
El Gobierno ya entregó sus argumentos para eliminar Yo Elijo Mi PC, el programa de la Junaeb que desde 2009 reparte notebooks a estudiantes de séptimo básico. Según el Ejecutivo, la iniciativa no tendría impacto en los aprendizajes, arrastraría una lógica obsoleta y habría acumulado hallazgos de ineficiencia que, a juicio de sus críticos, la convierten en un verdadero botadero de plata fiscal. El proyecto de Presupuesto 2027 no le asigna recursos, aunque la última palabra la tiene el Congreso.
La decisión, parte de los recortes en educación del Ejecutivo, generó un rechazo transversal que va desde la UDI hasta el Partido Comunista. Sin embargo, detrás del ruido político hay tres argumentos concretos que el oficialismo ha repetido en distintas vocerías y que conviene revisar uno por uno.
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Qué es el programa y cuánto le cuesta al Estado
«Yo Elijo Mi PC» nació durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, inicialmente dirigido a unos 30 mil escolares de colegios particulares subvencionados seleccionados por vulnerabilidad y rendimiento. Con los años se fusionó en las actuales Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Becas TIC). De acuerdo con BioBioChile, en 2026 el programa contó con cerca de $35 mil millones y benefició a más de 96 mil escolares.
Haciendo la división simple, el Estado habría desembolsado alrededor de $362 mil por cada estudiante beneficiado este año. Una cifra relevante en un contexto donde Hacienda busca un ajuste fiscal de gran envergadura y donde cada peso debe justificar su resultado.
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Por qué eliminar Yo Elijo Mi PC: no tendría impacto en los aprendizajes
El primer argumento es el más contundente. La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que la información disponible apunta a que el programa no estaría teniendo el impacto esperado en los aprendizajes, según recogió El Periodista. Esa postura se apoya en la evaluación de impacto que la Dirección de Presupuestos publicó en 2022, la cual no habría encontrado efectos estadísticamente significativos en notas, asistencia ni motivación de los beneficiarios.
En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que el programa fue mal evaluado y que no presentaría un efecto relevante en el aprendizaje, además de acumular problemas de implementación, como informó BioBioChile. Para una política cuyo objetivo declarado era educativo, el diagnóstico resulta difícil de rebatir.
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Un modelo obsoleto: computadores guardados en bodega
El segundo argumento apunta a que el diseño del programa habría quedado atrás. Pavez planteó que los programas que no han demostrado efectividad y cuya lógica no contribuye a los criterios modernos de la educación deben ser revisados, según La Tercera. El mismo medio consignó que el subsecretario recordó un informe de Contraloría según el cual, desde 2015 en adelante, más de 9 mil computadores no habrían sido entregados.
La palabra «obsoleto» no es solo una figura retórica. En 2024, Contraloría detectó que más de 5 mil equipos permanecían almacenados sin llegar a los estudiantes y advirtió que habían quedado obsoletos, de acuerdo con Chilevisión. Es decir, el Estado habría comprado tecnología que perdió vigencia antes de ser usada.
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¿Un botadero de plata? Los hallazgos que pesan sobre la Junaeb
El tercer argumento es financiero. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el Ejecutivo revisó la oferta programática del Estado (en línea con la auditoría que reveló riesgos fiscales millonarios) y que antes se detectaban hallazgos con problemas sin que se tomaran decisiones, según T13. A eso se suma que la propia DIPRES habría advertido limitaciones en las evaluaciones de impacto del programa, como recordó El Mostrador.
Los problemas de gestión tampoco serían nuevos. BioBioChile reportó que en 2022 Contraloría reconoció que casi 30 mil alumnos que cumplían los requisitos quedaron sin equipos por restricciones presupuestarias y el alza del dólar. Para los defensores del recorte, un programa que gasta decenas de miles de millones, deja computadores en bodega y no mueve los resultados escolares encaja en la definición de un botadero de plata. La Junaeb, además, arrastra otras polémicas recientes por el manejo de sus recursos.
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En esa línea se inscriben las denuncias del actual gobierno sobre contratos y costos en la institución, que han alimentado el argumento de que el problema no sería solo de este programa, sino de una gestión con escasos controles sobre el gasto.
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Las críticas: brecha digital y promesas de campaña
Del otro lado, las voces que piden reponer el programa son transversales. El diputado UDI Sergio Bobadilla señaló que el ajuste no puede hacerse a costa de programas educacionales exitosos, según Cooperativa. La exministra Karla Rubilar sostuvo que la última evaluación ex ante disponible, de 2020-2021, habría sido favorable y exigió transparentar cualquier evaluación técnica reciente, como publicó BioBioChile.
Evelyn Matthei, por su parte, aseguró en La Tercera que ya había advertido en campaña que un recorte de esa magnitud afectaría el gasto social. Y el diputado Luis Cuello (PC) anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la medida, de acuerdo con BioBioChile.
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Qué viene ahora para las Becas TIC
El futuro del programa se definirá en la tramitación del Presupuesto 2027. La ministra Arzola dejó abierta la discusión con el Congreso, donde parlamentarios oficialistas y opositores ya anunciaron que intentarán reponer los fondos, pese a que el ministro Quiroz había negado afectación a beneficios. El debate de fondo, sin embargo, va más allá de los notebooks: se trata de si el Estado seguirá financiando programas con evaluaciones deficientes solo por su valor simbólico, o si comenzará a exigir resultados medibles a cada peso que gasta.
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Mientras tanto, el caso se ha transformado en el símbolo más visible del ajuste fiscal del gobierno de José Antonio Kast y en una prueba de fuego para su relación con el Congreso y con su propia coalición.
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