Un grupo de diputados republicanos llegó a la Fiscalía para solicitar que se investigue a fondo la agresión que sufrieron estudiantes de la Pontificia Universidad Católica durante la marcha de la Confech del jueves 1 de octubre. La gestión de los diputados republicanos en Fiscalía busca que el Ministerio Público identifique a los responsables de los golpes, pedradas y lanzamiento de pintura contra integrantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial, quienes realizaban una contraprotesta frente a la Casa Central.
La acción se suma a la denuncia que la propia universidad presentó ante Carabineros y a la condena transversal que el episodio generó en el Gobierno y en el Congreso. Según reportó Ex-Ante, diez estudiantes fueron atendidos por el sistema de emergencias del campus y cuatro de ellos debieron ser derivados al Hospital Clínico UC Christus.
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Diputados republicanos en Fiscalía: qué buscan con la presentación
El objetivo de los parlamentarios del Partido Republicano sería que el Ministerio Público asuma un rol activo en la persecución penal y no se limite a la denuncia inicial. En la previa, la diputada Paz Charpentier (REP) y su par Germán Verdugo (PNL), integrantes de la Comisión de Educación, ya habían llamado a perseguir las responsabilidades penales de los agresores, argumentando que los hechos vulneran la libertad de expresión y la convivencia democrática en los espacios académicos, según consignó Temuco Televisión.
El vicepresidente del Partido Republicano, diputado José Carlos Meza, calificó lo ocurrido como violencia política, mientras que José Kast Adriasola emplazó a los organizadores de la movilización a condenar los hechos sin matices, de acuerdo con lo publicado por La Tercera.
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Cómo ocurrió la agresión frente a la Casa Central
De acuerdo con los registros difundidos en redes sociales, los estudiantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial se ubicaron en el frontis de la universidad, sobre la Alameda, mientras avanzaba la columna de la marcha. Un grupo de manifestantes, varios de ellos encapuchados, se habría acercado a confrontarlos y luego los habría atacado con golpes, piedras, botellas y pintura, obligándolos a refugiarse dentro del recinto. Así lo describió BioBioChile.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que también se habría usado gas pimienta contra los jóvenes y que uno de los afectados sufrió una crisis de epilepsia. Por su parte, el rector Juan Carlos de la Llera condenó el ataque, afirmó que también fueron agredidos funcionarios que intentaron proteger a los alumnos y anunció que los responsables que pertenezcan a la UC enfrentarán sanciones internas por falta grave, según The Clinic.
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La reacción del Gobierno y de la Confech
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó los ataques como absolutamente inaceptables y sostuvo que el derecho a manifestarse no autoriza a violentar a quien piensa distinto. El Ministerio de Seguridad, en tanto, estaría estudiando acciones legales por los desórdenes registrados durante la jornada, informó BioBioChile. El presidente José Antonio Kast también se refirió al episodio desde Tocopilla, insistiendo en que las diferencias políticas no pueden traducirse en violencia.
La movilización había sido convocada por la Confech, junto a la CUT y el Colegio de Profesores, para protestar contra el Presupuesto 2027 y los recortes en educación. Su vocera, Laura Mlynarz, condenó todas las situaciones de violencia ocurridas durante la jornada, mientras dirigentes de la Confech y de la FEUC acudieron al Hospital Clínico UC Christus a informarse sobre el estado de los heridos.
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Proyecto de seguridad universitaria y el antecedente de la violencia en campus
En paralelo a la ofensiva judicial, Charpentier pidió suma urgencia para un proyecto que busca reforzar la seguridad en las instituciones de educación superior y sancionar a académicos, funcionarios o estudiantes que participen como autores o cómplices de agresiones, intimidación grave o alteraciones del servicio educativo, según CNN Chile. La iniciativa se conecta con la recientemente promulgada Ley Escuelas Protegidas y con la propuesta republicana de un registro de vándalos con sanciones.
No es la primera vez en 2026 que la violencia en contextos universitarios llega a tribunales o al Ministerio Público. En abril, la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la UACh derivó en una investigación penal y en la detención de tres estudiantes. En junio, el caso de la funa a la diputada Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile también escaló al Congreso.
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Qué viene en la investigación
Con la denuncia de la UC ante Carabineros, el anuncio del Gobierno y la presentación de los parlamentarios, será el Ministerio Público el que deba determinar si existen antecedentes para formalizar a eventuales responsables. Las imágenes del ataque, ampliamente difundidas, podrían ser clave para identificar a los agresores, aunque muchos de ellos actuaron con el rostro cubierto.
Mientras avanza el proceso, el episodio reabre el debate sobre la violencia política en Chile y la convivencia entre posturas distintas dentro de las universidades, en un clima marcado por las protestas estudiantiles contra las políticas del Ejecutivo.
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