Ley antibarricadas 2.0: endurecimiento de penas y nuevos delitos

El Senado se prepara para recibir la «Ley Antibarricadas 2.0», proyecto que amplía los delitos por alteración del tránsito y que fue despachado por la Cámara de Diputados con 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa busca modernizar y rigidizar el marco sancionatorio de la Ley 21.208, vigente desde 2020, redefiniendo las conductas punibles asociadas al bloqueo de la vía pública.

Ley antibarricadas 2.0: endurecimiento de conductas y presunción de violencia

Entre las principales modificaciones penales, la reforma introduce un endurecimiento de conductas: la sanción penal ya no se restringirá únicamente a la interrupción total de las vías, sino que se extenderá a la obstaculización parcial de la circulación, tanto para el tránsito peatonal como para el de vehículos particulares, de carga o de transporte de pasajeros. Uno de los cambios doctrinarios más severos radica en que dejará de ser requisito obligatorio acreditar violencia o intimidación para que se configure el delito. Además, se considerarán infracciones penales acciones como instalar obstáculos físicos, ocupar vías sin autorización administrativa previo, interponer vehículos o manipular elementos que alteren el servicio del transporte público y privado.

Durante el debate en sala se introdujeron indicaciones de resguardo y se manifestaron profundas divergencias normativas. A través de una indicación promovida por el diputado Raúl Leiva (PS) aprobada en el pleno, se incorporó un nuevo inciso al artículo 268 del Código Penal. Este estipula expresamente que las sanciones no serán aplicables si las personas se encuentran ejerciendo sus derechos constitucionales de reunión, huelga o manifestación pacífica.

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Pese a la incorporación de la salvaguarda, bancadas de parlamentarios del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) formalizaron una reserva de constitucionalidad, dejando constancia de sus reparos respecto del impacto que la norma podría generar en el ejercicio de las libertades públicas. El proyecto continuará su tramitación legislativa en las comisiones técnicas del Senado para su revisión en segundo trámite.

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