De haberlo sabido, esta contratación nunca se habría ejecutado», declaró. El problema es que esa defensa, lejos de cerrar el caso, abre una pregunta incómoda: ¿qué tan rigurosos son los filtros de contratación en el Senado cuando se trata del círculo cercano de sus propios miembros?
La oposición no dejó pasar la oportunidad
Las reacciones desde la derecha fueron inmediatas y duras. El diputado libertario Pier Karlezi fue el más frontal: acusó a la senadora de operar bajo una lógica de impunidad selectiva, sosteniendo que «cuando la senadora Campillai infringe la ley y los reglamentos, parece que nadie la puede tomar como culpable» y cuestionando que no conociera el prontuario de su propio entorno familiar.
Desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Meza apuntó al daño institucional: este tipo de episodios erosiona la confianza ciudadana en el Congreso, no solo por tratarse de una persona investigada penalmente, sino por su cercanía familiar directa con una parlamentaria en ejercicio. Su par Felipe Ross fue más allá y exigió explicaciones a la secretaría del Senado, contrastando los laxos filtros de la Cámara Alta con los «sumamente estrictos» controles que —según afirmó— sí se aplican en la Cámara de Diputados a la hora de pedir certificados de antecedentes.
El trasfondo: cómo llegó el yerno de Campillai al Senado
Más allá del caso puntual, el episodio reabre el debate sobre cómo se administran las asignaciones parlamentarias. La de personal de apoyo tiene un tope mensual de $11.406.149, repartido entre todo el equipo contratado por cada senador, y en teoría exige rendición y publicación transparente de cada peso gastado. Pero si un contrato como el de Cortés pudo pasar sin que se detectaran antecedentes judiciales activos —incluyendo una causa que involucra directamente a la familia de la contratante—, la pregunta de fondo es si el sistema de control es realmente un control o solo un trámite administrativo.
Campillai ya no cuenta con Cortés en su equipo: la relación laboral, según cercanos a la senadora, se extendió del 1 de abril al 21 de mayo (sin embargo según la planilla recibió sueldo en Junio 2026). Cuando la pregunta se traslada al manejo de sus propias contrataciones, el estándar que ella misma ha exigido a otros se le vuelve en contra.
Algo no cuadra bien con este caso o algo nos están ocultando
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