La Contraloría General de la República ha ordenado regularizar el uso de viviendas fiscales y municipales en Chile, estableciendo plazos máximos y causales de término del beneficio. Esta medida busca poner fin a décadas de ocupación irregular por parte de funcionarios públicos y sus familias.
La Contraloría General impone plazos y condiciones para regularizar el uso de casas fiscales.
Uso irregular de viviendas fiscales por décadas
Durante años, las viviendas fiscales y municipales en Chile han sido ocupadas de manera indebida, convirtiéndose en enclaves de ocupación indefinida. Estas casas, destinadas originalmente a funcionarios por razones operativas, han sido controladas por décadas por los mismos funcionarios o sus familias, incluso después de cambios de destino o jubilaciones.
Radio Bío Bío ha reportado casos de viviendas fiscales que han sido utilizadas como residencias privadas permanentes, restringiendo su acceso a círculos internos de funcionarios públicos. Esta situación ha sido tolerada por las autoridades, generando un uso ilimitado en el tiempo que impide a otros funcionarios acceder a este beneficio.
La Contraloría ha detectado graves alteraciones en las condiciones de uso y mantención de estas viviendas, lo que ha llevado a la necesidad de ordenar la situación mediante un nuevo dictamen.
Dictamen de la Contraloría: Nuevas regulaciones
El dictamen D263 de 2026, firmado por la contralora general Dorothy Pérez, establece que los servicios públicos deben emitir o actualizar protocolos internos para regular el uso de viviendas fiscales. El objetivo es fijar plazos máximos de uso y condiciones de mantención, así como poner término al beneficio cuando sea necesario.
La Contraloría ha determinado que la ley no establece causales rígidas para el término del beneficio, permitiendo a las autoridades fijar límites temporales. Esto implica que las viviendas fiscales no pueden seguir siendo administradas como patrimonios hereditarios de facto.
Los servicios públicos tienen 60 días hábiles para regularizar sus reglamentos internos, lo que incluye requisitos de postulación, mecanismos de control y plazos máximos de utilización.
Impacto y consecuencias de la medida
La decisión de la Contraloría llega en un momento en que el Ministerio de Bienes Nacionales audita propiedades fiscales en manos de terceros. Esta medida busca evitar la usucapión, un mecanismo legal que permite adquirir dominio por posesión continua.
La venta de propiedades fiscales también se contempla como una solución paralela, especialmente en zonas con grandes extensiones de suelo fiscal. Esto podría generar ingresos significativos para el Estado, según el Ministerio de Hacienda.
La regularización de viviendas fiscales busca garantizar que estos bienes de naturaleza pública estén disponibles para quienes realmente los necesitan, evitando su uso indefinido por parte de un reducido número de beneficiarios.
Perspectivas
La medida de la Contraloría General de la República representa un paso significativo hacia la regularización del uso de viviendas fiscales en Chile. Al establecer límites claros y condiciones de uso, se busca asegurar que estos recursos estén disponibles para los funcionarios que realmente los necesitan. Además, la venta de propiedades fiscales podría contribuir a las arcas del Estado, ofreciendo una solución a largo plazo para la gestión de bienes públicos.
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