Las irregularidades Plan Habitacional Boric quedaron al descubierto en el Informe Final N° 421 de 2025 de la Contraloría General de la República, publicado en abril de 2026, es un documento de 139 páginas que debería incomodar a más de uno en el Frente Amplio. La auditoría, que examinó las compras de terrenos realizadas por el Ministerio de Vivienda entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, detectó que bajo la gestión del exministro Carlos Montes se compraron 252 hectáreas en regiones donde el propio plan establecía que no era necesario, se pagaron sobreprecios y se llevaron a cabo millonarias compras sin cumplir los procedimientos plenamente. El Dínamo
El organismo calificó la situación como «contraria a los principios de eficiencia, eficacia y control» que exige la ley a toda la administración del Estado. El Dínamo
El reglamento que nunca llegó
El pecado original del plan fue operar cuatro años sin el marco normativo que la propia ley exigía. La Ley N°21.450, promulgada en mayo de 2022, estableció que el Minvu debía dictar un reglamento con los criterios mínimos para la adquisición de terrenos en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley. No obstante, a la fecha de la auditoría, esto no había sido aprobado. T13
Sin ese reglamento, no había rangos de precios formalmente aprobados, ni criterios de localización, ni condiciones técnicas mínimas. El resultado fue previsible: el Ministerio de Vivienda compró terrenos entre 2022 y 2024 sin seguir adecuadamente los procedimientos requeridos, llegando incluso a pagar montos que duplicaban o triplicaban el valor de referencia establecido. Clickandgo
En marzo de 2026, la Contraloría rechazó un intento del Minvu de aprobar un decreto que aún presentaba deficiencias, demostrando que el problema no era coyuntural sino estructural.
Compras donde no se necesitaba, faltante donde sí urgía
Uno de los hallazgos más llamativos es la descoordinación territorial del plan. En Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota se compraron 252,49 hectáreas, reflejando el 41,85% del total adquirido en el país durante esos años, pese a que el propio plan no contemplaba adquisiciones en esas zonas. Elzorronortino
Al mismo tiempo, en las regiones de Antofagasta, O’Higgins, Maule, Biobío y Metropolitana no se había alcanzado la superficie de suelo prevista en el plan. Es decir: se compró donde sobraba y faltó donde más se necesitaba. T13
El argumento del Minvu de que las compras en regiones no prioritarias constituían una «reserva estratégica» fue rechazado por la Contraloría, que enfatizó que el plan debía enfocarse en las familias más vulnerables en el corto plazo.
El problema del tasador que también compra
En varios casos, el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era el que posteriormente los compraba, sin un control externo independiente, lo que —según el informe— aumenta el riesgo de errores en la fijación de precios. Publimetro
A eso se suma que algunos terrenos adquiridos no estaban debidamente registrados, lo que compromete la trazabilidad de las operaciones y dificulta el control financiero. Tampoco existían en todos los casos los respaldos técnicos básicos: la Contraloría detectó la ausencia de estudios técnicos esenciales en algunos casos, como informes geotécnicos. BioBioChile
El remate: una parte importante de los terrenos adquiridos aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, pese a haber sido comprados hace más de tres años, lo que contradice el carácter de «emergencia» del plan. Publimetro
La defensa de Montes y el debate político
El 5 de mayo de 2026, el exministro Carlos Montes defendió en la Comisión de Vivienda del Senado el funcionamiento de su cartera, descartando sobreprecio en la adquisición de terrenos durante el período. Su argumento central fue que las observaciones de Contraloría corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestionamientos de probidad, fraude o perjuicio fiscal, y que «la Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal.» La Tercera
El exgobierno también señaló que «el concepto de ‘sobreprecio’, utilizado» en los medios «no aparece en el informe» y que «los valores de adquisición observados fueron respaldados por tasaciones comerciales, incluyendo informes de entidades externas.» Emol.com
Por el lado de la oposición, los diputados UDI Mario Olavarría y Omar Sabat anunciaron que solicitarían la creación de una comisión investigadora, asegurando que el informe «no hace más que confirmar el manejo totalmente irresponsable que tuvo el gobierno anterior en el uso de los recursos públicos.» T13
El debate escaló hasta discutirse una eventual acusación constitucional contra Montes, aunque en el Senado persiste la interrogante sobre si la exposición de la contralora entregó finalmente el argumento decisivo que sectores de la derecha buscaban para avanzar contra Montes, o si las irregularidades detectadas terminarán traduciéndose únicamente en sumarios administrativos y recomendaciones de mejora. BioBioChile
Lo que queda pendiente
La Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo y ordenó al Minvu adoptar medidas correctivas en plazos acotados. La presión recae ahora sobre el gobierno de José Antonio Kast para ordenar el plan, dictar el reglamento que debió existir desde 2022, establecer controles de precios en las tasaciones y, sobre todo, determinar qué pasará con los cientos de hectáreas compradas sin proyectos habitacionales asociados.
El déficit habitacional en Chile es real y urgente. Precisamente por eso, administrarlo con una planilla Excel —según reveló la propia contralora Dorothy Pérez en su exposición ante el Senado— y sin el marco normativo básico no es solo una falla procedimental: es una negligencia con los más vulnerables. La Tercera
Fuentes: Informe Final N° 421-2025, Contraloría General de la República · El Dínamo · T13 · BioBioChile · Publimetro · La Tercera · Emol · The Clinic · Senado de la República de Chile
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