Frank Sauerbaum cuestiona acceso gratuito a Fonasa de migrantes que entraron ilegal: «En países vecinos no es así»

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, volvió a encender el debate migratorio al cuestionar el acceso gratuito a Fonasa de extranjeros que ingresaron de forma irregular al país. «En los países vecinos no es así», sentenció la autoridad, quien aseguró que cerca de 500 mil personas utilizarían el sistema público de salud sin aportar cotizaciones, en un momento en que consultorios y hospitales arrastran listas de espera y falta de medicamentos.

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista con BioBioChile, días después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast concretara un nuevo vuelo de expulsión con 75 extranjeros rumbo a Perú, Colombia y República Dominicana. En ella, el exdiputado de Renovación Nacional defendió los avances de la administración, pero también reconoció las dificultades: falta de recursos, leyes que recién avanzan en el Congreso y países que se niegan a recibir a sus propios ciudadanos.

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Sauerbaum y el acceso gratuito a Fonasa: «No colaboran al servicio»

El eje de la entrevista estuvo en los beneficios sociales. Según Sauerbaum, Chile no tendría por qué aceptar que miles de personas usen servicios básicos y sociales de manera gratuita sin colaborar con el sistema. «Tenemos casi 500 mil personas usando el servicio de Fonasa gratuitamente, que no colaboran al servicio», afirmó, vinculando esa cifra con la presión que hoy soporta la red pública.

De acuerdo con lo informado por 24 Horas, el director describió un sistema de salud prácticamente «reventado», con falta de atención en consultorios, listas de espera y escasez de fármacos, problemas que atribuyó en parte a la migración irregular. Cabe precisar que el director no detalló la fuente de la cifra, ni ésta permite concluir que la totalidad de esas 500 mil personas sean extranjeros en situación irregular, ya que el tramo A de Fonasa también incluye a chilenos sin ingresos suficientes para cotizar.

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El caso del mochilero chileno atropellado en Colombia

Consultado sobre si el derecho a la salud debería estar por sobre la situación migratoria de una persona, Sauerbaum respondió que el acceso a estas prestaciones varía entre los países de la región. «En Chile es así, pero en los países vecinos no es así», dijo, y relató un caso que, según él, le fue contado por el cónsul chileno en Bogotá: un mochilero chileno habría sido atropellado en Colombia y, al acudir a un consultorio, le habrían negado la atención por encontrarse en situación irregular.

A partir de ese ejemplo, el director planteó la necesidad de exigir reciprocidad. «Si nosotros les entregamos salud gratis y educación gratis hasta a los ilegales que tenemos en Chile, los países debieran comportarse de manera igual», sostuvo, aunque admitió que se trata de un tema «muy complejo» que debería concordarse con el resto de las naciones de la región.

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¿Qué dice hoy la ley sobre salud para migrantes irregulares?

Las declaraciones de Sauerbaum, por sí solas, no modifican las reglas de acceso al sistema público. La Ley 21.325 de Migración y Extranjería reconoce a las personas extranjeras el derecho a acceder a la salud en igualdad de condiciones que los nacionales, con garantías especiales para atenciones de urgencia, embarazadas y menores de edad, independiente de su situación migratoria.

Según los criterios de la Superintendencia de Salud, los extranjeros que aún no regularizan su situación pueden atenderse en la red pública bajo ciertas condiciones, especialmente cuando acreditan carecer de recursos, lo que no equivale a una atención gratuita automática. En la práctica, cualquier restricción como la que sugiere el director requeriría cambios legales que deberían pasar por el Congreso, además del debate sobre los compromisos internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos.

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Expulsiones, Venezuela y salida voluntaria: el resto de la agenda

En la misma conversación, Sauerbaum reconoció que una cosa fue la promesa de campaña y otra es concretar la salida de los migrantes irregulares. El principal obstáculo, según explicó, es Venezuela: «No se pueden expulsar, porque Venezuela no los recibe». De acuerdo con sus cifras, el 80% de los expulsados en los vuelos recientes serían ciudadanos venezolanos que mantenían órdenes de expulsión pendientes.

El director también destacó que más de 11 mil extranjeros habrían abandonado voluntariamente el país desde enero de 2026 y defendió el proyecto de salida voluntaria, que permitiría a personas en situación irregular dejar Chile sin ciertas sanciones y luego solicitar su regreso por la vía legal. A ello se suma el fortalecimiento de la fiscalización a empresas que contratan trabajadores sin papeles, uno de los focos que la autoridad ha repetido desde que asumió el cargo en marzo.

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El tono de Sauerbaum contrasta con la promesa original del Mandatario de expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares, compromiso que el propio Kast terminó calificando como una «hipérbole». La brecha entre el discurso de campaña y los números reales ha sido uno de los flancos más explotados por la oposición, que además ha cuestionado la forma en que el oficialismo contabiliza las salidas frente a la gestión anterior de Luis Eduardo Thayer.

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Un debate que divide entre control migratorio y derecho a la salud

La propuesta de revisar el acceso gratuito de extranjeros irregulares a servicios públicos se inscribe en una línea más amplia del Gobierno, que ya ha planteado endurecer requisitos para beneficios sociales y hasta medidas sobre los bienes de migrantes expulsados. El respaldo ciudadano a un mayor control migratorio ha sido alto en las encuestas, lo que explica en parte la insistencia del Ejecutivo en esta agenda.

Sin embargo, especialistas en salud pública han advertido en distintas ocasiones que negar atención primaria puede terminar encareciendo el sistema, al trasladar los casos a urgencias cuando las enfermedades ya están avanzadas, además del riesgo sanitario de dejar sin control a una población numerosa. La discusión, por ahora, está en el plano de las declaraciones: el Servicio Nacional de Migraciones no ha presentado un proyecto concreto para limitar la cobertura de Fonasa.

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Lo cierto es que el planteamiento de Sauerbaum abre un nuevo frente para La Moneda, que deberá decidir si convierte la idea de reciprocidad en una política formal o si queda como una advertencia más en la ofensiva comunicacional contra la migración irregular. Mientras tanto, la frontera norte, las expulsiones y la relación con Venezuela seguirán marcando la pauta de un tema que el Gobierno de Kast puso en el centro de su gestión.

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