El yerno de Fabiola Campillai es el protagonista de un reportaje exclusivo de T13 Central, emitido este lunes en el marco de #ReportajesTeletrece, que destapó un antecedente que golpea directamente la coherencia discursiva de una de las figuras más simbólicas del Congreso: la senadora independiente Fabiola Campillai contrató, con cargo a asignaciones parlamentarias, a su propio yerno como chofer personal. El hombre, identificado por el reportaje como Gerard Cortés, no solo arrastra antecedentes penales y un juicio pendiente por amenazas, sino que además es sobrino del principal imputado en el crimen que enlutó a todo Chile hace apenas unas semanas: el robo con homicidio del pequeño Alejandro Águila, de 12 años, arrastrado más de tres kilómetros durante una encerrona en San Bernardo.
Un parentesco que nadie vio venir
Según reconstruyó T13, el vínculo familiar de Cortés es con el menor de 17 años que conducía el vehículo utilizado en la fatal encerrona de junio pasado, uno de los cinco detenidos por el crimen que conmocionó al país. Ambos —yerno de la senadora e imputado menor de edad— residirían en la misma población, Cinco Pinos de la comuna de San Bernardo.
La ironía es difícil de pasar por alto: fue la propia Campillai quien, en su momento, condenó públicamente el crimen de Alejandro Águila, sin que —aparentemente— supiera entonces que su propio yerno, funcionario remunerado con platas públicas del Senado, era pariente directo de uno de los presuntos responsables.
Una contratación bajo un marco de excepción
La contratación de familiares directos como personal de apoyo de Campillai no es nueva ni, en sí misma, irregular: el Senado modificó su reglamento específicamente para permitirle emplear a personas de máxima confianza —dada su condición de discapacidad visual, producto del disparo de una bomba lacrimógena en 2019— como chofer y asistente personal. Hasta ahora, ese rol de chofer había sido ejercido públicamente por su esposo, Marco Cornejo. El reportaje de T13 revela que, en paralelo o posteriormente, su yerno Gerard Cortés también fue incorporado a la nómina de personal de apoyo pagado con asignaciones parlamentarias.
El problema no es la existencia de la norma de excepción —pensada legítimamente para garantizar la autonomía funcional de una parlamentaria con discapacidad—, sino la ausencia de un filtro mínimo de idoneidad: una persona con antecedentes penales y un juicio abierto por amenazas terminó administrando fondos públicos como funcionario del Congreso, sin que existiera, al parecer, ningún control ni transparencia sobre su historial. ¿Sabía Campillai de todo esto?
Lo que Campillai sí debía saber
Dejemos de lado, por un momento, si la senadora conocía o no el parentesco específico de su yerno con uno de los imputados por el crimen de Alejandro Águila. Esa es la pregunta cómoda, la que le permite a Campillai refugiarse en la casualidad. La pregunta incómoda —la que realmente importa— es otra: ¿sabía Campillai que el hombre al que subió a la planilla del Senado, con platas de todos los chilenos, arrastraba antecedentes penales y enfrentaba un juicio por amenazas? Porque no hablamos de un funcionario contratado a través de un concurso público, sometido a filtros y verificaciones. Hablamos de su yerno. De alguien con quien comparte mesa, familia y, hasta donde se sabe, absoluta confianza por la relación CON SU PROPIA HIJA.
Es sencillamente inverosímil pensar que una suegra ignore que su yerno tiene una causa judicial abierta por amenazas. Y si efectivamente lo sabía —como parece lo más razonable de asumir— y aun así decidió ponerlo a cargo de su seguridad personal y su traslado diario, financiado con asignaciones parlamentarias, entonces la contratación deja de ser un descuido administrativo y pasa a ser una decisión consciente de anteponer el vínculo familiar por sobre el mínimo criterio de idoneidad que debería exigirse a cualquier persona que administra fondos públicos. No hay reglamento del Senado, por más flexible que sea con el personal de confianza de una parlamentaria en su situación, que justifique blindar de escrutinio a un familiar con antecedentes penales solo por ser familiar. Campillai le debe una explicación al país, no una excusa.
Espero que Campillai no crea que los Chilenos son tontos
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