Un tribunal de la república de Chile autorizó a un condenado por homicidio a ir al bautizo de su hijo en Copiapó y se fugó

La fuga de condenado por homicidio en Copiapó volvió a poner en el centro del debate la forma en que los tribunales autorizan salidas de reos peligrosos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó este viernes al Juzgado de Garantía de Copiapó luego de que un joven condenado a diez años de internación en régimen cerrado por homicidio calificado se diera a la fuga mientras participaba en actividades preparatorias para el bautizo de su hijo, para las cuales había sido autorizado a salir sin custodia de Gendarmería.

El condenado es un ciudadano colombiano de 21 años, sentenciado cuando aún era menor de edad por el delito de homicidio calificado. Cumplía su pena en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó, ubicado en el sector de Paipote, cuando se produjo su fuga durante la jornada del jueves 3 de septiembre.

LEER TAMBIÉN: Menores juzgados como adultos en Chile: el debate que divide al Congreso

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el organismo había solicitado expresamente que las salidas autorizadas por el tribunal, en el marco del artículo 130 del Reglamento de la Ley N°20.084, se realizaran con custodia de Gendarmería de Chile. Sin embargo, la defensa del adolescente presentó posteriormente una cautela de garantías y el Juzgado de Garantía accedió a modificar esa condición, disponiendo que el joven fuera acompañado únicamente por profesionales del centro, sin custodia policial ni elementos de sujeción como esposas o grilletes.

Fue en ese contexto que el condenado logró eludir la supervisión de sus acompañantes y escapar. La Fiscalía Regional de Atacama precisó que el permiso de salida fue concedido a petición de la defensa y sin que se realizara una audiencia previa en la que pudiera intervenir el Ministerio Público, lo que impidió que la fiscalía presentara sus objeciones antes de que se autorizara la salida sin resguardo.

Arrau apunta al tribunal por la fuga de condenado por homicidio en Copiapó

A través de su cuenta en la red social X, el ministro Martín Arrau fue enfático al describir la secuencia de decisiones judiciales que, a su juicio, permitieron el escape. «La dirección del centro dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería. Sin embargo, el Tribunal accedió a lo solicitado por la defensa del condenado, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción», señaló el titular de la cartera de Seguridad.

El ministro agregó que, «acompañado únicamente por profesionales del centro, el condenado eludió la supervisión y se fugó», y cerró su declaración con una advertencia directa a los tribunales: «ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia».

LEER TAMBIÉN: El balance de seguridad 2026 de Martín Arrau

El episodio se suma a una serie de tensiones que el ministro Arrau ha sostenido con el Poder Judicial en los últimos meses, en medio de la tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno. Para el Ejecutivo, casos como el de Copiapó refuerzan la necesidad de endurecer los criterios con que los tribunales evalúan beneficios y permisos a condenados por delitos graves, un eje central de la agenda ACOT y del Plan Cancerbero.

LEER TAMBIÉN: Arrau cede en puntos clave de la reforma de seguridad frente a críticos

Tras conocerse la fuga, el Ministerio Público solicitó la orden de detención correspondiente e instruyó su búsqueda tanto a la Policía de Investigaciones (PDI) como a Carabineros de Chile, con diligencias desplegadas dentro y fuera de la Región de Atacama. Según informó la Fiscalía, de forma paralela se adoptaron medidas para resguardar la seguridad de las víctimas y testigos vinculados a la causa por la cual el joven fue condenado.

Por su parte, Gendarmería aclaró que no tuvo participación en el procedimiento de salida, debido a que la resolución judicial había establecido expresamente que su custodia no correspondía en esta ocasión. El Poder Judicial, en tanto, informó que se solicitó un informe al juez que autorizó la salida para conocer los antecedentes de la causa y los fundamentos de la resolución, mientras que la Defensoría Penal Pública sostuvo que actuó dentro de sus atribuciones legales para favorecer la vinculación familiar del adolescente con su hijo.

LEER TAMBIÉN: Cómo funciona el Poder Judicial en Chile

El caso reabre una discusión que se ha repetido en distintas regiones del país: la brecha entre las medidas de resguardo que dispone la autoridad penitenciaria y las modificaciones que, a petición de las defensas, terminan autorizando los tribunales. Para el Gobierno, la fuga de Copiapó es un nuevo argumento a favor de acotar el margen de decisión judicial en casos de alta connotación pública, en línea con lo que ha planteado el ministro Arrau durante la tramitación de la megarreforma de seguridad en el Congreso.

Medios como La Tercera y Atacama Noticias han recopilado las versiones de Fiscalía, Reinserción Social Juvenil, Defensoría y Poder Judicial, que hasta el cierre de esta nota mantenían posturas contrapuestas sobre las responsabilidades del caso. Mientras tanto, el joven continúa prófugo y la investigación busca determinar si existió participación de terceros en su fuga.