Corthorn Health, el laboratorio del test a Rodríguez | CDCF

Corthorn Health es el laboratorio toxicológico que quedó en el centro de la polémica tras la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, del gobierno de José Antonio Kast. La empresa, controlada por la familia Corthorn Bravo, confirmó dos resultados positivos en el examen de pelo del extimonel, aunque un contraexamen realizado por la Universidad Católica, con muestras procesadas en un laboratorio de Estados Unidos, arrojó un resultado negativo. El giro puso en jaque la credibilidad del recinto y abrió preguntas sobre quiénes están detrás de la compañía que aplicó el test de drogas a las autoridades del actual gobierno.

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Qué es Corthorn Health y por qué se adjudicó el contrato

El laboratorio, ubicado en la comuna de Huechuraba, existe desde 1996 y se presenta en su página web como un referente en análisis toxicológicos en Chile, con especialidad en toxicología laboral tanto para el sector público como privado. La compañía se adjudicó en mayo de 2026 una licitación con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) por cerca de $30 millones, cuyo objetivo era la aplicación y el procesamiento de exámenes de pelo destinados a detectar consumo de drogas o sustancias sicotrópicas ilegales entre las máximas autoridades del país.

No es el único vínculo del laboratorio con el Estado. Desde 2021, Corthorn Health ha sumado contratos con instituciones como Gendarmería, la Policía de Investigaciones (PDI), la Municipalidad de Colina y la Armada. A fines de mayo de 2026, además, se adjudicó una licitación con la Defensoría Regional Metropolitana Norte por $70 millones.

Quiénes están detrás del laboratorio Corthorn Health

Desde 2018, la gerenta general de Corthorn Health es Francisca Corthorn, química farmacéutica de la Universidad Andrés Bello con un diplomado en Mindfulness de la Universidad Adolfo Ibáñez. La empresa tiene un marcado carácter familiar: junto a Francisca participan sus padres, Raúl Corthorn y Patricia Bravo, y sus dos hermanos, Frederick y Emiliana.

• Emiliana Corthorn, ingeniera comercial de la Universidad Diego Portales con un MBA de la Universidad Católica, es la directora de estrategia del laboratorio.
• Frederick Corthorn, ingeniero comercial de la UAI con un diplomado en Restauración y Rehabilitación Ambiental de la Universidad de Chile, también forma parte de la plana directiva.

Desde septiembre de 2018, el 95,4% de la propiedad del laboratorio está en manos del vehículo de inversiones familiar Inversiones RAP S.A., mientras que el 4,6% restante pertenece directamente a Francisca Corthorn. Según un registro del Diario Oficial, Raúl Corthorn y Patricia Bravo poseen, cada uno por separado, el 30% de Inversiones RAP S.A., mientras que el resto se reparte en partes iguales entre los tres hermanos. En septiembre de 2018, el capital de la sociedad familiar ascendía a $723 millones.

Este entramado societario, propio de los negocios familiares que operan como proveedores del Estado, guarda similitudes con otros casos que ha revisado este medio, como los contratos estatales vinculados a círculos cercanos al poder.

El jefe de laboratorio y su paso por Cruz Verde

Desde marzo de 2026, el jefe de laboratorio en Corthorn Health es Javier Palominos, encargado de la gestión técnica y operativa del recinto. El químico farmacéutico de la Universidad Católica se desempeñó entre julio de 2022 y marzo de 2026 como jefe de local de una farmacia Cruz Verde, antes de asumir en la compañía toxicológica.

Las deficiencias detectadas por la Seremi de Salud

La controversia por los resultados del examen a Juan Pablo Rodríguez no es el primer cuestionamiento que enfrenta el laboratorio. Una inspección de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana realizada en 2022 detectó graves deficiencias en el recinto, entre ellas problemas en el control de calidad, la supervisión profesional, la infraestructura de descontaminación y el manejo de la sala de toxicología.

Una de las observaciones más graves del acta apuntó a la infraestructura: el organismo fiscalizador constató que el laboratorio no contaba con un recinto de lavado y descontaminación separado del área de recepción y procesamiento de muestras, tal como exige la normativa sanitaria. La zona de manejo de muestras biológicas —precisamente donde se realizan los exámenes de drogas— presentaba condiciones irregulares, y el documento también señaló que el establecimiento no contaba con un sistema de eliminación de residuos acorde a la normativa vigente.

Estas deficiencias, sumadas a la discrepancia entre los resultados de Corthorn Health y el contraexamen de la UC, han reabierto el debate sobre los estándares de fiscalización aplicados a los proveedores privados que prestan servicios al Estado y sobre la solidez de los procesos de control interno en organismos como los que han sido objeto de auditorías recientes.

Qué viene ahora

El caso de Corthorn Health se suma a la tensión que ha marcado el plan de seguridad del gobierno de Kast en sus primeros meses, ahora extendido a un flanco inesperado: la confiabilidad de los laboratorios que el propio Estado contrata para fiscalizar a sus autoridades. Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir, la controversia mantiene bajo la lupa tanto al laboratorio como al proceso de licitación que le permitió obtener el contrato con SENDA.

Quiénes están detrás del laboratorio que realizó test de droga a exsubsecretario de Hacienda