Contratos estatales Camila Vallejo: La empresa oftalmológica de Andrea Colomba San Martín Palma, suegra de la exministra Camila Vallejo, obtuvo contratos por más de $2.156 millones del Hospital Herminda Martín de Chillán durante los últimos 15 años, sin que Vallejo declarara estos vínculos familiares en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). El caso tuvo un giro revelador: la exministra rectificó el documento el mismo día que El Líbero la contactó para consultarle sobre la omisión, a más de dos meses de haber dejado el cargo. A pesar de ello, Vallejo no reconoció públicamente haber incumplido la ley.
La Investigación que Desató el Escándalo
El 15 de mayo de 2026, El Líbero publicó un reportaje que sacudió el cierre del gobierno Boric. Según datos extraídos de la plataforma Mercado Público, entre el 28 de mayo de 2011 y el 13 de febrero de 2026, la sociedad Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada acumuló 299 boletas aceptadas por un total de $2.156.918.205. De ese monto, $1.209.142.236 corresponden a 53 boletas emitidas durante el gobierno del Presidente Boric. Radioangelina
La sociedad de servicios médicos oftalmológicos, creada en 2003, pertenece a la doctora Andrea Colomba San Martín Palma, suegra de la exvocera Camila Vallejo, y a sus dos hijos Claudio Zicavo San Martín y Valeria Zicavo San Martín, además de su esposo Osvaldo Aguiló Melo. Hasta 2018 también era socio Abel Ernesto Zicavo San Martín, con quien Vallejo contrajo matrimonio el 13 de febrero de 2023. Ex-Ante
En otras palabras: el marido de la exministra fue socio de la empresa familiar hasta cinco años antes de que ella asumiera como titular de la Segegob. Un detalle que hace aún más difícil de sostener el argumento de que no había nada que declarar.
Lo Que la Ley Exigía y Lo Que Vallejo Omitió
Las declaraciones de Vallejo no habrían incluido a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública exige a las autoridades informar sobre sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, categoría que comprende expresamente a suegros y cuñados. VLN Radio
La publicación sostiene que la exministra sí declaró a sus padres, hijos, hermanos, cónyuge y a uno de sus cuñados, lo que descarta una omisión por desconocimiento del sistema: sabía cómo llenarlo. El Mostrador
Vallejo no declaró en ninguna de sus declaraciones juradas de patrimonio e intereses —la última presentada fue el 31 de marzo de 2026 con motivo del cese de funciones— los nombres de su suegra y sus cuñados, pese a que está señalado expresamente en la legislación. Ex-Ante
El Giro: Rectificación el Mismo Día del Contacto Periodístico
Este es el dato que define el caso. Según confirman desde la Contraloría General de la República, la exministra hizo una modificación en su declaración el mismo día que El Líbero la contactó para la investigación que daba cuenta de los $1.209 millones que facturó al Estado la sociedad de su suegra y sus cuñados. A pesar de que la Ley 20.880 obligaba a la exsecretaria de Estado a publicar los nombres de esos familiares en su Declaración de Intereses y Patrimonio, ella nunca lo hizo mientras ejerció como titular de la Segegob. El Líbero
Vallejo, militante del Partido Comunista, sostuvo que las licitaciones adjudicadas a la sociedad familiar se encontraban en regla. Sin embargo, nunca abordó directamente el punto de fondo: la omisión de su suegra y cuñados en su Declaración de Intereses y Patrimonio, así como el hecho de haber dejado en blanco el apartado «Otras fuentes de conflicto de interés», al final del formulario. Pese a no reconocer públicamente irregularidades, la exministra rectificó su DIP e incorporó la información faltante. El Mostrador
La comparación que hacen varios medios es inevitable: tal como ocurrió con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia —quien pagó su deuda morosa con el Fondo Solidario solo después de ser consultado por Mega—, Vallejo corrigió su Declaración de Intereses solamente tras ser requerida por la prensa. El patrón se repite: en Chile, la transparencia no se ejerce, se arranca. El Mostrador
El Rol de Raúl San Martín Geisse: Primo, Jefe de Servicio y Subcontratado
