Reforma sobre migrantes: Kast busca reactivar iniciativa con solo 29 senadores

Un fallo del Tribunal Constitucional de 2006 podría allanar el camino para que el gobierno de José Antonio Kast reintente aprobar su reforma sobre migrantes en el Senado con un quórum reducido, evitando el obstáculo de los dos tercios que actualmente exige la Constitución para revivir iniciativas rechazadas.

Según el artículo publicado por La Tercera el fallo rol 464 de 2006, dictado a raíz de un recurso presentado por la disuelta Concertación, estableció que las reformas constitucionales de autoría presidencial pueden ser objeto de una “insistencia” sin necesidad de alcanzar el quórum de dos tercios de los senadores presentes, siempre que se cuente con el quórum constitucional vigente para modificar la Carta Fundamental. En aquel entonces, dicho quórum era de tres quintos de los senadores.

Este antecedente adquiere relevancia hoy porque, tras una reforma aprobada en 2022, el quórum constitucional para modificar la Constitución fue reducido a cuatro séptimos del Senado, equivalente a 29 senadores en ejercicio. Si la mesa del Senado valida la aplicación del fallo de 2006 al caso actual, el gobierno podría reactivar su reforma sobre migrantes —que busca ampliar el plazo de detención de extranjeros en situación irregular— con solo 29 votos, en lugar de los aproximadamente 33 que requeriría aplicar el artículo 68 de forma estricta.

Reforma sobre migrantes: el escenario político actual

Aunque el oficialismo y sus aliados suman actualmente 26 escaños en el Senado, la reducción del quórum necesario a 29 senadores hace que la meta sea más alcanzable, aunque aún requiera el apoyo de al menos tres senadores de la oposición. El gobierno evalúa esta vía luego de que su iniciativa fuera rechazada en la Cámara de Diputados, donde no logró la mayoría necesaria para avanzar en su primer trámite constitucional.

El artículo 68 de la Constitución permite al Presidente revivir una reforma rechazada en su idea de legislar, pero solo si logra un “importante respaldo” en la otra cámara, interpretado históricamente como los dos tercios de los presentes. Sin embargo, el fallo del TC de 2006 introdujo una salvedad: cuando la iniciativa proviene del Ejecutivo, el quórum para la insistencia debe ajustarse al establecido en el artículo 127, que regula las reformas constitucionales, y no al del artículo 68.

Este criterio ya fue aplicado en precedentes históricos. En 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, el Senado aprobó una insistencia para eliminar el amarre binominal usando el quórum de tres quintos (22 votos en ese entonces), y no los dos tercios de los presentes. Aunque esa iniciativa también fue rechazada, se confirmó la doctrina de que el quórum constitucional prevalece sobre el artículo 68 en casos de insistencia presidencial.

Más recientemente, en 2013, el entonces presidente del Senado, Camilo Escalona, intentó reactivar la misma reforma de Lagos, pero la mesa y la Comisión de Constitución concluyeron que debía respetarse el quórum constitucional, reforzando la continuidad de este interpretación.

No obstante, la aplicación de este fallo no está exenta de debate. Algunos constitucionalistas advierten que el contexto político y jurídico de 2006 difiere significativamente del actual, lo que podría abrir la puerta a nuevos recursos ante el mismo Tribunal Constitucional si algún sector considera que se está violando la intención original de la Carta Fundamental.

Por ahora, la decisión recae en la mesa del Senado, liderada por su presidenta, Paulina Núñez (RN), y el secretario general Luis Rojas, quienes deben interpretar qué quórum aplicar al momento de votar la insistencia de la reforma sobre migrantes. Su resolución podría definir no solo el destino de esta iniciativa, sino también sentar un precedente sobre cómo se equilibran las disposiciones constitucionales en materia de tramitación legislativa.

Mientras tanto, el gobierno mantiene activa su agenda de seguridad, que incluye esta reforma como uno de sus pilares para enfrentar la percepción pública sobre el aumento de la delincuencia vinculada a la migración irregular. Aunque el camino sigue siendo incierto, el fallo de 2006 representa una herramienta jurídica inesperada que podría cambiar el cálculo político en el Congreso.

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El debate también revive discusiones históricas sobre el alcance del poder presidencial en materia constitucional. El fallo de 2006, firmado entre otros por el fallecido jurista Hernán Vodanovic —padre de la actual senadora Paulina Vodanovic— buscaba armonizar el artículo 68 (que permite la insistencia) con el artículo 127 (que fija el quórum para reformas), evitando que una disposición anulara la otra. Esa lógica de “salomonía” podría ahora beneficiar al Ejecutivo en su intento por avanzar con una agenda que ha encontrado resistencia en el Parlamento.

Si bien el oficialismo celebra la posibilidad de reducir el umbral necesario, sectores de la oposición advierten que flexibilizar los quórums podría debilitar los controles constitucionales. La discusión, por tanto, trasciende lo técnico y toca el núcleo de cómo se negocian los acuerdos en un Congreso fragmentado, donde cada voto cuenta y los precedentes jurídicos se convierten en armas de doble filo.

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Además, el contexto migratorio en Chile ha experimentado cambios significativos en los últimos años, lo que añade complejidad al debate. Según datos recientes, el ingreso de extranjeros al país ha mostrado una tendencia a la baja, lo que podría influir en la percepción pública y política sobre la urgencia de reformas como la que impulsa el gobierno. Este escenario contrasta con períodos anteriores de mayor flujo migratorio, cuando las discusiones sobre regulación y detención eran aún más intensas.

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Otro factor relevante es la postura de figuras clave del oficialismo sobre temas relacionados con la seguridad y la migración. Algunos líderes han expresado opiniones firmes sobre la necesidad de fortalecer el control fronterizo y revisar los marcos legales existentes, lo que podría generar tensiones internas dentro de la coalición gubernamental al momento de definir estrategias conjuntas. Estas divergencias subrayan la dificultad de alcanzar consensos en materias tan sensibles como la reforma constitucional migratoria.

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