El reportaje también detecta situaciones llamativas en las licitaciones adjudicadas. Raúl San Martín Geisse, jefe del Servicio de Oftalmología del hospital, figura en algunas licitaciones ganadas por la sociedad como parte de la comisión evaluadora, y en otras aparece como «prestador subcontratado». Además, ambos médicos son socios a través de sus respectivas sociedades familiares en la empresa «Oftalmología e Inversiones S.A.», y los certificados de nacimiento revisados por el medio indican que sus padres comparten ambos apellidos: San Martín González. Radioangelina
De las 29 licitaciones que El Líbero revisó, en 15 de ellas Raúl San Martín Geisse figura como médico subcontratado por la sociedad de su prima para ejecutar los servicios que ella gana mediante licitación, todo esto en el mismo hospital donde él trabaja como funcionario. El Líbero
El hospital ha reconocido la situación, pero la justifica: en sus dictámenes internos señala que, si bien existe prohibición de suscribir contratos administrativos con personal del mismo organismo, esto se permite en circunstancias excepcionales para no afectar los tratamientos de los pacientes, y que para prevenir conflictos de interés el jefe de oftalmología no debe desempeñar ningún rol técnico en las evaluaciones. Que figure de igual forma en las comisiones evaluadoras es un detalle que el hospital no explica. Ex-Ante
La Respuesta del Hospital: Todo Legal, Nada Irregular
El Hospital Clínico Herminda Martín sostuvo que «las compras se realizan a distintos proveedores, como sociedades médicas o personas naturales, que oferten en dichos procesos de licitación y cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas y técnicas», y enfatizó que «la Ley de Compras Públicas establece reglas, límites y controles para que las contrataciones no dependan de decisiones arbitrarias». La Discusión
La defensa es técnicamente válida: no hay evidencia de que los contratos hayan sido manipulados. El problema no es si el hospital violó la ley de compras; es si Vallejo violó la ley de probidad al omitir un vínculo que la misma ley le ordenaba declarar. Son dos cosas distintas, y mezclarlas es exactamente lo que le conviene a la defensa de la exministra.
La Voz del Experto: Jaraquemada y el Deber Incumplido
El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, fue categórico: Vallejo incumplió su deber legal al no declarar los vínculos familiares. La obligación no era voluntaria ni interpretable. La Ley 20.880 establece que los funcionarios deben declarar los vínculos que puedan generar conflictos de interés, incluyendo a familiares, socios comerciales o personas cercanas vinculadas con el ejercicio de sus funciones. No se trata de un tecnicismo menor: es la arquitectura básica de la probidad pública. ASOMED HJSD
Antecedentes: Una Familia con Historia en el Servicio Público
Andrea Colomba San Martín es médico cirujana con formación en Chile y Cuba, con larga trayectoria en el sistema público de salud de la región del Biobío. Su familia tiene antecedentes de exilio en Cuba durante la dictadura, y su padre trabajó en el Ministerio de Educación durante el gobierno de la Unidad Popular. Además, San Martín es cuñada del exdiputado Sergio Aguiló, con quien comparte una empresa de exportación de trufas.
La exministra señaló en su cuenta de X que «la sociedad a la que se refieren lleva más de 17 años participando en licitaciones públicas, incluso durante el gobierno del expresidente Piñera», buscando descomprimir el tema al distribuir la responsabilidad en el tiempo. El argumento tiene un problema: que la empresa haya operado siempre con apego a la ley de compras no cambia que ella, como ministra, tenía la obligación de declarar el vínculo. Ex-Ante
Conclusión
Este caso no se trata de si la doctora Andrea San Martín prestó buenos servicios oftalmológicos al sistema público —seguramente sí los prestó. Se trata de algo más simple y más grave: una ministra de Estado que, durante cuatro años, dejó en blanco el nombre de su suegra en el formulario de probidad que la ley le obligaba a completar, y que solo lo corrigió cuando un periodista la llamó por teléfono.
La transparencia que no se ejerce sola no es transparencia: es cumplimiento forzado. Y eso, en una exvocera del gobierno que hizo de la probidad uno de sus estandartes de comunicación, tiene un costo político que ningún comunicado del hospital puede cubrir.
Fuentes: El Líbero, Ex-Ante, El Mostrador, Biobío Chile, La Discusión, VLN Radio, Ley 20.880 (BCN)
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